sábado, 27 de octubre de 2018

Agua, una urgencia impostergable



Artículo  seleccionado y publicado en la Agenda Latinoamericana Mundial 2019


Durante los últimos veranos, los vecinos de los sectores altos de la localidad de Olmue, apacible pueblo de la zona central de Chile, han tenido que convivir con la falta de agua potable o bien con su distribución a través de camiones aljibes. Esta realidad lejos de ser una excepción a la regla, se ha convertido en un testimonio cada vez más frecuente, sobre todo en aquellos países donde sus Estados han privilegiado la permanencia de un modelo de desarrollo sustentado principalmente en la sobre explotación de bienes naturales finitos, sin considerar los impactos que el cambio climático está dejando en los ecosistemas. El agua más allá de ser un “recurso” extraíble para los procesos productivos, es un bien estratégico e ineludible a la hora de proyectar la supervivencia en el Planeta. En la actualidad una de cada diez personas en el mundo no tiene acceso a agua potable y según proyecciones del Foro Económico Mundial se estima que para el 2030 habrá una demanda un 40% más alta que no podrá ser abastecida, unos 1.400 niños mueren a diario producto de diversas enfermedades derivadas de la falta de saneamiento y alrededor de 770 millones de personas no cuentan con agua, en su gran mayoría quienes viven en situación de pobreza, barrios marginales o sectores rurales. El agua dulce es por hoy la principal fuente de abastecimiento para satisfacer nuestras múltiples necesidades, siendo tan solo el 2,5% del total del agua disponible en el planeta, la que en gran medida está congelada en los polos y glaciares o circulando en surcos subterráneos, ríos o lagos. Desde el relato que dicta el sentido común, queda fuera de toda discusión que el acceso al agua destinada a la población esté mediatizada por su disponibilidad para los enclaves productivos del extractivismo, la mega minería, la producción energética y la agroindustria, sin embargo, lo que podemos vislumbrar es que las legislaciones de muchos países en vías de desarrollo que sacralizan las cifras macro económicas por sobre la justicia ambiental y la equidad social, han invertido sus prioridades, promoviendo marcos legales que dan amplias garantías a las grandes empresas sin considerar las urgencias del futuro como eje estratégico en la construcción de políticas públicas que HOY son impostergables. Las realidades son diversas y sin pretender ser alarmista, todas ellas en el contexto de la necesidad de resguardar el agua como bien indispensable (y por lo pronto irremplazable) tienen una carga de dramatismo, desde comunidades que se desplazan kilómetros para encontrar algún acuífero y regresar con un par de tinajas, a aquellas que deben surtirse de agua a través de camiones aljibes que no garantizan su inocuidad y potabilidad, vecinos cuya relación con el agua es a través de un vínculo clientelar donde el pago de un boleta deja en evidencia el carácter privatizador que en muchos países del mundo rige su administración o poblados que han visto violentado el derecho a la vida por aquellas empresas que disputan el uso del agua básicamente como un recurso al servicio de rentabilizar sus proyectos y quienes por otra parte distantes de la problemática, derrochan desde el surrealismo de quienes gozan de privilegios en tiempos de escases.  Cuando la ONU reconoce que el acceso al agua es un derecho humano inalienable, lo hace  dejando en claro que no puede existir conveniencia empresarial o política, ni legislaciones o normas que prioricen el mercado como filtro regulador del acceso a un bien sin el cual la vida en el planeta es inviable. En esta resolución, la ONU llama a “los Estados y Organizaciones internacionales a proveer recursos financieros, construcción de capacidades y transferencia tecnológica, a través de asistencia y cooperación internacional”, sin embargo, esta declaración puede tener diversos matices según sea la permeabilidad política de los Gobiernos, la solidez de sus instituciones y la vulnerabilidad de sus políticas públicas frente a las presiones adjuntas a los tratados de libre comercio que en su gran mayoría son el salvo conducto para aquellas transnacionales que continúan con las prácticas de usurpación intensiva. En mi país, Chile, son cerca de 417 mil las personas que sufren directamente la falta de agua, en un Estado que hace alarde de sus cifras macro económicas y de su posicionamiento en el escenario internacional como país en vías de desarrollo, pero que no obstante ello, ha decidido mantener desde sus elites gobernantes un modelo de gestión y administración de las aguas que privilegia el mercado y la propiedad privada sobre un elemento vital e indispensable para la subsistencia.



Joel González Vega
Músico de Al Otro Pueblo
Activista Socio ambiental
Vocero Movimiento Libres de Alta Tensión





martes, 16 de octubre de 2018

Quintero-Puchuncaví, el sacrificio de respirar


No sorprende el constatar como a lo largo de la historia los territorios cambian su fisonomía. Los asentamientos humanos y sus actividades productivas van dejando una huella que en la mayoría de los casos no cautela cuales son sus diversos impactos en los ecosistemas, en el clima y en la biodiversidad. En Chile hoy existen comunidades que no decidieron convivir junto a un cordón industrial, ni a empresas que contaminan, no les consultaron como soñaban el futuro, ni mucho menos se les informó respecto a los inminentes daños y perjuicios que el lastre dejado por el desarrollo sería una carga que tendría costos, muchas veces irreparables, a su salud y a su calidad de vida. Esto es lo que quedó en evidencia el pasado 21 de agosto, tras la masiva intoxicación producida en Quintero, localidad cuyo nombre se debe al Español Don Alonso de Quintero, personaje de una época que relata un territorio fértil, rico en flora nativa, donde incluso durante varios años tras la conquista, sus habitantes lograron surtirse de alimento gracias a las bondades naturales que propiciaron la agricultura y la pesca. En un principio fueron 30 estudiantes intoxicados con un gas de “origen desconocido” lo que alertó a la comunidad y a la autoridad que decretó la evacuación del Liceo Politécnico y los Colegios Santa Filomena y Alonso de Quintero. Finalmente la suspensión de clases en un estado de emergencia ambiental fue una de las medidas precautorias justificadas por las casi 400 personas intoxicadas, muchas de ellas menores de edad, adultos y mujeres en edad fértil. Han sido 50 años de contaminación emanada de un parque industrial que ha ido creciendo con el tiempo y que a la fecha ya cuenta con 15 grandes empresas en una bahía que incluso en su ordenamiento político alguna vez hermanó a Quintero y Puchuncaví como una solo comuna. Tras el lamentable episodio, la prensa se agolpó en las calles de la ciudad, la misma que durante décadas en escasas ocasiones había publicado algo respecto a la situación de debacle ambiental vivida en la bahía, llegaron los Ministros, los Alcaldes tomaron el micrófono, llegaron Parlamentarios y el Presidente de la República tomó vocería desde un Estado que ha fallado y que ha sido cómplice benevolente frente al atropello de las empresas que han violado los derechos humanos de una comunidad que ha sido sacrificada con el único fin de mantener este polo productivo bajo estándares que no dan cuenta de las necesidades de quienes habitan el territorio. Declaraciones apresuradas, informaciones contradictorias, desmentidos oficiales, interés por sacar provecho político, conflictos de interés, denuncias de encubrimiento y directivos de empresas cuestionadas evadiendo cualquier responsabilidad que los involucre en el hecho, sin antes hacer alarde de sus estándares de calidad en un territorio donde todo ha fallado y al parecer ha sido intencionadamente ineficiente. Lo más visceral y obscuro del ser humano queda al descubierto, de un humano que no solo contamina desde las fumarolas de sus industrias, sino también desde su insaciable ambición y egoísmo. No es de extrañar que este desfile de personalidades se haya presentado como una caricatura surrealista que no se condice con la cruda realidad y necesidad de reparación que demandan los vecinos. Lo que ha ocurrido recientemente en Quintero no es una excepción, ni mucho menos un hecho aislado, en un país donde las normativas ambientales son en extremo permisivas, donde la participación e injerencia ciudadana en la evaluación de los proyectos no pasa de ser un acto testimonial y decorativo, donde la media diaria de emanación de material particulado y dióxido de azufre sugerido por la OMS es ampliamente superado por la precaria restricción Chilena, en una bahía que ha tenido que soportar sobre sus aguas, sus tierras, en la sangre de sus habitantes, en el aire que respiran, en las vidas que están por nacer, un cóctel tóxico de arsénico, dióxido de azufre, 2-ethilexanol, derrames de carbón y diesel y recientemente metilcloroformo, isobutano y nitrobenceno, por nombrar algunos contaminantes a los que la población de Quintero y Puchuncaví han estado expuestos durante décadas, conviviendo al costado de empresas cuyos “altos estándares de seguridad” siguen siendo a la medida de la precariedad y la inoperancia de las legislaciones y normativas nacionales.  Evidentemente Ministro Santelices, la historia de esta Bahía diezmada por el cordón industrial es mucho más que taparse la nariz ante la amenaza de “olores ofensivos”, sino que es la construcción de vínculos desarraigados por el cáncer y otras patologías crónicas, de pescadores que saben que lo que extraen del mar es el germen de la contaminación de las empresas amparadas por el Estado y de madres que ven con incertidumbre el futuro de sus hijos.

Joel González
Músico, Poeta
Profesor, Activista socio ambiental.