jueves, 2 de abril de 2015

Se podrá ser ecologista siendo complaciente con la institucionalidad ambiental???

Paladines de la legislación y el medio ambiente, defensores del marco jurídico y la institucionalidad, emisarios protectores de la Constitución espuria e ilegítima que hoy determina las limitancias de nuestro proyecto de vida. Algunos de ellos se visten con capas verdes, se autodenominan ecologistas, pero al reverso de su disfraz se puede ver la etiqueta de alguna multinacional o bien de algún partido político. Estos infiltrados que ya nadie escucha, a pesar de su insistencia en alzar la voz entre grillos y ranas, son pusilánimes predicadores de la "solidez" y "eficiencia" de una legislación ambiental que claramente ha sido co responsable de la debacle ambiental que vive nuestro país de norte a sur en distintos territorios. Se declaran defensores de las mismas políticas que han sido el soporte estructural que permite a las grandes empresas enriquecerse a costa de los ecosistemas, la vida de las comunidades y de nuestros bienes patrimoniales. Hoy el extractivismo desmedido y desenfrenado de recursos naturales finitos, así como la sobre explotación del suelo y el agua son pilar fundamental de la economía de un país que está lejos de pretender cambiar su paradigma de desarrollo. Desconocer que hoy existen enclaves autoritarios heredados por la dictadura para beneplácito de los grupos de poder económico (transnacionales y oligarquías locales) es síntoma de una miopía enfermiza que raya con la estupidez. Obviar por ejemplo, que hoy el código minero y el tratado binacional firmado entre Frei y Menem siguen dando manga ancha para que las empresas del rubro (en su gran mayoría empresas extranjeras) sigan socavando nuestras montañas, envenenando y usurpando nuestras aguas, secando los valles y transformando para siempre la vida de las comunidades, o seguir asociando los problemas de distribución de agua entre la población única y exclusivamente a conflictos derivados del clima ignorando que hoy el código de aguas es el instrumento jurídico que permite que los recursos hídricos en nuestro país sean objeto de lucro y usura principalmente por parte de las empresas agroindustriales, energéticas, forestales y mineras. Declararse "defensor de la ley" es evidenciar sin pudor alguno la colusión con un Estado que desde el marco institucional ha generado herramientas para legalizar la corrupción, a pesar del sentido común y la ética, este Estado es el mismo que ha impulsado el anteriormente mencionado "tratado binacional minero", la "ley de obtentores vegetales" (ley Monsanto), la "ley de pesca", el que busca eternizar el decreto de ley 701 para el fomento forestal y las ganancias de empresas Arauco (grupo Angelini) y CMPC (del grupo Matte), el que aplica la ley "anti terrorista" contra las comunidades del Wallmapu, el que ha profundizado las políticas neo liberales impulsadas por Milton Friedman, junto a los ex estudiantes de la PUC y el gentil patrocinio de Augusto Pinochet, este Estado, es el mismo que hoy prefiere guardar silencio al momento de debatir sobre la necesidad de terminar con la Constitución del 80 y que mira hacia el lado ante el descrédito de la clase política. Declararse "defensor del medio ambiente y de la ley" es tener una mirada complaciente ante el desastre humanitario que vive Puchuncaví-Ventanas y la turbia jugada de la Ex Ministra Poblete, Edmundo Perez Yoma y Michelle Bachelet para aprobar la termoeléctrica Campiche de Aes Gener (durante el primer mandato de la actual presidenta)
Según el "Atlas Global de Justicia Ambiental" (elaborado por 23 Universidades y organizaciones de justicia ambiental de 18 países del mundo) Chile es el sexto país de América con más conflictos ambientales y el número 11 a nivel mundial, así mismo el "Mapa de Conflictos Socioambientales"   elaborado por el Instituo Nacional de Derechos Humanos realizado el año 2012, contabilizó 98 disputas, de las cuales la gran mayoría se encuentran activas. Ante este escenario es lógico y predecible que las expresiones de indignación de la ciudadanía surjan de manera espontánea (y no inducidas por un grupo minoritario de supuestos "eco radicales"), pero así mismo su empoderamiento y manejo de las diversas implicancias de los proyectos que atentan contra su territorio. La comunidad de Limache podrá recordar como en las dos ocasiones en que la empresa Ic Power, titular de la termoeléctrica "Los Rulos" presentó su proyecto en el salón de artes de la escuela 88, surgieron por parte de los ciudadanos preguntas sustentadas en antecedentes técnicos, reclamos que hicieron saber el peso del patrimonio local y el amor por el valle que han habitado diversas generaciones de Limachinos construyendo con trabajo y esfuerzo la comuna que ha visto crecer a su descendencia. La resistencia no es inducida ni intencionada, sino manifestación predecible del descontento ante el atropello sistemático de los derechos básicos de las personas que buscan resguardar su medio ambiente de proyectos invasivos como la carretera eléctrica Lt 2 x 500 Kv Cardones-Polpaico y la termoeléctrica "Los Rulos". La comunidad conoce a los infiltrados en los movimientos socioambientales, sabe quienes usando el descrédito como único argumento intentan deslegitimar cualquier acción que perjudique los intereses de las transnacionales que nos invaden. Lo peor para los infiltrados es saber que carecen de todo piso social a pesar de sus múltiples personajes ficticios y de sus intentos por dejar alguna huella que socave lo que muchas organizaciones y cientos de ciudadanos movilizados han construido de manera colectiva en defensa de su territorio.













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