domingo, 24 de febrero de 2019

DL 701 y Ley Monsanto, el Estado “corporativo” contra el pueblo Mapuche


Cuando se menciona la resistencia del pueblo Mapuche, es imposible seguir afirmando que esta es una herencia legada hasta nuestros días desde la conquista Española. El Estado de Chile aparece en diversos momentos de la historia como el ideólogo de la usurpación, la marginación y el exterminio progresivo de la cultura de quienes son habitantes ancestrales de esta tierra.  La autonomía de la que gozaba el pueblo Mapuche desde el río Bio Bio al Sur gracias a prolongadas negociaciones con la corona Española se vio interrumpida a mediados del siglo 19 tras la insistencia del Estado en ocupar las tierras de wallmapu con una seguidilla de acciones que buscaban en principio ampliar la soberanía y potestad sobre las tierras del sur, sin embargo, el llamado proceso de “Pacificación de la Araucanía”, no fue sino una consigna ideológica que justificaba la ocupación militar y la colonización de tierras mapuches, situación que se ha profundizado a partir de la aplicación de medidas de carácter político que han tenido su peor cara en el Decreto Ley 701 de expansión forestal y de la amenaza permanente de la ley de obtentores vegetales. Previo a la Dictadura, el Gobierno de Salvador Allende había logrado restituir a las comunidades Mapuches un total de 132,115 hectáreas usurpadas, esto a través de la Ley indígena 1729 y la reforma agraria, lo que fue el mayor avance logrado a partir de políticas gubernamentales en cuanto a sus demandas. Años después, la comisión Rettig cuantificaba la dramática cifra de 136 Mapuches muertos en manos del terrorismo de Estado cívico militar, lo que se sumó a un proceso de reversión de las tierras recuperadas para los Mapuches en beneficio de sus propietarios anteriores al proceso de restitución histórica. En 1974, la Junta Militar publicó el Decreto de Ley 701 sobre expansión y fomento de la actividad forestal, a través del cual por medio de subsidios, exención tributaria y bonificaciones se incentivaba la actividad forestal concentrada principalmente en manos de Celulosa Arauco del grupo Angelini y de CMPC Celulosa del grupo Matte. Estos conglomerados empresariales concentran alrededor del 75% de las exportaciones forestales, con un patrimonio que ha sido acumulado gracias a la usurpación de las tierras ancestrales del pueblo Mapuche y las plantaciones de monocultivos que han reemplazado el bosque nativo, afectando la biodiversidad de los territorios intervenidos, desertificando y erosionando los suelos, impactando además a las comunidades que desarrollan su vida en comunión con la naturaleza. El DL 701 fue extendido tras el retorno a la democracia por los gobiernos que sucedieron a la dictadura, siendo el instrumento político que más incidió en la segregación, marginalidad y usurpación de la cultura Mapuche, en exclusivo beneficio por el contrario de las oligarquías económicas que han sido sacralizadas como pilar fundamental del actual modelo de desarrollo de Chile. Otra de las amenazas directas al patrimonio de los pueblos originarios y de las comunidades campesinas es el proyecto de ley de obtentores vegetales, más conocido por la opinión pública como “Ley Monsanto” (aludiendo a la multinacional). Durante el gobierno de Ricardo Lagos se firmó el tratado de libre comercio con Estados Unidos, dentro del cual figuraba el Convenio Upov 91 que Chile debía suscribir como parte íntegra del TLC. Dicho convenio extiende las facultades de los denominados “obtentores”, corporaciones o grupos científicos asociados a empresas o entidades de investigación que descubren o crean una variedad vegetal que sea considerada nueva, distinta, homogénea o estable. Este convenio busca regular el sistema de registro de propiedad intelectual de las variedades vegetales y sus semillas, lo que en la práctica es un respaldo legal para el monopolio de la actividad agroalimentaria y la biopiratería.  Upov entiende que una semilla “nueva” es aquella que no ha sido registrada o comercializada antes, lo que deja en total indefensión a las comunidades campesinas que han entendido desde tiempos ancestrales que la semilla es patrimonio común que no necesita ser patentado, registrado ni comercializado, muy por el contrario se intercambia para el beneficio de toda la comunidad. Si alguna empresa agroindustrial descubre que una de estas semillas no está registrada ni ha sido comercializada, bastaría que en laboratorio se le altere una propiedad cosmética, color o tamaño para apropiarse de ella como variedad “distinta y nueva” y a partir de ahí, las comunidades campesinas que han hecho uso tradicional de sus semillas tendrían que pagar derechos y acotar su uso de acuerdo a las restricciones establecidas por quien la ha registrado, es decir, su obtentor, habitualmente una empresa ligada a la agroindustria. Si bien Upov 91 fue ratificado en el Senado el año 2011, este no puede aplicarse aún en el país ya que la ley de semillas en vigencia (n° 19.342) es el soporte jurídico de una versión anterior del convenio (Upov 78) y necesita ser actualizada, para este propósito es que la ex presidenta Bachelet en su primera gestión envía al parlamento el proyecto de ley de obtentores vegetales, extendiendo las facultades de quienes en la práctica tengan la capacidad de registrar las variedades de semillas y la pretensión de monopolizar la actividad agroindustrial en desmedro del pequeño campesinado. Durante la campaña electoral que derivó en el segundo gobierno de Bachelet, las presiones ciudadanas y emplazamientos liderados por la campaña Yo No Quiero Transgénicos en Chile lograron que el ejecutivo bajara de la tabla la discusión parlamentaria de la ley, no obstante aún se mantiene en el Congreso con posibilidades de volver al debate. El apuro del actual Gobierno de Sebastián Piñera por ratificar el TPP 11 podría ver reflotada la Ley Monsanto y de aprobarse, el Convenio Upov 91 entraría en vigencia en nuestro país, contando los días para la supervivencia de la agricultura familiar campesina, desarraigando a los pueblos originarios de la semilla como elemento sagrado cedido por la naturaleza para beneficio de toda la comunidad.

Joel González
Activista socio ambiental