Bachelet y Piñera, los cómplices de Monsanto en Chile

La ex Presidenta de Chile Michelle Bachelet fue protagonista gravitante en el desarrollo de una posible apertura masiva a los cultivos transgénicos en nuestro territorio. Fue su gobierno el que patrocinó el proyecto ley de obtentores vegetales que busca dar cumplimiento al Convenio UPOV 91 y así favorecer a las empresas transnacionales y semilleras que a través del registro de propiedad intelectual pretenden extender el monopolio sobre la actividad agroalimentaria y las diversas prácticas relacionadas con la reproducción y libre uso de las variedades de semillas. Como muchos convenios internacionales, UPOV 91 se basa en criterios exclusivamente economicistas y paradójicamente a pesar de ser un convenio de carácter inter gubernamental su único propósito es velar por los intereses de las corporaciones privadas. Si bien el proyecto de ley de obtentores vegetales no lo establece tácitamente, dentro de sus derivadas y de acuerdo a las definiciones que los técnicos pro transgenia han usado para extender los cultivos GM en el mundo, las semillas transgénicas pueden ser una de las tantas variedades que al ser consideradas distintas, estables y homogéneas, se introduzcan en la producción local resguardadas por el registro de propiedad intelectual.
Durante el gobierno de Bachelet los entonces senadores Fernando Flores, Eduardo Frei, Alberto Espina, Andrés Allamand y Juan Antonio Coloma presentan el denominado proyecto de Bioseguridad de vegetales genéticamente modificados que pretende liberar la producción de cultivos transgénicos para ser comercializados en el mercado local, actualmente Chile produce semillas transgénicas solo destinadas a la exportación. Este hito es una muestra más de dos ejes permanentes del funcionamiento parlamentario al momento de legislar, la desinformación respecto a las implicancias inmediatadas y a largo plazo de los proyectos propuestos y el fuerte lobby de los intereses corporativos por sobre los de la ciudadanía.

EL APORTE DE PIÑERA: 

El Gobierno de Sebastián Piñera a través del Ministerio de Agricultura presentó en Marzo del año 2011 una serie de indicaciones al proyecto de bioseguridad de Vegetales Genéticamente Modificados que lo único que pretenden es profundizar la extensión de los cultivos transgénicos en nuestros suelos, en claro beneficio de los intereses particulares de las empresas semilleras y transnacionales ligadas a la agroindustria. Algunas de estas cuestionadas indicaciones son:
1) El proyecto elimina el requerimiento de estudio de impacto ambiental para los transgénicos de uso agrícola y forestal requerido por la Ley de Medio Ambiente (Art 10 r, Ley 19.300).
2) El proyecto da aprobación automática a los cultivos transgénicos denominados para "uso controlado", con fines de investigación o multiplicación de semillas. Las empresas sólo deben dar aviso al SAG con 5 días de anticipación. No requieren evaluación de riesgo, estudio de impacto ambiental o información a la ciudadanía. Sólo deben cumplir desconocidas medidas de bioseguridad que aplique el SAG. Muchos de estos cultivos serán pruebas de campo de nuevos eventos peligrosos, como los farmacultivos rechazados en otros países, cuyos impactos no han sido suficientemente evaluados. Este sistema legitima el uso de Chile como patio trasero de estas compañías.
3) El proyecto establece el "uso liberado" de cultivos transgénicos comerciales para uso nacional o de exportación. Estos deben ser aprobados sólo la primera vez, quedando luego liberados sin el requerimiento de solicitar permisos nuevamente. Solo necesitan de una simple evaluación de riesgo y si su solicitud es rechazada las empresas gozan de amplios derechos para apelar la resolución.
4) El proyecto permite la declaración de sitios centros de origen y de diversidad para resguardar los recursos en ellos contenidos Sin embargo, esta protección es insuficiente, pues se permite la liberación de transgénicos dentro de ellos. Asimismo se crean solamente bajo propuesta del Ministerio de Agricultura, no se permite propuestas de la sociedad civil o de los mismos agricultores que quisieran resguardar sus cultivos de la contaminación. A través de ellos no es posible proteger los cultivos tradicionales diseminados en todo Chile que aun están en manos de pequeños agricultores que resguardan este amenazado patrimonio, como por ejemplo las razas de maíz existentes en Chile. Tampoco resguarda los parientes silvestres de los cultivos transgénicos, que son especies endémicas o nativas de amplia distribución.
5) El proyecto va en detrimento del desarrollo de la agricultura orgánica y convencional libre de transgénicos, pues no establece un sistema de protección de los mismos y de responsabilidad y compensación por la contaminación de cultivos y por la pérdida de certificación orgánica.
6) El proyecto otorga la facultad a las empresas para mantener reservada la información de la modificación genética de los cultivos, lo que imposibilita una evaluación cabal de sus riesgos e impactos, como asimismo su seguimiento y trazabilidad.
7) El proyecto establece que los alimentos transgénicos no deberían ser etiquetados violando el derecho a los consumidores a una información veraz y oportuna establecida por la Ley del Consumidor. En cambio, establece un etiquetado voluntario de los productos libres de transgénicos, dejando la carga de la prueba a los alimentos más sanos y seguros que son aquellos libres de transgénicos. Éstos deberán asumir mayores costos de análisis de contenidos y pagar multas, lo que de inmediato desincentivará este tipo de etiquetado.
Las organizaciones que nos oponemos a la transgenia rechazamos absolutamente los proyectos de ley de obtentores vegetales y de bioseguridad de vegetales genéticamente modificados. Creemos que el resguardo de nuestro patrimonio genético y de las prácticas agrícolas tradicionales ajenas a los intereses lucrativos de las empresas de la agroindustria son en definitiva el único camino hacia un desarrollo agrícola sustentable, autónomo y respetuoso de las pequeñas economías y miradas que se ciernen sobre ella, pero sobre todo un instrumento para la producción alimentaria saludable y coherente con los ciclos de recuperación de nuestra madre tierra.