Cuando se
menciona la resistencia del pueblo Mapuche, es imposible seguir afirmando que
esta es una herencia legada hasta nuestros días desde la conquista Española. El
Estado de Chile aparece en diversos momentos de la historia como el ideólogo de
la usurpación, la marginación y el exterminio progresivo de la cultura de
quienes son habitantes ancestrales de esta tierra. La autonomía de la que gozaba el pueblo
Mapuche desde el río Bio Bio al Sur gracias a prolongadas negociaciones con la
corona Española se vio interrumpida a mediados del siglo 19 tras la insistencia
del Estado en ocupar las tierras de wallmapu con una seguidilla de acciones que
buscaban en principio ampliar la soberanía y potestad sobre las tierras del
sur, sin embargo, el llamado proceso de “Pacificación de la Araucanía”, no fue
sino una consigna ideológica que justificaba la ocupación militar y la colonización
de tierras mapuches, situación que se ha profundizado a partir de la aplicación
de medidas de carácter político que han tenido su peor cara en el Decreto Ley
701 de expansión forestal y de la amenaza permanente de la ley de obtentores
vegetales. Previo a la Dictadura, el Gobierno de Salvador Allende había logrado
restituir a las comunidades Mapuches un total de 132,115 hectáreas usurpadas,
esto a través de la Ley indígena 1729 y la reforma agraria, lo que fue el mayor
avance logrado a partir de políticas gubernamentales en cuanto a sus demandas.
Años después, la comisión Rettig cuantificaba la dramática cifra de 136
Mapuches muertos en manos del terrorismo de Estado cívico militar, lo que se
sumó a un proceso de reversión de las tierras recuperadas para los Mapuches en
beneficio de sus propietarios anteriores al proceso de restitución histórica.
En 1974, la Junta Militar publicó el Decreto de Ley 701 sobre expansión y
fomento de la actividad forestal, a través del cual por medio de subsidios,
exención tributaria y bonificaciones se incentivaba la actividad forestal
concentrada principalmente en manos de Celulosa Arauco del grupo Angelini y de
CMPC Celulosa del grupo Matte. Estos conglomerados empresariales concentran
alrededor del 75% de las exportaciones forestales, con un patrimonio que ha
sido acumulado gracias a la usurpación de las tierras ancestrales del pueblo
Mapuche y las plantaciones de monocultivos que han reemplazado el bosque
nativo, afectando la biodiversidad de los territorios intervenidos, desertificando
y erosionando los suelos, impactando además a las comunidades que desarrollan
su vida en comunión con la naturaleza. El DL 701 fue extendido tras el retorno
a la democracia por los gobiernos que sucedieron a la dictadura, siendo el
instrumento político que más incidió en la segregación, marginalidad y
usurpación de la cultura Mapuche, en exclusivo beneficio por el contrario de
las oligarquías económicas que han sido sacralizadas como pilar fundamental del
actual modelo de desarrollo de Chile. Otra de las amenazas directas al
patrimonio de los pueblos originarios y de las comunidades campesinas es el
proyecto de ley de obtentores vegetales, más conocido por la opinión pública
como “Ley Monsanto” (aludiendo a la multinacional). Durante el gobierno de
Ricardo Lagos se firmó el tratado de libre comercio con Estados Unidos, dentro
del cual figuraba el Convenio Upov 91 que Chile debía suscribir como parte
íntegra del TLC. Dicho convenio extiende las facultades de los denominados
“obtentores”, corporaciones o grupos científicos asociados a empresas o
entidades de investigación que descubren o crean una variedad vegetal que sea
considerada nueva, distinta, homogénea o estable. Este convenio busca regular
el sistema de registro de propiedad intelectual de las variedades vegetales y
sus semillas, lo que en la práctica es un respaldo legal para el monopolio de
la actividad agroalimentaria y la biopiratería.
Upov entiende que una semilla “nueva” es aquella que no ha sido
registrada o comercializada antes, lo que deja en total indefensión a las
comunidades campesinas que han entendido desde tiempos ancestrales que la
semilla es patrimonio común que no necesita ser patentado, registrado ni
comercializado, muy por el contrario se intercambia para el beneficio de toda
la comunidad. Si alguna empresa agroindustrial descubre que una de estas
semillas no está registrada ni ha sido comercializada, bastaría que en
laboratorio se le altere una propiedad cosmética, color o tamaño para
apropiarse de ella como variedad “distinta y nueva” y a partir de ahí, las
comunidades campesinas que han hecho uso tradicional de sus semillas tendrían
que pagar derechos y acotar su uso de acuerdo a las restricciones establecidas
por quien la ha registrado, es decir, su obtentor, habitualmente una empresa
ligada a la agroindustria. Si bien Upov 91 fue ratificado en el Senado el año
2011, este no puede aplicarse aún en el país ya que la ley de semillas en
vigencia (n° 19.342) es el soporte jurídico de una versión anterior del convenio
(Upov 78) y necesita ser actualizada, para este propósito es que la ex
presidenta Bachelet en su primera gestión envía al parlamento el proyecto de
ley de obtentores vegetales, extendiendo las facultades de quienes en la
práctica tengan la capacidad de registrar las variedades de semillas y la
pretensión de monopolizar la actividad agroindustrial en desmedro del pequeño
campesinado. Durante la campaña electoral que derivó en el segundo gobierno de
Bachelet, las presiones ciudadanas y emplazamientos liderados por la campaña Yo
No Quiero Transgénicos en Chile lograron que el ejecutivo bajara de la tabla la
discusión parlamentaria de la ley, no obstante aún se mantiene en el Congreso
con posibilidades de volver al debate. El apuro del actual Gobierno de Sebastián
Piñera por ratificar el TPP 11 podría ver reflotada la Ley Monsanto y de
aprobarse, el Convenio Upov 91 entraría en vigencia en nuestro país, contando
los días para la supervivencia de la agricultura familiar campesina,
desarraigando a los pueblos originarios de la semilla como elemento sagrado
cedido por la naturaleza para beneficio de toda la comunidad.
Joel
González
Activista
socio ambiental