sábado, 27 de octubre de 2018

Agua, una urgencia impostergable



Artículo  seleccionado y publicado en la Agenda Latinoamericana Mundial 2019


Durante los últimos veranos, los vecinos de los sectores altos de la localidad de Olmue, apacible pueblo de la zona central de Chile, han tenido que convivir con la falta de agua potable o bien con su distribución a través de camiones aljibes. Esta realidad lejos de ser una excepción a la regla, se ha convertido en un testimonio cada vez más frecuente, sobre todo en aquellos países donde sus Estados han privilegiado la permanencia de un modelo de desarrollo sustentado principalmente en la sobre explotación de bienes naturales finitos, sin considerar los impactos que el cambio climático está dejando en los ecosistemas. El agua más allá de ser un “recurso” extraíble para los procesos productivos, es un bien estratégico e ineludible a la hora de proyectar la supervivencia en el Planeta. En la actualidad una de cada diez personas en el mundo no tiene acceso a agua potable y según proyecciones del Foro Económico Mundial se estima que para el 2030 habrá una demanda un 40% más alta que no podrá ser abastecida, unos 1.400 niños mueren a diario producto de diversas enfermedades derivadas de la falta de saneamiento y alrededor de 770 millones de personas no cuentan con agua, en su gran mayoría quienes viven en situación de pobreza, barrios marginales o sectores rurales. El agua dulce es por hoy la principal fuente de abastecimiento para satisfacer nuestras múltiples necesidades, siendo tan solo el 2,5% del total del agua disponible en el planeta, la que en gran medida está congelada en los polos y glaciares o circulando en surcos subterráneos, ríos o lagos. Desde el relato que dicta el sentido común, queda fuera de toda discusión que el acceso al agua destinada a la población esté mediatizada por su disponibilidad para los enclaves productivos del extractivismo, la mega minería, la producción energética y la agroindustria, sin embargo, lo que podemos vislumbrar es que las legislaciones de muchos países en vías de desarrollo que sacralizan las cifras macro económicas por sobre la justicia ambiental y la equidad social, han invertido sus prioridades, promoviendo marcos legales que dan amplias garantías a las grandes empresas sin considerar las urgencias del futuro como eje estratégico en la construcción de políticas públicas que HOY son impostergables. Las realidades son diversas y sin pretender ser alarmista, todas ellas en el contexto de la necesidad de resguardar el agua como bien indispensable (y por lo pronto irremplazable) tienen una carga de dramatismo, desde comunidades que se desplazan kilómetros para encontrar algún acuífero y regresar con un par de tinajas, a aquellas que deben surtirse de agua a través de camiones aljibes que no garantizan su inocuidad y potabilidad, vecinos cuya relación con el agua es a través de un vínculo clientelar donde el pago de un boleta deja en evidencia el carácter privatizador que en muchos países del mundo rige su administración o poblados que han visto violentado el derecho a la vida por aquellas empresas que disputan el uso del agua básicamente como un recurso al servicio de rentabilizar sus proyectos y quienes por otra parte distantes de la problemática, derrochan desde el surrealismo de quienes gozan de privilegios en tiempos de escases.  Cuando la ONU reconoce que el acceso al agua es un derecho humano inalienable, lo hace  dejando en claro que no puede existir conveniencia empresarial o política, ni legislaciones o normas que prioricen el mercado como filtro regulador del acceso a un bien sin el cual la vida en el planeta es inviable. En esta resolución, la ONU llama a “los Estados y Organizaciones internacionales a proveer recursos financieros, construcción de capacidades y transferencia tecnológica, a través de asistencia y cooperación internacional”, sin embargo, esta declaración puede tener diversos matices según sea la permeabilidad política de los Gobiernos, la solidez de sus instituciones y la vulnerabilidad de sus políticas públicas frente a las presiones adjuntas a los tratados de libre comercio que en su gran mayoría son el salvo conducto para aquellas transnacionales que continúan con las prácticas de usurpación intensiva. En mi país, Chile, son cerca de 417 mil las personas que sufren directamente la falta de agua, en un Estado que hace alarde de sus cifras macro económicas y de su posicionamiento en el escenario internacional como país en vías de desarrollo, pero que no obstante ello, ha decidido mantener desde sus elites gobernantes un modelo de gestión y administración de las aguas que privilegia el mercado y la propiedad privada sobre un elemento vital e indispensable para la subsistencia.



Joel González Vega
Músico de Al Otro Pueblo
Activista Socio ambiental
Vocero Movimiento Libres de Alta Tensión





martes, 16 de octubre de 2018

Quintero-Puchuncaví, el sacrificio de respirar


No sorprende el constatar como a lo largo de la historia los territorios cambian su fisonomía. Los asentamientos humanos y sus actividades productivas van dejando una huella que en la mayoría de los casos no cautela cuales son sus diversos impactos en los ecosistemas, en el clima y en la biodiversidad. En Chile hoy existen comunidades que no decidieron convivir junto a un cordón industrial, ni a empresas que contaminan, no les consultaron como soñaban el futuro, ni mucho menos se les informó respecto a los inminentes daños y perjuicios que el lastre dejado por el desarrollo sería una carga que tendría costos, muchas veces irreparables, a su salud y a su calidad de vida. Esto es lo que quedó en evidencia el pasado 21 de agosto, tras la masiva intoxicación producida en Quintero, localidad cuyo nombre se debe al Español Don Alonso de Quintero, personaje de una época que relata un territorio fértil, rico en flora nativa, donde incluso durante varios años tras la conquista, sus habitantes lograron surtirse de alimento gracias a las bondades naturales que propiciaron la agricultura y la pesca. En un principio fueron 30 estudiantes intoxicados con un gas de “origen desconocido” lo que alertó a la comunidad y a la autoridad que decretó la evacuación del Liceo Politécnico y los Colegios Santa Filomena y Alonso de Quintero. Finalmente la suspensión de clases en un estado de emergencia ambiental fue una de las medidas precautorias justificadas por las casi 400 personas intoxicadas, muchas de ellas menores de edad, adultos y mujeres en edad fértil. Han sido 50 años de contaminación emanada de un parque industrial que ha ido creciendo con el tiempo y que a la fecha ya cuenta con 15 grandes empresas en una bahía que incluso en su ordenamiento político alguna vez hermanó a Quintero y Puchuncaví como una solo comuna. Tras el lamentable episodio, la prensa se agolpó en las calles de la ciudad, la misma que durante décadas en escasas ocasiones había publicado algo respecto a la situación de debacle ambiental vivida en la bahía, llegaron los Ministros, los Alcaldes tomaron el micrófono, llegaron Parlamentarios y el Presidente de la República tomó vocería desde un Estado que ha fallado y que ha sido cómplice benevolente frente al atropello de las empresas que han violado los derechos humanos de una comunidad que ha sido sacrificada con el único fin de mantener este polo productivo bajo estándares que no dan cuenta de las necesidades de quienes habitan el territorio. Declaraciones apresuradas, informaciones contradictorias, desmentidos oficiales, interés por sacar provecho político, conflictos de interés, denuncias de encubrimiento y directivos de empresas cuestionadas evadiendo cualquier responsabilidad que los involucre en el hecho, sin antes hacer alarde de sus estándares de calidad en un territorio donde todo ha fallado y al parecer ha sido intencionadamente ineficiente. Lo más visceral y obscuro del ser humano queda al descubierto, de un humano que no solo contamina desde las fumarolas de sus industrias, sino también desde su insaciable ambición y egoísmo. No es de extrañar que este desfile de personalidades se haya presentado como una caricatura surrealista que no se condice con la cruda realidad y necesidad de reparación que demandan los vecinos. Lo que ha ocurrido recientemente en Quintero no es una excepción, ni mucho menos un hecho aislado, en un país donde las normativas ambientales son en extremo permisivas, donde la participación e injerencia ciudadana en la evaluación de los proyectos no pasa de ser un acto testimonial y decorativo, donde la media diaria de emanación de material particulado y dióxido de azufre sugerido por la OMS es ampliamente superado por la precaria restricción Chilena, en una bahía que ha tenido que soportar sobre sus aguas, sus tierras, en la sangre de sus habitantes, en el aire que respiran, en las vidas que están por nacer, un cóctel tóxico de arsénico, dióxido de azufre, 2-ethilexanol, derrames de carbón y diesel y recientemente metilcloroformo, isobutano y nitrobenceno, por nombrar algunos contaminantes a los que la población de Quintero y Puchuncaví han estado expuestos durante décadas, conviviendo al costado de empresas cuyos “altos estándares de seguridad” siguen siendo a la medida de la precariedad y la inoperancia de las legislaciones y normativas nacionales.  Evidentemente Ministro Santelices, la historia de esta Bahía diezmada por el cordón industrial es mucho más que taparse la nariz ante la amenaza de “olores ofensivos”, sino que es la construcción de vínculos desarraigados por el cáncer y otras patologías crónicas, de pescadores que saben que lo que extraen del mar es el germen de la contaminación de las empresas amparadas por el Estado y de madres que ven con incertidumbre el futuro de sus hijos.

Joel González
Músico, Poeta
Profesor, Activista socio ambiental.



martes, 22 de mayo de 2018

Mujeres de zona de sacrificio en Resistencia



Desde la cosmovisión de muchos pueblos originarios del planeta se asocia a la naturaleza con la figura de la “madre”. Para el pueblo Aymara la naturaleza es “Pacha Mama”, así como para los Mapuches es “Ñuke Mapu” o “Meyedobo” para los Ngoble Buge de Panamá, todos ellos haciendo mención a la “madre tierra”, un ser femenino que respira y con el cual la supervivencia de la especie depende de una relación armónica entre los ecosistemas y quienes los habitamos. En la actualidad se estima que unas nueve millones de personas han muerto en el planeta en los últimos años por causas derivadas de la contaminación ambiental, es decir, tres veces más que las muertes provocadas por el sida, la tuberculosis y la malaria juntos, así se evidencia en el resumen ejecutivo del Informe de la revista británica “The Lancet”, estudio científico que tuvo gran impacto en la comunidad médica y en la prensa internacional ya que por primera vez se explicita la necesidad de entender los conflictos medio ambientales como una prioridad de salud pública. Hoy la contaminación mata más que la guerra, el terrorismo, el hambre, los desastres naturales y el Sida, siendo en total la responsable de un 16% del total de las muertes anuales en el mundo. Considerando lo anterior es que el Departamento de Derechos Humanos del Colegio Médico de la 5ª región, organizó el ciclo “Salud y Vida” con la finalidad de convocar a diversos actores sociales involucrados en conflictos ambientales así como a representantes de las comunidades que han debido convivir con el daño (muchas veces irreparable) provocado por la contaminación. En la ocasión expusieron Hernán Ramírez asesor de “Comunidades por derecho a la vida” y María Teresa Almarza en representación de “mujeres de zona de sacrificio en resistencia”, organización creada a raíz de los problemas de salud de Puchuncaví y Quintero como consecuencia de la contaminación emanada por diversas industrias. En ausencia de una institucionalidad que garantice el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, “mujeres de zona de sacrificio” ha estado presente desde la fiscalización, la denuncia y la educación comunitaria, es así como han señalado que uno de cada cinco niños de la comuna de Puchuncaví nace con diversos problemas neurológicos o de aprendizaje, además de denunciar otros problemas sanitarios relevantes, tales como  abortos espontáneos, mal formaciones congénitas, asma, enfermedades obstructivas crónicas y cáncer al pulmón, todas estas, relacionadas al material particulado respirable presente en una zona de sacrificio donde progresivamente se han instalado una gran cantidad de industrias: Gasmar, Enap, Codelco, Aes Gener, Cemento Melón, Oxiquím, Puerto Ventanas, Endesa (por nombrar algunas). Sin lugar a dudas todas las enfermedades presentes son consecuencias de la sobre explotación de nuestro planeta como pilar fundamental del “progreso económico”, en un país cuyo modelo de desarrollo ha privilegiado la extracción intensiva e irracional de bienes naturales finitos, sin considerar los procesos de recuperación de los ecosistemas. Cuando el Ministro de energía de la Presidenta Bachelet, Andrés Rebolledo, niega la existencia de  “zonas de sacrificio” lo hace a sabiendas de que si hay algún mea culpa por parte del Gobierno, el Estado se convierte inmediatamente en cómplice del deterioro intencionado a nuestra calidad de vida. “Mujeres de zona de sacrificio” han resistido a la depredación sistemática de su territorio, donde la sinergia provocada por cuatro termoeléctricas a carbón y una fundición de cobre, deterioraron (en algunos casos de manera irreversible) la calidad de vida de los habitantes de Puchuncaví, Quintero. Los derechos humanos al parecer para el Estado de Chile tienen una excepción en estos ciudadanos que en algún momento vivieron de la pesca artesanal y la pequeña agricultura, actividades económicas que hoy son marginales testimonios de un pasado no muy lejano y que pareciera ser el bosquejo de un pueblo ficticio que solo hace sentido en algunos pocos sobrevivientes de la pre industrialización de su territorio. La contaminación abarca todos los ecosistemas de la zona de sacrificio, su tierra, las napas de agua subterráneas, el aire y el mar en una bahía usurpada por la ambición desbordada del “sacro santo progreso” que no da cuentas de los desafíos del futuro, ni de las urgencias del presente. Desde su experiencia, la organización nos relata que los últimos gobiernos, lejos de resguardar la salud de los habitantes de Puchuncaví, han patrocinado nuevos proyectos desde una institucionalidad que da plenas garantías a las empresas para que puedan seguir funcionando, promoviendo planes de descontaminación que no dan cuenta de las reales demandas ambientales, haciendo vista gorda ante el clientelismo ejercido como la estrategia más efectiva para legitimar la debacle socio ambiental, fragmentando de este modo el tejido social, instalando las promesas de prosperidad en aquellos que no dimensionan los profundos impactos del lastre de las industrias en la salud de las futuras generaciones y en el bienestar de las actuales. Mujeres de zona de sacrificio sigue en resistencia frente a un complejo industrial que se ha ido ampliando a través de nuevos proyectos y las instalaciones portuarias de Ventanas y Quintero. La presencia de alrededor de 18 industrias contaminantes han “aportado” con altas concentraciones de plomo, cobre, cadmio, arsénico y otros elementos tóxicos. El Instituto nacional de la investigación agrícola (INIA) concluyó que para recuperar lo suelos de Puchuncaví se necesitará al menos de 500 años, o bien muchos más si es que HOY no se toman las medidas adecuadas para reducir paulatinamente los niveles de contaminación. Por lo pronto, mientras los metales pesados transitan por la sangre de muchos vecinos de la bahía, la Seremi de Salud 5ª región de la Presidenta Bachelet, María Graciela Astudillo, coloca la primera piedra del nuevo Cesfam de Puchuncaví, obra que ha sido posible gracias del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, el Ministerio de salud, el Municipio y Aes Gener, empresa propietaria de las mismas termoeléctricas a carbón que hoy enferman a los potenciales usuarios del centro de salud familiar próximo a inaugurar.

Joel González
Profesor
Músico "Al Otro Pueblo",
Poeta
Activista socio ambiental





lunes, 4 de diciembre de 2017

Contaminación, un problema de salud pública

En la actualidad se estima que unas nueve millones de personas han muerto en el planeta en los últimos años por causas derivadas de la contaminación ambiental, es decir, tres veces más que las muertes provocadas por el sida, la tuberculosis y la malaria juntos, así se evidencia en el resumen ejecutivo del Informe de la revista británica “The Lancet”, estudio científico que tuvo gran impacto en la comunidad médica y en la prensa internacional ya que por primera vez se explicita la necesidad de entender los conflictos medio ambientales como una prioridad de salud pública. Considerando lo anterior es que el Departamento de Derechos Humanos del Colegio Médico de la 5ª región, organizó el ciclo “Salud y Vida” con la finalidad de convocar a diversos actores sociales involucrados en conflictos ambientales, así como a representantes de las comunidades que han debido convivir con el daño (muchas veces irreparable) provocado por la contaminación. En la ocasión fui invitado a exponer sobre los perjuicios generados por el uso de plaguicidas químicos y respecto a los proyectos energéticos que pretenden instalarse en la zona, también expusieron Hernán Ramírez asesor de Comunidades por derecho a la vida y María Teresa Almarza en representación de mujeres de zona de sacrificio. Los pescadores de la zona de Puchuncaví  y Quintero compartieron algunos de sus dramáticos testimonios como víctimas invisibilizadas de este modelo de desarrollo. Sin lugar a dudas que el cáncer, las enfermedades cardio respiratorias, los problemas neurológicos, las mal formaciones congénitas o los abortos espontáneos son solo algunas de las consecuencias de la sobre explotación de nuestro planeta como pilar fundamental del “progreso económico”. Cuando el Ministro de energía niega la existencia de  “zonas de sacrificio” lo hace a sabiendas de que si hay algún mea culpa por parte del Gobierno, el Estado se convierte inmediatamente en cómplice del deterioro intencionado a nuestra calidad de vida. Hoy la contaminación mata más que la guerra, el terrorismo, el hambre, los desastres naturales y el Sida, siendo en total la responsable de un 16% del total de las muertes anuales. Tras este encuentro quedamos con la positiva sensación de estar frente a una nueva generación de médicos que buscan involucrarse y apoyar a las comunidades, las que por lo general no son consideradas en cuanto a la reparación y a la restauración de su vida y su medio ambiente.

Joel González

Dirigente Ecologista




miércoles, 9 de agosto de 2017

CARDONES-POLPAICO, LA CICATRIZ METÁLICA DEL DESARROLLO A LA CHILENA

El día 15 de mayo del 2014, el Ministro de Energía, Máximo Pacheco Matte, presentó al país la Agenda de Energía. Este documento representa las actuales líneas de trabajo del gobierno para desarrollar en conjunto con las empresas generadoras, transportadoras y distribuidoras de energía; además de la industria minera, lo que se denominó como  Estrategia Nacional de Energía.
En este sentido el martes 24 de Junio del mismo año se llevó a cabo en el centro de eventos Casa Piedra en Santiago la Cena Anual de Energía que convocó al gobierno y al sector privado eléctrico. Durante la jornada, la Presidenta Michelle Bachelet, acompañada del Ministro Pacheco, declaró cuáles serían los énfasis en materia de producción y transmisión energética para el país durante los próximos años con el objetivo de robustecer el Sistema Interconectado del Norte Grande (SING) y el Sistema Interconectado Central (SIC) y descongestionar el sistema de trasmisión a partir del año 2017 expandiendo nuevas líneas desde la región del Bio Bio hacia el Norte Grande (Polpaico – Pan de Azúcar, Pan de Azúcar – Maitencillo, Maitencillo – Cardones, Cardones – Diego de Almagro, Ancoa – Alto Jahuel, Charrúa – Ancoa, el primer circuito Rapel – Alto Melipilla y Alto Melipilla – Lo Aguirre).
Durante su presentación, Bachelet, reafirmó su compromiso con el sector privado, indicando que “aceleraremos en un año” la aprobación y puesta  en marcha de diversos proyectos de generación y transmisión eléctrica (los que al momento de estas declaraciones aún estaban en procesos de evaluación ambiental y con evidentes conflictos y oposición ciudadana).
Por su parte, el Ministro de Energía, pidió “voluntad” al sector público para trabajar en un “esfuerzo combinado” con el sector privado.
Otro de los temas conversados fue “la necesidad de fortalecer la participación ciudadana de manera que los proyectos de inversión energética sean percibidos como una oportunidad de bienestar, progreso y movilidad social para las comunidades”, ésto según palabras de Pacheco. Desde aquel entonces, las presiones del Gobierno a través de toda su estructura institucional han buscado la aprobación de la carretera eléctrica LT 2X500 KV Cardones-Polpaico, (Isa Inter Chile) aún incluso cuando dicho proyecto estaba en fase de evaluación ambiental y la Presidenta Bachelet hacía público su respaldo. En el transcurso de su evaluación, fueron múltiples los reparos ciudadanos en rechazo al proyecto de la empresa Inter Chile, los que fueron escuchados por la Comisión de medio ambiente y recursos naturales de la Cámara de Diputados y que derivaron en una investigación cuyo informe fue enfático en denunciar los diversos vicios presentes durante el proceso de participación ciudadana y el lobby persistente del ex ministro Máximo Pacheco para disminuir la resistencia local, sobre todo en aquellos Municipios que alertaron sobre su ofensiva judicial en resistencia a la Carretera eléctrica que en comunas como Limache y Olmué (parte de la reserva de la biósfera la campana-peñuelas) se alzará como una cicatriz metálica con las torres de alta tensión más altas jamás construidas en Latinoamérica (alrededor de 70 metros de altura) con una capacidad de transmisión de 1 millón de voltios con todo el impacto a los ecosistemas, la fauna y la salud humana que dicho proyecto conlleva.
Hoy la carretera eléctrica Cardones-Polpaico, se alza como la gran amenaza para el surgimiento de nuevos proyectos energéticos que sin el consentimiento ni el parecer de las comunidades ponen en riesgo la calidad de vida de quienes han forjado historias, familias y sueños compartidos vinculados a su tierra. Cardones Polpaico es un proyecto licitado durante el gobierno de Sebastián Piñera y puesto en urgencia por el de Michelle Bachelet bajo la insistencia de Máximo Pacheco, Ministro que constantemente justificó su construcción como una vía indispensable para la conectividad energética del país y para el impulso de fuentes de energía renovables no convencionales, no obstante ello, el primer proyecto dispuesto a “colgarse” de esta red es la central termoeléctrica Los Rulos, la que evidentemente por sus características no califica como matriz energética sostenible ni renovable. En un país donde el consumo energético que demanda la población (servicio domiciliario, alumbrado público) es de un 16% y donde el resto corresponde a la gran minería y mega industria principalmente, donde el 66% de la matriz energética corresponde a termoeléctricas (Carbón, diesel, gas natural, petcoke) y un 32% a hidroeléctricas (embalses y represas), es indispensable re pensar el sentido que impulsa a las políticas públicas en materia energética, las que hoy al parecer siguen estando al arbitrio del mercado, donde en definitiva son las empresas de transmisión y generación energética las que dictan al oído del gobierno sus expectativas de negocio para dar luz verde a sus proyectos, muy a pesar de la gente común que debe asumir los pasivos ambientales de un paradigma de desarrollo insostenible e inviable con la preservación de los ecosistemas y la calidad de vida de los habitantes de este país.

Joel González Vega
Activista Campaña Libres de Alta tensión

Candidato a Diputado Distrito 6




martes, 6 de junio de 2017

Termoeléctrica Los Rulos, el hijo ilegítimo de la institucionalidad ambiental.

En febrero del 2015 el proyecto de la central termoeléctrica de ciclo combinado “Los Rulos” ingresa al sistema de evaluación ambiental, amenazando la ciudad de Limache y otras comunas cercanas que pasarían a ser parte de su área de influencia.  Limache y Olmué son comunas con una larga tradición productiva ligada a la pequeña agricultura y al turismo, además de estar emplazadas en la reserva de la Biósfera La Campana-Peñuelas, sin embargo, sin considerar la vocación de desarrollo local y el patrimonio natural en el que conviven miles de ciudadanos del valle de la campana, el Estado de Chile planea convertir a estas apacibles comunas de la provincia del Marga Marga en un nuevo polo de desarrollo energético.  En ése entonces los vecinos de Limache se encontraban organizados en resistencia a la carretera eléctrica LT 2X500Kv Cardones Polpaico, la más extensa jamás construida en el país con las torres de alta tensión más altas de Latinoamérica. En frentes paralelos ambos proyectos, uno de generación, otro de transmisión energética cuentan con el patrocinio y la benevolencia de un Estado que privilegia los intereses de las empresas, por sobre los de la comunidad y su derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. La estrategia de marqueting de la empresa Ic Power no logró posicionar su termoeléctrica entre los vecinos de Limache, esto muy a pesar de las lógicas clientelares que con el respaldo del Alcalde Daniel Morales vinculó a algunas instituciones locales con los “aportes” entregados por la titular de Los Rulos. Esto pudo ser posible gracias a un protocolo de acuerdo firmado por el Municipio de Limache y la empresa con la finalidad de mediar entre aquellas organizaciones que le “solicitaban todo tipo de aportes”. Recientemente la Contraloría decretó que este acuerdo era ilegítimo ya que no es pertinente con el rol que le corresponde al Municipio durante el proceso de participación ciudadana.  El ex Ministro Máximo Pacheco cada vez que defendía la construcción de Cardones Polpaico lo hacía argumentando que su principal objetivo sería la de servir como vía de transmisión de energía proveniente de fuentes renovables no convencionales, sin embargo, el primer proyecto con intenciones de colgarse de esta red es una termoeléctrica, que no califica ni para los supuestos fines argumentados por Pacheco, ni mucho menos para instalarse en la reserva de la biósfera.  Lejos de mitigar el descontento y la indignación, la ciudadanía se articuló, se organizó, gestionó los apoyos técnicos y presentó consistentes observaciones que objeten la posibilidad de que la termoeléctrica Los Rulos se instale en nuestro valle. Así como lo hizo la ciudadanía, también lo hicieron las reparticiones públicas y las seremías relevantes en el proceso de evaluación de la termoeléctrica, en particular salud y medio ambiente, quienes apegados al artículo 15 bis de la ley de base de medio ambiente, argumentan que “de no existir información relevante y/ o escencial” que permita garantizar LA VIDA en las comunidades afectadas el proyecto debe ser rechazado y retirado del sistema de evaluación no pudiendo ser subsanado mediante aclaraciones, rectificaciones o ampliaciones, no obstante las advertencias de ambas seremías (Salud y medio ambiente) fueron obviadas por el servicio de evaluación ambiental, ente administrativo, NO técnico, que infringiendo la norma, cuestiona las observaciones de los referentes técnicos en materia de salud y medio ambiente, sugiriendo finalmente al comité evaluador que este proyecto debe ser aprobado por cumplir con todas las normativas exigidas. Algunas de las observaciones de la seremi de salud apuntan al consumo de 310 mil litros de agua en una zona con prolongada escases hídrica, la emanación de material particulado 2,5 y 10 micras, la modelación inexacta de la dirección de los vientos y la falta de caracterización química del componente de sus emanaciones.  Finalmente el día 6 de Febrero del presente años en un acto al que se restringió el libre acceso a la comunidad, el comité evaluador vota unánimemente a favor de aprobar la termoeléctrica Los Rulos, curiosa y tristemente con el voto a favor además de las dos Seremías que en su momento rechazaron el proyecto argumentando que este no tenía opción de ser subsanado. Curiosamente fue la misma seremi de salud la que a pesar de su férrea oposición al proyecto en el momento de votar a favor  sugiere al comité evaluador aprobarlo con condiciones, las que en definitiva son exigir a la empresa un plan de compensaciones sobre 10 la emanación de 108 toneladas de material particulado y el establecimiento de cinco estaciones de monitoreo en norma, además de limitar el uso de diesel a solo 20 días al año, esto último considerando que la empresa perdió la licitación del gas y en lo inmediato no puede asegurar su suministro. Las organizaciones sociales se han articulado y fortalecido en toda la provincia, presentado reclamaciones ante el SEA y recursos que buscan invalidar la resolución de calificación ambiental que aprobó este proyecto, pero sobre todo han incrementado la movilización social en rechazo a un Estado que sostiene su modelo de desarrollo a costa de nuevas zonas de sacrificio que asumen el lastre del extractivismo voraz instalado en el país como motor de su economía.

Joel González Vega
Activista

Vocero Campaña Libres de Alta Tensión

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

sábado, 4 de febrero de 2017

Que cuidar del medio ambiente no sea parte de una deliberación, sino del sentido común.

A pesar de los avatares de la vida moderna, de los modelos importados de estereotipos sociales, del aspiracionismo tan propio de la cultura del consumo, mi comuna, Limache, el viejo y querido terruño sigue siendo algo parecido a una aldea, a pesar de la irrupción de los supermercados y las farmacias, de la desesperada intervención de las empresas inmobiliarias, del creciente y desregulado flujo vehicular, la gente mantiene a sus caseros y caseras de los negocios de barrio y emporios, en algunos lugares aún se da la yapa y es posible conversar largo y tendido con los vecinos que se encuentran a mitad de cuadra de vuelta de las compras, nuestro entorno natural sigue siendo un oasis privilegiado (que de no preservarse va en franca degradación) y aún se habla de la historia local como parte del patrimonio del cual todos somos parte. La falta de regulación urbanística, la escasa planificación de lo que significa el crecimiento demográfico de la comuna y políticos que lejos de actuar pro activamente han sido figuras más bien decorativas, han confabulado para vernos en el centro de diversos conflictos que ponen en riesgo la vida tal cual como la conocíamos. Limache vive en gran medida gracias a la actividad económica generada por el pequeño comercio y la agricultura, sin embargo, de la noche a la mañana y por decisión acordada entre la empresa privada y el Estado de Chile, el valle que habitamos podría transformarse en un polo industrial de generación y transmisión eléctrica. Los proyectos que nos amenazan son la carretera eléctrica Lt 2x500Kv Cardones Polpaico y la central termoeléctrica Los Rulos. En el caso del primer proyecto mencionado, la comisión investigadora de la Cámara de Diputados entregó un informe donde deja en evidencia las graves falencias y adulteraciones durante el proceso de participación ciudadana, todo esto mientras ejercía en el cargo de Ministro de Energía Máximo Pacheco, dicho informe contó con el respaldo casi unánime de los diputados de la cámara baja, sin embargo, el Estado de Chile junto a su tentáculo depredador, el denominado paradójicamente “Servicio de evaluación ambiental”, ha aprobado el proyecto para que la empresa titular Isa Inter Chile continúe el levantamiento de las torres de alta tensión más altas jamás construidas en Latinoamérica, pero no sin dificultades, ya que la oposición de algunos vecinos, más la resistencia judicial de municipios como Zapallar ha derivado en que la empresa no podrá cumplir con los plazos establecidos por el Gobierno para su construcción sin antes liberarse de “estos obstáculos”. Por otra parte la termoeléctrica Los Rulos ha sorteado “mágicamente” los enfáticos cuestionamientos de la Seremi de Salud y Medio Ambiente quienes pidieron el retiro del Estudio de impacto ambiental del proyecto por sus graves deficiencias que inciden directamente en la calidad de vida de los habitantes y los territorios del área de afectación de la termoeléctrica.  La empresa Ic Power, titular de Los Rulos ha realizado un trabajo de joyería, levantando información, escudriñando en las precariedades y necesidades más urgentes de la comunidad para vestirse de filántropos financistas. Así como tienen el dinero para construir su central, les ha sobrado para “apoyar” económicamente o con diversos insumos a clubes deportivos de la comuna, clubes de ancianos, talleres de oficios, Bomberos, el Liceo de Limache (cuyo sostenedor es el Municipio), patrocinar la publicación de un libro de historia local etc, etc. en la clásica estrategia de comprar voluntades para disminuir la resistencia local frente a un proyecto que cuenta con el rechazo mayoritario de los vecinos de Limache. El principal aliado de Ic Power otra vez resulta ser el “corta fuego” de los conflictos socio ambientales, el “chaleco anti balas” de las empresas Ecocidas, nada más ni nada menos que el Servicio de evaluación ambiental, organismo que ha hecho oídos sordos ante todos los cuestionamientos que ha recibido la central Los Rulos durante su proceso de evaluación, a tal punto de que en su Informe consolidado de evaluación (ICE), el SEA recomienda al consejo evaluador “aprobar la termoeléctrica”. En este país de moral desechable, pareciera que el sentido común en la clase política fue secuestrado por el poder del dinero y los intereses empresariales. Es cierto, este Lunes se dirime si finalmente la central Los Rulos puede instalarse en el valle de Limache y estoy seguro de que técnicamente no existen argumentos que avalen la pertinencia de su emplazamiento en nuestro territorio, sin embargo, la influencia de las esferas políticas, los llamados telefónicos, los almuerzos fuera de protocolo, pueden ser estrategias que ya movieron sus hilos bajo la ingenua mirada de la comunidad que aún cree en el conducto regular de los procedimientos ambientales y en el respeto al artículo 19 N° 8 de la Constitución que garantiza el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. La última cumbre sobre cambio climático realizada en París fue enfática en decretar que los combustibles fósiles y sus derivados son la principal fuente de emanación de gases de efecto invernadero y sugiere a los Estados del mundo a reconvertir su matriz energética en un protocolo de acuerdo firmado por varios países, entre ellos Chile (que aún no lo ratifica), no obstante ello, este Lunes 6 de Febrero en un acto surrealista o digno de la ceguera más profunda, una comisión de auto denominados expertos tendrá la "difícil misión" de pensar y votar sobre la pertinencia de cuidar de nuestro medio ambiente o bien sobre el aporte a la productividad y al modelo de desarrollo de la instalación de una central termoeléctrica a gas y petróleo. Definitivamente este país de la mano de quienes hoy dirigen sus brazos políticos no está preparado para los reales desafíos del mundo del futuro, un futuro cuya debacle ambiental parece estar más cerca que nunca. La única certeza que tenemos es que no hemos bajado los brazos y que ya son cientos los que están dispuestos a luchar por la defensa de su territorio sea cual sea el resultado de la votación de este Lunes.

Joel González V

Padre, músico, poeta, docente, activista socioambiental.