viernes, 12 de abril de 2019

Cardones Polpaico y el blindaje del Estado a la depredación.


Ayer 11 de abril de 2019, presenciamos un nuevo capítulo de esta novela escrita por los secuaces del poder, al más puro estilo de “1984” de Orwell, o de “rebelión en la granja” y su casta de guardianes que vigilan los intereses de los cerdos. Sorpresivamente en el silencio de la madrugada, fuerzas especiales hacen ingreso a la comunidad de la dormida con la determinación de bajar a los activistas de lo alto de la torre 826 tras 10 días movilizados y de disolver el campamento que les acompañaba para atender sus urgencias . El intendente Jorge Martínez comunica públicamente la denuncia interpuesta contra todos quienes resulten responsables como autores, cómplices o encubridores de la ocupación no autorizada de la torre del proyecto Cardones Polpaico. En este mismo comunicado, el intendente lejos de ceñirse a justificar legalmente su denuncia, argumenta desde la necesidad de cautelar la finalización de este proyecto haciendo suyas las palabras del slogan publicitario de la empresa Isa Inter Chile y del Estado como primer mandante del proyecto, declarando respecto a la carretera eléctrica “que tiene un 99% de avance y cuyo objetivo es traer a la zona central energías renovables del norte del país, reduciendo los costos en energía en el mediano y largo plazo e igualmente importante, reduciendo el uso de energías más contaminantes. Es frente a estas circunstancias y ante la convicción de que se trata de un proyecto beneficioso para todo el país y que cumple con todas las exigencias, que el intendente regional ha invocado el artículo 272 del código penal…” Transcrito lo anterior no puedo dejar de señalar que el Intendente al parecer no sabe que el primer proyecto en carpeta dispuesto a colgarse de la red de Cardones Polpaico es la termoeléctrica Los Rulos (que no califica bajo los criterios de sustentabilidad), omite además que los servicios sectoriales regionales bajo su responsabilidad han obviado su rol fiscalizador tras las evidentes faltas e irregularidades cometidas durante su construcción, (a pesar de las innumerables denuncias al respecto), algunas de las cuales han tenido resultado de muerte de los propios trabajadores de la empresa a cargo de las obras. Al señor Martínez al parecer le importa replicar las expectativas macro económicas y la especulación impuesta por las empresas energéticas, por sobre el resguardo de un territorio prioritario de conservación como es la reserva mundial de la biósfera la campana-peñuelas, sus ecosistemas, su biodiversidad, las formas de vida en armonía con el entorno, las pequeñas economías, las tradiciones locales y  las especies endémicas en riesgo de extinción que han sido taladas y desforestadas por parte de la empresa Edemsa, sin dejar de considerar, la seguridad de los propios trabajadores que han visto vulnerados sistemáticamente sus derechos y la integridad de vecinos próximos al levantamiento de obras. El intendente ofrece en su declaración pública publicidad gratuita a un proyecto cuya probidad está severamente cuestionada tras el informe de la comisión investigadora de la cámara de diputados que fue lapidario en evidenciar el fraude durante su proceso de participación ciudadana, es decir, está dispuesto a poner en riesgo su imagen pública al dar convencido respaldo a una empresa que ha avanzado en sus obras transgrediendo un sinfín de regulaciones y que incluso ha costado la vida de 7 personas. Si de algo tengo absoluta certeza es que la autoridad política continúa siendo el servil guardián de los intereses privados, esos donde los mismos de su especie tienen parte…como no mencionar al nuevo director de Isa, el Señor Herman Chadwick Piñera y su ilustre parentela. La resistencia en la dormida es un vértice icónico de la lucha que durante 5 años las comunidades han alzado para resistir a la devastación de los territorios. Por lo pronto la comunidad de la dormida seguirá atenta a que el Servicio de evaluación ambiental responda a su solicitud de invalidar la RCA del proyecto, tal como lo avala el fallo del tribunal ambiental de Santiago. Mientras la dignidad mantenga una reserva en la moral de sus habitantes, no existirán vencidos, solo voluntades dispuestas a seguir defendiendo la vida y la tierra.



Joel González Vega

Activista socio ambiental
Docente, poeta
Músico de Al Otro Pueblo.






sábado, 23 de marzo de 2019

Bachelet y Piñera, los cómplices de Monsanto en Chile

La ex Presidenta de Chile Michelle Bachelet fue protagonista gravitante en el desarrollo de una posible apertura masiva a los cultivos transgénicos en nuestro territorio. Fue su gobierno el que patrocinó el proyecto ley de obtentores vegetales que busca dar cumplimiento al Convenio UPOV 91 y así favorecer a las empresas transnacionales y semilleras que a través del registro de propiedad intelectual pretenden extender el monopolio sobre la actividad agroalimentaria y las diversas prácticas relacionadas con la reproducción y libre uso de las variedades de semillas. Como muchos convenios internacionales, UPOV 91 se basa en criterios exclusivamente economicistas y paradójicamente a pesar de ser un convenio de carácter inter gubernamental su único propósito es velar por los intereses de las corporaciones privadas. Si bien el proyecto de ley de obtentores vegetales no lo establece tácitamente, dentro de sus derivadas y de acuerdo a las definiciones que los técnicos pro transgenia han usado para extender los cultivos GM en el mundo, las semillas transgénicas pueden ser una de las tantas variedades que al ser consideradas distintas, estables y homogéneas, se introduzcan en la producción local resguardadas por el registro de propiedad intelectual.
Durante el gobierno de Bachelet los entonces senadores Fernando Flores, Eduardo Frei, Alberto Espina, Andrés Allamand y Juan Antonio Coloma presentan el denominado proyecto de Bioseguridad de vegetales genéticamente modificados que pretende liberar la producción de cultivos transgénicos para ser comercializados en el mercado local, actualmente Chile produce semillas transgénicas solo destinadas a la exportación. Este hito es una muestra más de dos ejes permanentes del funcionamiento parlamentario al momento de legislar, la desinformación respecto a las implicancias inmediatadas y a largo plazo de los proyectos propuestos y el fuerte lobby de los intereses corporativos por sobre los de la ciudadanía.


EL APORTE DE PIÑERA: 


El Gobierno de Sebastián Piñera a través del Ministerio de Agricultura presentó en Marzo del año 2011 una serie de indicaciones al proyecto de bioseguridad de Vegetales Genéticamente Modificados que lo único que pretenden es profundizar la extensión de los cultivos transgénicos en nuestros suelos, en claro beneficio de los intereses particulares de las empresas semilleras y transnacionales ligadas a la agroindustria. Algunas de estas cuestionadas indicaciones son:
1) El proyecto elimina el requerimiento de estudio de impacto ambiental para los transgénicos de uso agrícola y forestal requerido por la Ley de Medio Ambiente (Art 10 r, Ley 19.300).
2) El proyecto da aprobación automática a los cultivos transgénicos denominados para "uso controlado", con fines de investigación o multiplicación de semillas. Las empresas sólo deben dar aviso al SAG con 5 días de anticipación. No requieren evaluación de riesgo, estudio de impacto ambiental o información a la ciudadanía. Sólo deben cumplir desconocidas medidas de bioseguridad que aplique el SAG. Muchos de estos cultivos serán pruebas de campo de nuevos eventos peligrosos, como los farmacultivos rechazados en otros países, cuyos impactos no han sido suficientemente evaluados. Este sistema legitima el uso de Chile como patio trasero de estas compañías.
3) El proyecto establece el "uso liberado" de cultivos transgénicos comerciales para uso nacional o de exportación. Estos deben ser aprobados sólo la primera vez, quedando luego liberados sin el requerimiento de solicitar permisos nuevamente. Solo necesitan de una simple evaluación de riesgo y si su solicitud es rechazada las empresas gozan de amplios derechos para apelar la resolución.
4) El proyecto permite la declaración de sitios centros de origen y de diversidad para resguardar los recursos en ellos contenidos Sin embargo, esta protección es insuficiente, pues se permite la liberación de transgénicos dentro de ellos. Asimismo se crean solamente bajo propuesta del Ministerio de Agricultura, no se permite propuestas de la sociedad civil o de los mismos agricultores que quisieran resguardar sus cultivos de la contaminación. A través de ellos no es posible proteger los cultivos tradicionales diseminados en todo Chile que aun están en manos de pequeños agricultores que resguardan este amenazado patrimonio, como por ejemplo las razas de maíz existentes en Chile. Tampoco resguarda los parientes silvestres de los cultivos transgénicos, que son especies endémicas o nativas de amplia distribución.
5) El proyecto va en detrimento del desarrollo de la agricultura orgánica y convencional libre de transgénicos, pues no establece un sistema de protección de los mismos y de responsabilidad y compensación por la contaminación de cultivos y por la pérdida de certificación orgánica.
6) El proyecto otorga la facultad a las empresas para mantener reservada la información de la modificación genética de los cultivos, lo que imposibilita una evaluación cabal de sus riesgos e impactos, como asimismo su seguimiento y trazabilidad.
7) El proyecto establece que los alimentos transgénicos no deberían ser etiquetados violando el derecho a los consumidores a una información veraz y oportuna establecida por la Ley del Consumidor. En cambio, establece un etiquetado voluntario de los productos libres de transgénicos, dejando la carga de la prueba a los alimentos más sanos y seguros que son aquellos libres de transgénicos. Éstos deberán asumir mayores costos de análisis de contenidos y pagar multas, lo que de inmediato desincentivará este tipo de etiquetado.
Las organizaciones que nos oponemos a la transgenia rechazamos absolutamente los proyectos de ley de obtentores vegetales y de bioseguridad de vegetales genéticamente modificados. Creemos que el resguardo de nuestro patrimonio genético y de las prácticas agrícolas tradicionales ajenas a los intereses lucrativos de las empresas de la agroindustria son en definitiva el único camino hacia un desarrollo agrícola sustentable, autónomo y respetuoso de las pequeñas economías y miradas que se ciernen sobre ella, pero sobre todo un instrumento para la producción alimentaria saludable y coherente con los ciclos de recuperación de nuestra madre tierra.



domingo, 24 de febrero de 2019

DL 701 y Ley Monsanto, el Estado “corporativo” contra el pueblo Mapuche


Cuando se menciona la resistencia del pueblo Mapuche, es imposible seguir afirmando que esta es una herencia legada hasta nuestros días desde la conquista Española. El Estado de Chile aparece en diversos momentos de la historia como el ideólogo de la usurpación, la marginación y el exterminio progresivo de la cultura de quienes son habitantes ancestrales de esta tierra.  La autonomía de la que gozaba el pueblo Mapuche desde el río Bio Bio al Sur gracias a prolongadas negociaciones con la corona Española se vio interrumpida a mediados del siglo 19 tras la insistencia del Estado en ocupar las tierras de wallmapu con una seguidilla de acciones que buscaban en principio ampliar la soberanía y potestad sobre las tierras del sur, sin embargo, el llamado proceso de “Pacificación de la Araucanía”, no fue sino una consigna ideológica que justificaba la ocupación militar y la colonización de tierras mapuches, situación que se ha profundizado a partir de la aplicación de medidas de carácter político que han tenido su peor cara en el Decreto Ley 701 de expansión forestal y de la amenaza permanente de la ley de obtentores vegetales. Previo a la Dictadura, el Gobierno de Salvador Allende había logrado restituir a las comunidades Mapuches un total de 132,115 hectáreas usurpadas, esto a través de la Ley indígena 1729 y la reforma agraria, lo que fue el mayor avance logrado a partir de políticas gubernamentales en cuanto a sus demandas. Años después, la comisión Rettig cuantificaba la dramática cifra de 136 Mapuches muertos en manos del terrorismo de Estado cívico militar, lo que se sumó a un proceso de reversión de las tierras recuperadas para los Mapuches en beneficio de sus propietarios anteriores al proceso de restitución histórica. En 1974, la Junta Militar publicó el Decreto de Ley 701 sobre expansión y fomento de la actividad forestal, a través del cual por medio de subsidios, exención tributaria y bonificaciones se incentivaba la actividad forestal concentrada principalmente en manos de Celulosa Arauco del grupo Angelini y de CMPC Celulosa del grupo Matte. Estos conglomerados empresariales concentran alrededor del 75% de las exportaciones forestales, con un patrimonio que ha sido acumulado gracias a la usurpación de las tierras ancestrales del pueblo Mapuche y las plantaciones de monocultivos que han reemplazado el bosque nativo, afectando la biodiversidad de los territorios intervenidos, desertificando y erosionando los suelos, impactando además a las comunidades que desarrollan su vida en comunión con la naturaleza. El DL 701 fue extendido tras el retorno a la democracia por los gobiernos que sucedieron a la dictadura, siendo el instrumento político que más incidió en la segregación, marginalidad y usurpación de la cultura Mapuche, en exclusivo beneficio por el contrario de las oligarquías económicas que han sido sacralizadas como pilar fundamental del actual modelo de desarrollo de Chile. Otra de las amenazas directas al patrimonio de los pueblos originarios y de las comunidades campesinas es el proyecto de ley de obtentores vegetales, más conocido por la opinión pública como “Ley Monsanto” (aludiendo a la multinacional). Durante el gobierno de Ricardo Lagos se firmó el tratado de libre comercio con Estados Unidos, dentro del cual figuraba el Convenio Upov 91 que Chile debía suscribir como parte íntegra del TLC. Dicho convenio extiende las facultades de los denominados “obtentores”, corporaciones o grupos científicos asociados a empresas o entidades de investigación que descubren o crean una variedad vegetal que sea considerada nueva, distinta, homogénea o estable. Este convenio busca regular el sistema de registro de propiedad intelectual de las variedades vegetales y sus semillas, lo que en la práctica es un respaldo legal para el monopolio de la actividad agroalimentaria y la biopiratería.  Upov entiende que una semilla “nueva” es aquella que no ha sido registrada o comercializada antes, lo que deja en total indefensión a las comunidades campesinas que han entendido desde tiempos ancestrales que la semilla es patrimonio común que no necesita ser patentado, registrado ni comercializado, muy por el contrario se intercambia para el beneficio de toda la comunidad. Si alguna empresa agroindustrial descubre que una de estas semillas no está registrada ni ha sido comercializada, bastaría que en laboratorio se le altere una propiedad cosmética, color o tamaño para apropiarse de ella como variedad “distinta y nueva” y a partir de ahí, las comunidades campesinas que han hecho uso tradicional de sus semillas tendrían que pagar derechos y acotar su uso de acuerdo a las restricciones establecidas por quien la ha registrado, es decir, su obtentor, habitualmente una empresa ligada a la agroindustria. Si bien Upov 91 fue ratificado en el Senado el año 2011, este no puede aplicarse aún en el país ya que la ley de semillas en vigencia (n° 19.342) es el soporte jurídico de una versión anterior del convenio (Upov 78) y necesita ser actualizada, para este propósito es que la ex presidenta Bachelet en su primera gestión envía al parlamento el proyecto de ley de obtentores vegetales, extendiendo las facultades de quienes en la práctica tengan la capacidad de registrar las variedades de semillas y la pretensión de monopolizar la actividad agroindustrial en desmedro del pequeño campesinado. Durante la campaña electoral que derivó en el segundo gobierno de Bachelet, las presiones ciudadanas y emplazamientos liderados por la campaña Yo No Quiero Transgénicos en Chile lograron que el ejecutivo bajara de la tabla la discusión parlamentaria de la ley, no obstante aún se mantiene en el Congreso con posibilidades de volver al debate. El apuro del actual Gobierno de Sebastián Piñera por ratificar el TPP 11 podría ver reflotada la Ley Monsanto y de aprobarse, el Convenio Upov 91 entraría en vigencia en nuestro país, contando los días para la supervivencia de la agricultura familiar campesina, desarraigando a los pueblos originarios de la semilla como elemento sagrado cedido por la naturaleza para beneficio de toda la comunidad.

Joel González
Activista socio ambiental

sábado, 27 de octubre de 2018

Agua, una urgencia impostergable



Artículo  seleccionado y publicado en la Agenda Latinoamericana Mundial 2019


Durante los últimos veranos, los vecinos de los sectores altos de la localidad de Olmue, apacible pueblo de la zona central de Chile, han tenido que convivir con la falta de agua potable o bien con su distribución a través de camiones aljibes. Esta realidad lejos de ser una excepción a la regla, se ha convertido en un testimonio cada vez más frecuente, sobre todo en aquellos países donde sus Estados han privilegiado la permanencia de un modelo de desarrollo sustentado principalmente en la sobre explotación de bienes naturales finitos, sin considerar los impactos que el cambio climático está dejando en los ecosistemas. El agua más allá de ser un “recurso” extraíble para los procesos productivos, es un bien estratégico e ineludible a la hora de proyectar la supervivencia en el Planeta. En la actualidad una de cada diez personas en el mundo no tiene acceso a agua potable y según proyecciones del Foro Económico Mundial se estima que para el 2030 habrá una demanda un 40% más alta que no podrá ser abastecida, unos 1.400 niños mueren a diario producto de diversas enfermedades derivadas de la falta de saneamiento y alrededor de 770 millones de personas no cuentan con agua, en su gran mayoría quienes viven en situación de pobreza, barrios marginales o sectores rurales. El agua dulce es por hoy la principal fuente de abastecimiento para satisfacer nuestras múltiples necesidades, siendo tan solo el 2,5% del total del agua disponible en el planeta, la que en gran medida está congelada en los polos y glaciares o circulando en surcos subterráneos, ríos o lagos. Desde el relato que dicta el sentido común, queda fuera de toda discusión que el acceso al agua destinada a la población esté mediatizada por su disponibilidad para los enclaves productivos del extractivismo, la mega minería, la producción energética y la agroindustria, sin embargo, lo que podemos vislumbrar es que las legislaciones de muchos países en vías de desarrollo que sacralizan las cifras macro económicas por sobre la justicia ambiental y la equidad social, han invertido sus prioridades, promoviendo marcos legales que dan amplias garantías a las grandes empresas sin considerar las urgencias del futuro como eje estratégico en la construcción de políticas públicas que HOY son impostergables. Las realidades son diversas y sin pretender ser alarmista, todas ellas en el contexto de la necesidad de resguardar el agua como bien indispensable (y por lo pronto irremplazable) tienen una carga de dramatismo, desde comunidades que se desplazan kilómetros para encontrar algún acuífero y regresar con un par de tinajas, a aquellas que deben surtirse de agua a través de camiones aljibes que no garantizan su inocuidad y potabilidad, vecinos cuya relación con el agua es a través de un vínculo clientelar donde el pago de un boleta deja en evidencia el carácter privatizador que en muchos países del mundo rige su administración o poblados que han visto violentado el derecho a la vida por aquellas empresas que disputan el uso del agua básicamente como un recurso al servicio de rentabilizar sus proyectos y quienes por otra parte distantes de la problemática, derrochan desde el surrealismo de quienes gozan de privilegios en tiempos de escases.  Cuando la ONU reconoce que el acceso al agua es un derecho humano inalienable, lo hace  dejando en claro que no puede existir conveniencia empresarial o política, ni legislaciones o normas que prioricen el mercado como filtro regulador del acceso a un bien sin el cual la vida en el planeta es inviable. En esta resolución, la ONU llama a “los Estados y Organizaciones internacionales a proveer recursos financieros, construcción de capacidades y transferencia tecnológica, a través de asistencia y cooperación internacional”, sin embargo, esta declaración puede tener diversos matices según sea la permeabilidad política de los Gobiernos, la solidez de sus instituciones y la vulnerabilidad de sus políticas públicas frente a las presiones adjuntas a los tratados de libre comercio que en su gran mayoría son el salvo conducto para aquellas transnacionales que continúan con las prácticas de usurpación intensiva. En mi país, Chile, son cerca de 417 mil las personas que sufren directamente la falta de agua, en un Estado que hace alarde de sus cifras macro económicas y de su posicionamiento en el escenario internacional como país en vías de desarrollo, pero que no obstante ello, ha decidido mantener desde sus elites gobernantes un modelo de gestión y administración de las aguas que privilegia el mercado y la propiedad privada sobre un elemento vital e indispensable para la subsistencia.



Joel González Vega
Músico de Al Otro Pueblo
Activista Socio ambiental
Vocero Movimiento Libres de Alta Tensión





martes, 16 de octubre de 2018

Quintero-Puchuncaví, el sacrificio de respirar


No sorprende el constatar como a lo largo de la historia los territorios cambian su fisonomía. Los asentamientos humanos y sus actividades productivas van dejando una huella que en la mayoría de los casos no cautela cuales son sus diversos impactos en los ecosistemas, en el clima y en la biodiversidad. En Chile hoy existen comunidades que no decidieron convivir junto a un cordón industrial, ni a empresas que contaminan, no les consultaron como soñaban el futuro, ni mucho menos se les informó respecto a los inminentes daños y perjuicios que el lastre dejado por el desarrollo sería una carga que tendría costos, muchas veces irreparables, a su salud y a su calidad de vida. Esto es lo que quedó en evidencia el pasado 21 de agosto, tras la masiva intoxicación producida en Quintero, localidad cuyo nombre se debe al Español Don Alonso de Quintero, personaje de una época que relata un territorio fértil, rico en flora nativa, donde incluso durante varios años tras la conquista, sus habitantes lograron surtirse de alimento gracias a las bondades naturales que propiciaron la agricultura y la pesca. En un principio fueron 30 estudiantes intoxicados con un gas de “origen desconocido” lo que alertó a la comunidad y a la autoridad que decretó la evacuación del Liceo Politécnico y los Colegios Santa Filomena y Alonso de Quintero. Finalmente la suspensión de clases en un estado de emergencia ambiental fue una de las medidas precautorias justificadas por las casi 400 personas intoxicadas, muchas de ellas menores de edad, adultos y mujeres en edad fértil. Han sido 50 años de contaminación emanada de un parque industrial que ha ido creciendo con el tiempo y que a la fecha ya cuenta con 15 grandes empresas en una bahía que incluso en su ordenamiento político alguna vez hermanó a Quintero y Puchuncaví como una solo comuna. Tras el lamentable episodio, la prensa se agolpó en las calles de la ciudad, la misma que durante décadas en escasas ocasiones había publicado algo respecto a la situación de debacle ambiental vivida en la bahía, llegaron los Ministros, los Alcaldes tomaron el micrófono, llegaron Parlamentarios y el Presidente de la República tomó vocería desde un Estado que ha fallado y que ha sido cómplice benevolente frente al atropello de las empresas que han violado los derechos humanos de una comunidad que ha sido sacrificada con el único fin de mantener este polo productivo bajo estándares que no dan cuenta de las necesidades de quienes habitan el territorio. Declaraciones apresuradas, informaciones contradictorias, desmentidos oficiales, interés por sacar provecho político, conflictos de interés, denuncias de encubrimiento y directivos de empresas cuestionadas evadiendo cualquier responsabilidad que los involucre en el hecho, sin antes hacer alarde de sus estándares de calidad en un territorio donde todo ha fallado y al parecer ha sido intencionadamente ineficiente. Lo más visceral y obscuro del ser humano queda al descubierto, de un humano que no solo contamina desde las fumarolas de sus industrias, sino también desde su insaciable ambición y egoísmo. No es de extrañar que este desfile de personalidades se haya presentado como una caricatura surrealista que no se condice con la cruda realidad y necesidad de reparación que demandan los vecinos. Lo que ha ocurrido recientemente en Quintero no es una excepción, ni mucho menos un hecho aislado, en un país donde las normativas ambientales son en extremo permisivas, donde la participación e injerencia ciudadana en la evaluación de los proyectos no pasa de ser un acto testimonial y decorativo, donde la media diaria de emanación de material particulado y dióxido de azufre sugerido por la OMS es ampliamente superado por la precaria restricción Chilena, en una bahía que ha tenido que soportar sobre sus aguas, sus tierras, en la sangre de sus habitantes, en el aire que respiran, en las vidas que están por nacer, un cóctel tóxico de arsénico, dióxido de azufre, 2-ethilexanol, derrames de carbón y diesel y recientemente metilcloroformo, isobutano y nitrobenceno, por nombrar algunos contaminantes a los que la población de Quintero y Puchuncaví han estado expuestos durante décadas, conviviendo al costado de empresas cuyos “altos estándares de seguridad” siguen siendo a la medida de la precariedad y la inoperancia de las legislaciones y normativas nacionales.  Evidentemente Ministro Santelices, la historia de esta Bahía diezmada por el cordón industrial es mucho más que taparse la nariz ante la amenaza de “olores ofensivos”, sino que es la construcción de vínculos desarraigados por el cáncer y otras patologías crónicas, de pescadores que saben que lo que extraen del mar es el germen de la contaminación de las empresas amparadas por el Estado y de madres que ven con incertidumbre el futuro de sus hijos.

Joel González
Músico, Poeta
Profesor, Activista socio ambiental.



martes, 22 de mayo de 2018

Mujeres de zona de sacrificio en Resistencia



Desde la cosmovisión de muchos pueblos originarios del planeta se asocia a la naturaleza con la figura de la “madre”. Para el pueblo Aymara la naturaleza es “Pacha Mama”, así como para los Mapuches es “Ñuke Mapu” o “Meyedobo” para los Ngoble Buge de Panamá, todos ellos haciendo mención a la “madre tierra”, un ser femenino que respira y con el cual la supervivencia de la especie depende de una relación armónica entre los ecosistemas y quienes los habitamos. En la actualidad se estima que unas nueve millones de personas han muerto en el planeta en los últimos años por causas derivadas de la contaminación ambiental, es decir, tres veces más que las muertes provocadas por el sida, la tuberculosis y la malaria juntos, así se evidencia en el resumen ejecutivo del Informe de la revista británica “The Lancet”, estudio científico que tuvo gran impacto en la comunidad médica y en la prensa internacional ya que por primera vez se explicita la necesidad de entender los conflictos medio ambientales como una prioridad de salud pública. Hoy la contaminación mata más que la guerra, el terrorismo, el hambre, los desastres naturales y el Sida, siendo en total la responsable de un 16% del total de las muertes anuales en el mundo. Considerando lo anterior es que el Departamento de Derechos Humanos del Colegio Médico de la 5ª región, organizó el ciclo “Salud y Vida” con la finalidad de convocar a diversos actores sociales involucrados en conflictos ambientales así como a representantes de las comunidades que han debido convivir con el daño (muchas veces irreparable) provocado por la contaminación. En la ocasión expusieron Hernán Ramírez asesor de “Comunidades por derecho a la vida” y María Teresa Almarza en representación de “mujeres de zona de sacrificio en resistencia”, organización creada a raíz de los problemas de salud de Puchuncaví y Quintero como consecuencia de la contaminación emanada por diversas industrias. En ausencia de una institucionalidad que garantice el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, “mujeres de zona de sacrificio” ha estado presente desde la fiscalización, la denuncia y la educación comunitaria, es así como han señalado que uno de cada cinco niños de la comuna de Puchuncaví nace con diversos problemas neurológicos o de aprendizaje, además de denunciar otros problemas sanitarios relevantes, tales como  abortos espontáneos, mal formaciones congénitas, asma, enfermedades obstructivas crónicas y cáncer al pulmón, todas estas, relacionadas al material particulado respirable presente en una zona de sacrificio donde progresivamente se han instalado una gran cantidad de industrias: Gasmar, Enap, Codelco, Aes Gener, Cemento Melón, Oxiquím, Puerto Ventanas, Endesa (por nombrar algunas). Sin lugar a dudas todas las enfermedades presentes son consecuencias de la sobre explotación de nuestro planeta como pilar fundamental del “progreso económico”, en un país cuyo modelo de desarrollo ha privilegiado la extracción intensiva e irracional de bienes naturales finitos, sin considerar los procesos de recuperación de los ecosistemas. Cuando el Ministro de energía de la Presidenta Bachelet, Andrés Rebolledo, niega la existencia de  “zonas de sacrificio” lo hace a sabiendas de que si hay algún mea culpa por parte del Gobierno, el Estado se convierte inmediatamente en cómplice del deterioro intencionado a nuestra calidad de vida. “Mujeres de zona de sacrificio” han resistido a la depredación sistemática de su territorio, donde la sinergia provocada por cuatro termoeléctricas a carbón y una fundición de cobre, deterioraron (en algunos casos de manera irreversible) la calidad de vida de los habitantes de Puchuncaví, Quintero. Los derechos humanos al parecer para el Estado de Chile tienen una excepción en estos ciudadanos que en algún momento vivieron de la pesca artesanal y la pequeña agricultura, actividades económicas que hoy son marginales testimonios de un pasado no muy lejano y que pareciera ser el bosquejo de un pueblo ficticio que solo hace sentido en algunos pocos sobrevivientes de la pre industrialización de su territorio. La contaminación abarca todos los ecosistemas de la zona de sacrificio, su tierra, las napas de agua subterráneas, el aire y el mar en una bahía usurpada por la ambición desbordada del “sacro santo progreso” que no da cuentas de los desafíos del futuro, ni de las urgencias del presente. Desde su experiencia, la organización nos relata que los últimos gobiernos, lejos de resguardar la salud de los habitantes de Puchuncaví, han patrocinado nuevos proyectos desde una institucionalidad que da plenas garantías a las empresas para que puedan seguir funcionando, promoviendo planes de descontaminación que no dan cuenta de las reales demandas ambientales, haciendo vista gorda ante el clientelismo ejercido como la estrategia más efectiva para legitimar la debacle socio ambiental, fragmentando de este modo el tejido social, instalando las promesas de prosperidad en aquellos que no dimensionan los profundos impactos del lastre de las industrias en la salud de las futuras generaciones y en el bienestar de las actuales. Mujeres de zona de sacrificio sigue en resistencia frente a un complejo industrial que se ha ido ampliando a través de nuevos proyectos y las instalaciones portuarias de Ventanas y Quintero. La presencia de alrededor de 18 industrias contaminantes han “aportado” con altas concentraciones de plomo, cobre, cadmio, arsénico y otros elementos tóxicos. El Instituto nacional de la investigación agrícola (INIA) concluyó que para recuperar lo suelos de Puchuncaví se necesitará al menos de 500 años, o bien muchos más si es que HOY no se toman las medidas adecuadas para reducir paulatinamente los niveles de contaminación. Por lo pronto, mientras los metales pesados transitan por la sangre de muchos vecinos de la bahía, la Seremi de Salud 5ª región de la Presidenta Bachelet, María Graciela Astudillo, coloca la primera piedra del nuevo Cesfam de Puchuncaví, obra que ha sido posible gracias del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, el Ministerio de salud, el Municipio y Aes Gener, empresa propietaria de las mismas termoeléctricas a carbón que hoy enferman a los potenciales usuarios del centro de salud familiar próximo a inaugurar.

Joel González
Profesor
Músico "Al Otro Pueblo",
Poeta
Activista socio ambiental





lunes, 4 de diciembre de 2017

Contaminación, un problema de salud pública

En la actualidad se estima que unas nueve millones de personas han muerto en el planeta en los últimos años por causas derivadas de la contaminación ambiental, es decir, tres veces más que las muertes provocadas por el sida, la tuberculosis y la malaria juntos, así se evidencia en el resumen ejecutivo del Informe de la revista británica “The Lancet”, estudio científico que tuvo gran impacto en la comunidad médica y en la prensa internacional ya que por primera vez se explicita la necesidad de entender los conflictos medio ambientales como una prioridad de salud pública. Considerando lo anterior es que el Departamento de Derechos Humanos del Colegio Médico de la 5ª región, organizó el ciclo “Salud y Vida” con la finalidad de convocar a diversos actores sociales involucrados en conflictos ambientales, así como a representantes de las comunidades que han debido convivir con el daño (muchas veces irreparable) provocado por la contaminación. En la ocasión fui invitado a exponer sobre los perjuicios generados por el uso de plaguicidas químicos y respecto a los proyectos energéticos que pretenden instalarse en la zona, también expusieron Hernán Ramírez asesor de Comunidades por derecho a la vida y María Teresa Almarza en representación de mujeres de zona de sacrificio. Los pescadores de la zona de Puchuncaví  y Quintero compartieron algunos de sus dramáticos testimonios como víctimas invisibilizadas de este modelo de desarrollo. Sin lugar a dudas que el cáncer, las enfermedades cardio respiratorias, los problemas neurológicos, las mal formaciones congénitas o los abortos espontáneos son solo algunas de las consecuencias de la sobre explotación de nuestro planeta como pilar fundamental del “progreso económico”. Cuando el Ministro de energía niega la existencia de  “zonas de sacrificio” lo hace a sabiendas de que si hay algún mea culpa por parte del Gobierno, el Estado se convierte inmediatamente en cómplice del deterioro intencionado a nuestra calidad de vida. Hoy la contaminación mata más que la guerra, el terrorismo, el hambre, los desastres naturales y el Sida, siendo en total la responsable de un 16% del total de las muertes anuales. Tras este encuentro quedamos con la positiva sensación de estar frente a una nueva generación de médicos que buscan involucrarse y apoyar a las comunidades, las que por lo general no son consideradas en cuanto a la reparación y a la restauración de su vida y su medio ambiente.

Joel González

Dirigente Ecologista