Debo reconocerlo, quizás siempre tuve un grado de melomanía
lo suficientemente intensa como para sentir una filiación afectiva por músicas
y versos que hasta el día de hoy me hacen cerrar los ojos y sorprenderme ante
la creatividad humana. Este año Congreso, banda Quilpueína cumple medio siglo
de existencia, sin lugar a dudas un testimonio artístico que pocos músicos de
nuestro país pueden relatar desde la permanente búsqueda de nuevos horizontes
sonoros y no únicamente desde el tributo a viejas obras magnánimas que opacan
cualquier intento de ofrecer sorpresas musicales a un futuro que se avizora tan
saturado de ruido y auto tune. Tengo un
vago recuerdo de haber escuchado el “descarril” cuando era niño, el bajo de
Ernesto Hollman deslizando la melodía como un canto rítmico marcado por los
acentos de la batería de Tilo González y la marimba de Ricardo Vivanco,
instrumentos que en ese entonces gozaban de poca presencia como solistas en la
música popular Chilena, pero que lucían con sutileza y prolijidad entre los
dedos de los Congresistas. Mayor fue la sorpresa cuando ya en la adolescencia
mi amigo César (más melómano que yo) compartió conmigo los casette pirata de
“Ha llegado carta” y “Viaje por la cresta del mundo” y casi en paralelo comencé a reconocer quienes eran los autores de muchas canciones de otros discos que no tengo hoy recuerdo como escuché, "Dónde estarás", "Los elementos", "Quenita y violín", "Los maldadosos". En ese entonces ya mi
oreja había sido impactada por las letras de Jorge González de Los Prisioneros
y por otro lado comenzaba a sumergirme en una construcción sonora con
atmósferas musicales poco definibles, que con el aislamiento cultural de la
sociedad chilena en dictadura, eran parte de discos editados 10 o 15 años
antes, Pink Floyd, Yes, Emerson, Lake and Palmer y por supuesto “Alturas de Machu Pichu” y “Obras de Violeta Parra” de Los Jaivas, llegaban tardíamente.
Se avecinaba el plebiscito de 1988, mi hermano mayor me invita al primer
concierto de la vida, Quilapayún & Congreso en el histórico Fortín Prat de
Valparaíso como respaldo a la opción NO. Ya no era solo escuchar a una banda
cuyas canciones son una invitación a la sorpresa constante, sino además un
relato coherente en un momento de nuestra historia en el que sostener las
convicciones era un ejercicio del que pendía la vida. Luego fue un concierto en
la ex maestranza de barón y de ahí en adelante no recuerdo cuantas veces he
seguido a Congreso en los escenarios de la 5ª región. Me voló la cabeza “Pájaros
de arcilla”, más aún con lo dificultoso que era conseguir una copia de esta
tremenda obra en tiempos sin internet. Pájaros de arcilla resulta inclasificable, algunos toman el atajo del jazz fusión para poder encasillarlo, claro con la presencia permanente de la raíz latinoamericana, melodías llenas de dulzura, hermosos textos que remataban en melodías circenses con un dejo de esquizofrenia entre tanto relato onírico, la incorporación de nuevos timbres al lenguaje Congresista, luego llegaron “Estoy que me muero” y “Para
los arqueólogos del futuro”, y por fin comenzaba a escuchar a Congreso como un
contemporáneo de sus creaciones y no como un explorador de un pasado del que no
fui parte. Era el tiempo de “La loca sin zapatos”, yo conducía el programa
radial “Bajo la rueda” y tuve el agrado de entrevistar a Hugo Pirovich y Pancho
Sazo quienes estaban en proceso de difusión del disco. Para un aprendiz de sus
canciones, tener la posibilidad de entrevistarles y hacer las preguntas y comentarios
que siempre guardé fue sin lugar a dudas una experiencia inolvidable, aún
conservo la copia de “La loca…” que me obsequiaron en su visita, luego el dolor y la muerte de Jaime Vivanco casi de la mano con la del Gato Alquinta, la renovación de los músicos de la banda, nuevos discos. Unos años más
tarde, Radio Valentín Letelier tuvo un programa conducido por Ronald Smith,
Pancho Sazo y Hugo Pirovich, donde en esa ocasión el entrevistado fui yo como
integrante de la banda Al Otro Pueblo. Es difícil sintetizar la importancia que
la música de Congreso ha tenido en mi vida, en mi desarrollo como músico y en
definitiva en mi mirada del arte, cada concierto es una clase magistral donde
la sutileza de las dinámicas, el uso medido de cada instrumento en función del
concepto de cada composición es capaz de llenar de virtuosismo interpretativo
hasta aquellas piezas que pueden tener una estructura armónica simple, sin
grandes pretensiones, pero donde el texto de Pancho Sazo en un dialogo indisoluble con la música de Tilo González pasa a ser el centro de este llamado a
los pueblos extintos, a la mujer que abandonada por su amor forastero alza el pañuelo a orillas de algún
puerto, a Nicanor homenajeando a la tierra y a cada cultura de este continente
y de otros que encuentran en la música de Congreso el sincretismo perfecto, ese
que no reconocen los medios, que no sale en la radio ni en la tele, pero que
sin lugar a dudas es el testimonio más valioso de lo que somos como humanidad
para las futuras generaciones. Mil gracias Congreso por tanta luz y tanta
música!
Este Blog es una instancia para poder compartir con ustedes mis trabajos en poesía y música además de artículos sobre educación, cultura, ecocienca y algunas visiones, impresiones,letras que desde la sencillez pretenden ofrecer otra mirada entre tanta hegemonía imperante.
viernes, 20 de septiembre de 2019
domingo, 25 de agosto de 2019
LIMACHE, EL PARAÍSO DE LAS INMOBILIARIAS
No es novedad (y no por éso no debemos dejar de sorprendernos) que las ciudades carecen de un diseño estratégico que involucre las múltiples necesidades y aspectos de la vida en comunidad, más aún, en un contexto en que la mirada del ser humano en relación a su entorno natural necesita urgentemente de una revisión que de garantías de sostenibilidad. Calles que se fueron ampliando, barrios que aparecieron en lugares donde habían áreas verdes, saturación automotriz sin vías de tránsito expeditas, carencia de ciclo vías, desaparición progresiva del pequeño comercio local y su reemplazo por supermercados y farmacias del retail, pérdida de la cultura relacionada al mundo rural y transformación forzosa de los elementos identitarios de nuestros pueblos. Esto es lo que hoy ocurre en mi comuna, Limache, donde la falta de participación en el diseño estratégico de la ciudad y la ausencia de una perspectiva de futuro centrada en el buen vivir de sus habitantes, la ha transformado en los últimos años en una de las comunas con menor superficie de áreas verdes por habitante (2,37m2/hab) figurando como la número 18 peor evaluada entre 117 municipios analizados en estudio del Sistema de indicadores y estándares de desarrollo urbano (Siedu) a través de datos generados por el Instituto nacional de estadísticas, el Minvu y el Consejo de desarrollo urbano. Esto por muy decepcionante que sea, no es novedad para quienes habitamos esta comuna y hemos visto el desmesurado crecimiento de proyectos inmobiliarios en lugares donde poco queda de patrimonio urbanístico o áreas verdes de libre acceso. Los cerros y sitios eriazos donde antes los niños se reunían a encumbrar volantines, andar en bicicleta o simplemente a correr y caminar a lo ancho de un espacio libre de hormigón, hoy son cercados para futuros condominios y edificios departamentos, todo esto bajo anuncios llenos de demagogia que hablan del compromiso del gobierno local con el sueño de la casa propia, pero desprovisto de todo el soporte que debiese dar garantías para que la habitabilidad vaya de la mano con la calidad de vida, cediendo a la "responsabilidad empresarial" de las constructoras que el anhelo de la casa propia satisfaga los múltiples factores que inciden en la percepción del buen vivir de quienes habitarán los cubículos destinados para la convivencia. Pareciera como si las empresas inmobiliarias estuviesen aprovechando la contingencia de una comuna con un plan regulador desactualizado y en su apuro, los proyectos no contemplan espacio, contexto, ni perfil de una ciudad que claramente terminará por adaptar su diseño al flujo vehicular y la irrupción de los condominios.No resulta curioso que la segunda comuna peor evaluada en el estudio antes mencionado sea Olmué (1,35m2/hab de áreas verdes), dos ciudades vecinas, secuestradas desde la política con una misma visión, esa que no reflexiona su territorio, que no convoca visiones ni multiplicidad de opiniones, donde el privilegiar el patrimonio y el medio ambiente son relatos valiosos en cuanto puedan dar réditos electorales y no profundidad en el diseño global del espacio que se habita,. Un hogar desprovisto de acceso a áreas verdes, cercanía con escuelas, lugares para el desempeño laboral, esparcimiento, comercio, centros de promoción y atención de salud, participación social, desarrollo cultural, deportivo y espiritual y un adecuado plan estratégico de seguridad, solo da cuentas de una ciudad que no cuida a quienes invita a vivir en ella, que se desentiende del ser humano como actor multi dimensional inserto en un territorio, de políticos que usan el slogan de la expansión urbana como nicho de propaganda populista a costa del sacrificio de los rasgos que identifican a un pueblo y de su calidad de vida, muy distinto sería si esta ciudad amable en su origen, puediese ofrecer una estrategia que permita el desarrollo integral de quienes la habitan, lo que a todas luces no es el caso, por omisión, falta de visión, negligencia o intereses involucrados.
Joel González Vega
Profesor, Músico de Al Otro Pueblo
Activista Medio ambiental
Dirigente Sindical
Joel González Vega
Profesor, Músico de Al Otro Pueblo
Activista Medio ambiental
Dirigente Sindical
viernes, 12 de abril de 2019
Cardones Polpaico y el blindaje del Estado a la depredación.
Ayer 11 de abril de 2019, presenciamos un nuevo capítulo de
esta novela escrita por los secuaces del poder, al más puro estilo de “1984” de
Orwell, o de “rebelión en la granja” y su casta de guardianes que vigilan los
intereses de los cerdos. Sorpresivamente en el silencio de la madrugada,
fuerzas especiales hacen ingreso a la comunidad de la dormida con la
determinación de bajar a los activistas de lo alto de la torre 826 tras 10 días
movilizados y de disolver el campamento que les acompañaba para atender sus urgencias
. El intendente Jorge Martínez comunica públicamente la denuncia interpuesta
contra todos quienes resulten responsables como autores, cómplices o
encubridores de la ocupación no autorizada de la torre del proyecto Cardones
Polpaico. En este mismo comunicado, el intendente lejos de ceñirse a justificar
legalmente su denuncia, argumenta desde la necesidad de cautelar la
finalización de este proyecto haciendo suyas las palabras del slogan
publicitario de la empresa Isa Inter Chile y del Estado como primer mandante
del proyecto, declarando respecto a la carretera eléctrica “que tiene un 99% de avance y
cuyo objetivo es traer a la zona central energías renovables del norte del
país, reduciendo los costos en energía en el mediano y largo plazo e igualmente
importante, reduciendo el uso de energías más contaminantes. Es frente a estas
circunstancias y ante la convicción de que se trata de un proyecto beneficioso
para todo el país y que cumple con todas las exigencias, que el intendente
regional ha invocado el artículo 272 del código penal…” Transcrito lo
anterior no puedo dejar de señalar que el Intendente al parecer no sabe que el
primer proyecto en carpeta dispuesto a colgarse de la red de Cardones Polpaico
es la termoeléctrica Los Rulos (que no califica bajo los criterios de
sustentabilidad), omite además que los servicios sectoriales regionales bajo su
responsabilidad han obviado su rol fiscalizador tras las evidentes faltas e
irregularidades cometidas durante su construcción, (a pesar de las innumerables
denuncias al respecto), algunas de las cuales han tenido resultado de muerte de
los propios trabajadores de la empresa a cargo de las obras. Al señor Martínez
al parecer le importa replicar las expectativas macro económicas y la
especulación impuesta por las empresas energéticas, por sobre el resguardo de
un territorio prioritario de conservación como es la reserva mundial de la
biósfera la campana-peñuelas, sus ecosistemas, su biodiversidad, las formas de
vida en armonía con el entorno, las pequeñas economías, las tradiciones locales
y las especies endémicas en riesgo de
extinción que han sido taladas y desforestadas por parte de la empresa Edemsa,
sin dejar de considerar, la seguridad de los propios trabajadores que han visto
vulnerados sistemáticamente sus derechos y la integridad de vecinos próximos al
levantamiento de obras. El intendente ofrece en su declaración pública
publicidad gratuita a un proyecto cuya probidad está severamente cuestionada
tras el informe de la comisión investigadora de la cámara de diputados que fue
lapidario en evidenciar el fraude durante su proceso de participación ciudadana, es decir, está dispuesto a poner en riesgo su imagen pública al
dar convencido respaldo a una empresa que ha avanzado en sus
obras transgrediendo un sinfín de regulaciones y que incluso ha costado la vida
de 7 personas. Si de algo tengo absoluta certeza es que la autoridad política continúa
siendo el servil guardián de los intereses privados, esos donde los mismos de
su especie tienen parte…como no mencionar al nuevo director de Isa, el Señor
Herman Chadwick Piñera y su ilustre parentela. La resistencia en la dormida es
un vértice icónico de la lucha que durante 5 años las comunidades han alzado
para resistir a la devastación de los territorios. Por lo pronto la comunidad
de la dormida seguirá atenta a que el Servicio de evaluación ambiental responda
a su solicitud de invalidar la RCA del proyecto, tal como lo avala el fallo del
tribunal ambiental de Santiago. Mientras la dignidad mantenga una reserva en la
moral de sus habitantes, no existirán vencidos, solo voluntades dispuestas a
seguir defendiendo la vida y la tierra.
Joel González Vega
Activista socio ambiental
Docente, poeta
Músico de Al Otro Pueblo.
sábado, 23 de marzo de 2019
Bachelet y Piñera, los cómplices de Monsanto en Chile
La ex Presidenta de Chile Michelle Bachelet fue protagonista gravitante en el desarrollo de una posible apertura masiva a los cultivos transgénicos en nuestro territorio. Fue su gobierno el que patrocinó el proyecto ley de obtentores vegetales que busca dar cumplimiento al Convenio UPOV 91 y así favorecer a las empresas transnacionales y semilleras que a través del registro de propiedad intelectual pretenden extender el monopolio sobre la actividad agroalimentaria y las diversas prácticas relacionadas con la reproducción y libre uso de las variedades de semillas. Como muchos convenios internacionales, UPOV 91 se basa en criterios exclusivamente economicistas y paradójicamente a pesar de ser un convenio de carácter inter gubernamental su único propósito es velar por los intereses de las corporaciones privadas. Si bien el proyecto de ley de obtentores vegetales no lo establece tácitamente, dentro de sus derivadas y de acuerdo a las definiciones que los técnicos pro transgenia han usado para extender los cultivos GM en el mundo, las semillas transgénicas pueden ser una de las tantas variedades que al ser consideradas distintas, estables y homogéneas, se introduzcan en la producción local resguardadas por el registro de propiedad intelectual.
Durante el gobierno de Bachelet los entonces senadores Fernando Flores, Eduardo Frei, Alberto Espina, Andrés Allamand y Juan Antonio Coloma presentan el denominado proyecto de Bioseguridad de vegetales genéticamente modificados que pretende liberar la producción de cultivos transgénicos para ser comercializados en el mercado local, actualmente Chile produce semillas transgénicas solo destinadas a la exportación. Este hito es una muestra más de dos ejes permanentes del funcionamiento parlamentario al momento de legislar, la desinformación respecto a las implicancias inmediatadas y a largo plazo de los proyectos propuestos y el fuerte lobby de los intereses corporativos por sobre los de la ciudadanía.
EL APORTE DE PIÑERA:
El Gobierno de Sebastián Piñera a través del Ministerio de Agricultura presentó en Marzo del año 2011 una serie de indicaciones al proyecto de bioseguridad de Vegetales Genéticamente Modificados que lo único que pretenden es profundizar la extensión de los cultivos transgénicos en nuestros suelos, en claro beneficio de los intereses particulares de las empresas semilleras y transnacionales ligadas a la agroindustria. Algunas de estas cuestionadas indicaciones son:
1) El proyecto elimina el requerimiento de estudio de impacto ambiental para los transgénicos de uso agrícola y forestal requerido por la Ley de Medio Ambiente (Art 10 r, Ley 19.300).
2) El proyecto da aprobación automática a los cultivos transgénicos denominados para "uso controlado", con fines de investigación o multiplicación de semillas. Las empresas sólo deben dar aviso al SAG con 5 días de anticipación. No requieren evaluación de riesgo, estudio de impacto ambiental o información a la ciudadanía. Sólo deben cumplir desconocidas medidas de bioseguridad que aplique el SAG. Muchos de estos cultivos serán pruebas de campo de nuevos eventos peligrosos, como los farmacultivos rechazados en otros países, cuyos impactos no han sido suficientemente evaluados. Este sistema legitima el uso de Chile como patio trasero de estas compañías.
3) El proyecto establece el "uso liberado" de cultivos transgénicos comerciales para uso nacional o de exportación. Estos deben ser aprobados sólo la primera vez, quedando luego liberados sin el requerimiento de solicitar permisos nuevamente. Solo necesitan de una simple evaluación de riesgo y si su solicitud es rechazada las empresas gozan de amplios derechos para apelar la resolución.
4) El proyecto permite la declaración de sitios centros de origen y de diversidad para resguardar los recursos en ellos contenidos Sin embargo, esta protección es insuficiente, pues se permite la liberación de transgénicos dentro de ellos. Asimismo se crean solamente bajo propuesta del Ministerio de Agricultura, no se permite propuestas de la sociedad civil o de los mismos agricultores que quisieran resguardar sus cultivos de la contaminación. A través de ellos no es posible proteger los cultivos tradicionales diseminados en todo Chile que aun están en manos de pequeños agricultores que resguardan este amenazado patrimonio, como por ejemplo las razas de maíz existentes en Chile. Tampoco resguarda los parientes silvestres de los cultivos transgénicos, que son especies endémicas o nativas de amplia distribución.
5) El proyecto va en detrimento del desarrollo de la agricultura orgánica y convencional libre de transgénicos, pues no establece un sistema de protección de los mismos y de responsabilidad y compensación por la contaminación de cultivos y por la pérdida de certificación orgánica.
6) El proyecto otorga la facultad a las empresas para mantener reservada la información de la modificación genética de los cultivos, lo que imposibilita una evaluación cabal de sus riesgos e impactos, como asimismo su seguimiento y trazabilidad.
7) El proyecto establece que los alimentos transgénicos no deberían ser etiquetados violando el derecho a los consumidores a una información veraz y oportuna establecida por la Ley del Consumidor. En cambio, establece un etiquetado voluntario de los productos libres de transgénicos, dejando la carga de la prueba a los alimentos más sanos y seguros que son aquellos libres de transgénicos. Éstos deberán asumir mayores costos de análisis de contenidos y pagar multas, lo que de inmediato desincentivará este tipo de etiquetado.
Las organizaciones que nos oponemos a la transgenia rechazamos absolutamente los proyectos de ley de obtentores vegetales y de bioseguridad de vegetales genéticamente modificados. Creemos que el resguardo de nuestro patrimonio genético y de las prácticas agrícolas tradicionales ajenas a los intereses lucrativos de las empresas de la agroindustria son en definitiva el único camino hacia un desarrollo agrícola sustentable, autónomo y respetuoso de las pequeñas economías y miradas que se ciernen sobre ella, pero sobre todo un instrumento para la producción alimentaria saludable y coherente con los ciclos de recuperación de nuestra madre tierra.
Durante el gobierno de Bachelet los entonces senadores Fernando Flores, Eduardo Frei, Alberto Espina, Andrés Allamand y Juan Antonio Coloma presentan el denominado proyecto de Bioseguridad de vegetales genéticamente modificados que pretende liberar la producción de cultivos transgénicos para ser comercializados en el mercado local, actualmente Chile produce semillas transgénicas solo destinadas a la exportación. Este hito es una muestra más de dos ejes permanentes del funcionamiento parlamentario al momento de legislar, la desinformación respecto a las implicancias inmediatadas y a largo plazo de los proyectos propuestos y el fuerte lobby de los intereses corporativos por sobre los de la ciudadanía.
EL APORTE DE PIÑERA:
El Gobierno de Sebastián Piñera a través del Ministerio de Agricultura presentó en Marzo del año 2011 una serie de indicaciones al proyecto de bioseguridad de Vegetales Genéticamente Modificados que lo único que pretenden es profundizar la extensión de los cultivos transgénicos en nuestros suelos, en claro beneficio de los intereses particulares de las empresas semilleras y transnacionales ligadas a la agroindustria. Algunas de estas cuestionadas indicaciones son:
1) El proyecto elimina el requerimiento de estudio de impacto ambiental para los transgénicos de uso agrícola y forestal requerido por la Ley de Medio Ambiente (Art 10 r, Ley 19.300).
2) El proyecto da aprobación automática a los cultivos transgénicos denominados para "uso controlado", con fines de investigación o multiplicación de semillas. Las empresas sólo deben dar aviso al SAG con 5 días de anticipación. No requieren evaluación de riesgo, estudio de impacto ambiental o información a la ciudadanía. Sólo deben cumplir desconocidas medidas de bioseguridad que aplique el SAG. Muchos de estos cultivos serán pruebas de campo de nuevos eventos peligrosos, como los farmacultivos rechazados en otros países, cuyos impactos no han sido suficientemente evaluados. Este sistema legitima el uso de Chile como patio trasero de estas compañías.
3) El proyecto establece el "uso liberado" de cultivos transgénicos comerciales para uso nacional o de exportación. Estos deben ser aprobados sólo la primera vez, quedando luego liberados sin el requerimiento de solicitar permisos nuevamente. Solo necesitan de una simple evaluación de riesgo y si su solicitud es rechazada las empresas gozan de amplios derechos para apelar la resolución.
4) El proyecto permite la declaración de sitios centros de origen y de diversidad para resguardar los recursos en ellos contenidos Sin embargo, esta protección es insuficiente, pues se permite la liberación de transgénicos dentro de ellos. Asimismo se crean solamente bajo propuesta del Ministerio de Agricultura, no se permite propuestas de la sociedad civil o de los mismos agricultores que quisieran resguardar sus cultivos de la contaminación. A través de ellos no es posible proteger los cultivos tradicionales diseminados en todo Chile que aun están en manos de pequeños agricultores que resguardan este amenazado patrimonio, como por ejemplo las razas de maíz existentes en Chile. Tampoco resguarda los parientes silvestres de los cultivos transgénicos, que son especies endémicas o nativas de amplia distribución.
5) El proyecto va en detrimento del desarrollo de la agricultura orgánica y convencional libre de transgénicos, pues no establece un sistema de protección de los mismos y de responsabilidad y compensación por la contaminación de cultivos y por la pérdida de certificación orgánica.
6) El proyecto otorga la facultad a las empresas para mantener reservada la información de la modificación genética de los cultivos, lo que imposibilita una evaluación cabal de sus riesgos e impactos, como asimismo su seguimiento y trazabilidad.
7) El proyecto establece que los alimentos transgénicos no deberían ser etiquetados violando el derecho a los consumidores a una información veraz y oportuna establecida por la Ley del Consumidor. En cambio, establece un etiquetado voluntario de los productos libres de transgénicos, dejando la carga de la prueba a los alimentos más sanos y seguros que son aquellos libres de transgénicos. Éstos deberán asumir mayores costos de análisis de contenidos y pagar multas, lo que de inmediato desincentivará este tipo de etiquetado.
Las organizaciones que nos oponemos a la transgenia rechazamos absolutamente los proyectos de ley de obtentores vegetales y de bioseguridad de vegetales genéticamente modificados. Creemos que el resguardo de nuestro patrimonio genético y de las prácticas agrícolas tradicionales ajenas a los intereses lucrativos de las empresas de la agroindustria son en definitiva el único camino hacia un desarrollo agrícola sustentable, autónomo y respetuoso de las pequeñas economías y miradas que se ciernen sobre ella, pero sobre todo un instrumento para la producción alimentaria saludable y coherente con los ciclos de recuperación de nuestra madre tierra.
domingo, 24 de febrero de 2019
DL 701 y Ley Monsanto, el Estado “corporativo” contra el pueblo Mapuche
Cuando se
menciona la resistencia del pueblo Mapuche, es imposible seguir afirmando que
esta es una herencia legada hasta nuestros días desde la conquista Española. El
Estado de Chile aparece en diversos momentos de la historia como el ideólogo de
la usurpación, la marginación y el exterminio progresivo de la cultura de
quienes son habitantes ancestrales de esta tierra. La autonomía de la que gozaba el pueblo
Mapuche desde el río Bio Bio al Sur gracias a prolongadas negociaciones con la
corona Española se vio interrumpida a mediados del siglo 19 tras la insistencia
del Estado en ocupar las tierras de wallmapu con una seguidilla de acciones que
buscaban en principio ampliar la soberanía y potestad sobre las tierras del
sur, sin embargo, el llamado proceso de “Pacificación de la Araucanía”, no fue
sino una consigna ideológica que justificaba la ocupación militar y la colonización
de tierras mapuches, situación que se ha profundizado a partir de la aplicación
de medidas de carácter político que han tenido su peor cara en el Decreto Ley
701 de expansión forestal y de la amenaza permanente de la ley de obtentores
vegetales. Previo a la Dictadura, el Gobierno de Salvador Allende había logrado
restituir a las comunidades Mapuches un total de 132,115 hectáreas usurpadas,
esto a través de la Ley indígena 1729 y la reforma agraria, lo que fue el mayor
avance logrado a partir de políticas gubernamentales en cuanto a sus demandas.
Años después, la comisión Rettig cuantificaba la dramática cifra de 136
Mapuches muertos en manos del terrorismo de Estado cívico militar, lo que se
sumó a un proceso de reversión de las tierras recuperadas para los Mapuches en
beneficio de sus propietarios anteriores al proceso de restitución histórica.
En 1974, la Junta Militar publicó el Decreto de Ley 701 sobre expansión y
fomento de la actividad forestal, a través del cual por medio de subsidios,
exención tributaria y bonificaciones se incentivaba la actividad forestal
concentrada principalmente en manos de Celulosa Arauco del grupo Angelini y de
CMPC Celulosa del grupo Matte. Estos conglomerados empresariales concentran
alrededor del 75% de las exportaciones forestales, con un patrimonio que ha
sido acumulado gracias a la usurpación de las tierras ancestrales del pueblo
Mapuche y las plantaciones de monocultivos que han reemplazado el bosque
nativo, afectando la biodiversidad de los territorios intervenidos, desertificando
y erosionando los suelos, impactando además a las comunidades que desarrollan
su vida en comunión con la naturaleza. El DL 701 fue extendido tras el retorno
a la democracia por los gobiernos que sucedieron a la dictadura, siendo el
instrumento político que más incidió en la segregación, marginalidad y
usurpación de la cultura Mapuche, en exclusivo beneficio por el contrario de
las oligarquías económicas que han sido sacralizadas como pilar fundamental del
actual modelo de desarrollo de Chile. Otra de las amenazas directas al
patrimonio de los pueblos originarios y de las comunidades campesinas es el
proyecto de ley de obtentores vegetales, más conocido por la opinión pública
como “Ley Monsanto” (aludiendo a la multinacional). Durante el gobierno de
Ricardo Lagos se firmó el tratado de libre comercio con Estados Unidos, dentro
del cual figuraba el Convenio Upov 91 que Chile debía suscribir como parte
íntegra del TLC. Dicho convenio extiende las facultades de los denominados
“obtentores”, corporaciones o grupos científicos asociados a empresas o
entidades de investigación que descubren o crean una variedad vegetal que sea
considerada nueva, distinta, homogénea o estable. Este convenio busca regular
el sistema de registro de propiedad intelectual de las variedades vegetales y
sus semillas, lo que en la práctica es un respaldo legal para el monopolio de
la actividad agroalimentaria y la biopiratería.
Upov entiende que una semilla “nueva” es aquella que no ha sido
registrada o comercializada antes, lo que deja en total indefensión a las
comunidades campesinas que han entendido desde tiempos ancestrales que la
semilla es patrimonio común que no necesita ser patentado, registrado ni
comercializado, muy por el contrario se intercambia para el beneficio de toda
la comunidad. Si alguna empresa agroindustrial descubre que una de estas
semillas no está registrada ni ha sido comercializada, bastaría que en
laboratorio se le altere una propiedad cosmética, color o tamaño para
apropiarse de ella como variedad “distinta y nueva” y a partir de ahí, las
comunidades campesinas que han hecho uso tradicional de sus semillas tendrían
que pagar derechos y acotar su uso de acuerdo a las restricciones establecidas
por quien la ha registrado, es decir, su obtentor, habitualmente una empresa
ligada a la agroindustria. Si bien Upov 91 fue ratificado en el Senado el año
2011, este no puede aplicarse aún en el país ya que la ley de semillas en
vigencia (n° 19.342) es el soporte jurídico de una versión anterior del convenio
(Upov 78) y necesita ser actualizada, para este propósito es que la ex
presidenta Bachelet en su primera gestión envía al parlamento el proyecto de
ley de obtentores vegetales, extendiendo las facultades de quienes en la
práctica tengan la capacidad de registrar las variedades de semillas y la
pretensión de monopolizar la actividad agroindustrial en desmedro del pequeño
campesinado. Durante la campaña electoral que derivó en el segundo gobierno de
Bachelet, las presiones ciudadanas y emplazamientos liderados por la campaña Yo
No Quiero Transgénicos en Chile lograron que el ejecutivo bajara de la tabla la
discusión parlamentaria de la ley, no obstante aún se mantiene en el Congreso
con posibilidades de volver al debate. El apuro del actual Gobierno de Sebastián
Piñera por ratificar el TPP 11 podría ver reflotada la Ley Monsanto y de
aprobarse, el Convenio Upov 91 entraría en vigencia en nuestro país, contando
los días para la supervivencia de la agricultura familiar campesina,
desarraigando a los pueblos originarios de la semilla como elemento sagrado
cedido por la naturaleza para beneficio de toda la comunidad.
Joel
González
Activista
socio ambiental
sábado, 27 de octubre de 2018
Agua, una urgencia impostergable
Artículo seleccionado y publicado en la Agenda Latinoamericana Mundial 2019
Durante los últimos veranos, los vecinos de los sectores
altos de la localidad de Olmue, apacible pueblo de la zona central de Chile,
han tenido que convivir con la falta de agua potable o bien con su distribución
a través de camiones aljibes. Esta realidad lejos de ser una excepción a la
regla, se ha convertido en un testimonio cada vez más frecuente, sobre todo en
aquellos países donde sus Estados han privilegiado la permanencia de un modelo
de desarrollo sustentado principalmente en la sobre explotación de bienes naturales
finitos, sin considerar los impactos que el cambio climático está dejando en
los ecosistemas. El agua más allá de ser un “recurso” extraíble para los
procesos productivos, es un bien estratégico e ineludible a la hora de
proyectar la supervivencia en el Planeta. En la actualidad una de cada diez
personas en el mundo no tiene acceso a agua potable y según proyecciones del
Foro Económico Mundial se estima que para el 2030 habrá una demanda un 40% más
alta que no podrá ser abastecida, unos 1.400 niños mueren a diario producto de
diversas enfermedades derivadas de la falta de saneamiento y alrededor de 770
millones de personas no cuentan con agua, en su gran mayoría quienes viven en
situación de pobreza, barrios marginales o sectores rurales. El agua dulce es
por hoy la principal fuente de abastecimiento para satisfacer nuestras
múltiples necesidades, siendo tan solo el 2,5% del total del agua disponible en
el planeta, la que en gran medida está congelada en los polos y glaciares o
circulando en surcos subterráneos, ríos o lagos. Desde el relato que dicta el
sentido común, queda fuera de toda discusión que el acceso al agua destinada a
la población esté mediatizada por su disponibilidad para los enclaves
productivos del extractivismo, la mega minería, la producción energética y la
agroindustria, sin embargo, lo que podemos vislumbrar es que las legislaciones
de muchos países en vías de desarrollo que sacralizan las cifras macro económicas
por sobre la justicia ambiental y la equidad social, han invertido sus
prioridades, promoviendo marcos legales que dan amplias garantías a las grandes
empresas sin considerar las urgencias del futuro como eje estratégico en la
construcción de políticas públicas que HOY son impostergables. Las realidades
son diversas y sin pretender ser alarmista, todas ellas en el contexto de la
necesidad de resguardar el agua como bien indispensable (y por lo pronto
irremplazable) tienen una carga de dramatismo, desde comunidades que se
desplazan kilómetros para encontrar algún acuífero y regresar con un par de
tinajas, a aquellas que deben surtirse de agua a través de camiones aljibes que
no garantizan su inocuidad y potabilidad, vecinos cuya relación con el agua es
a través de un vínculo clientelar donde el pago de un boleta deja en evidencia
el carácter privatizador que en muchos países del mundo rige su administración
o poblados que han visto violentado el derecho a la vida por aquellas empresas
que disputan el uso del agua básicamente como un recurso al servicio de
rentabilizar sus proyectos y quienes por otra parte distantes de la
problemática, derrochan desde el surrealismo de quienes gozan de privilegios en
tiempos de escases. Cuando la ONU
reconoce que el acceso al agua es un derecho humano inalienable, lo hace dejando en claro que no puede existir
conveniencia empresarial o política, ni legislaciones o normas que prioricen el
mercado como filtro regulador del acceso a un bien sin el cual la vida en el
planeta es inviable. En esta resolución, la ONU llama a “los Estados y
Organizaciones internacionales a proveer recursos financieros, construcción de
capacidades y transferencia tecnológica, a través de asistencia y cooperación
internacional”, sin embargo, esta declaración puede tener diversos matices
según sea la permeabilidad política de los Gobiernos, la solidez de sus
instituciones y la vulnerabilidad de sus políticas públicas frente a las
presiones adjuntas a los tratados de libre comercio que en su gran mayoría son
el salvo conducto para aquellas transnacionales que continúan con las prácticas
de usurpación intensiva. En mi país, Chile, son cerca de 417 mil las personas
que sufren directamente la falta de agua, en un Estado que hace alarde de sus
cifras macro económicas y de su posicionamiento en el escenario internacional
como país en vías de desarrollo, pero que no obstante ello, ha decidido
mantener desde sus elites gobernantes un modelo de gestión y administración de
las aguas que privilegia el mercado y la propiedad privada sobre un elemento
vital e indispensable para la subsistencia.
Joel González Vega
Músico de Al Otro Pueblo
Activista Socio ambiental
Vocero Movimiento Libres
de Alta Tensión
martes, 16 de octubre de 2018
Quintero-Puchuncaví, el sacrificio de respirar
No sorprende
el constatar como a lo largo de la historia los territorios cambian su
fisonomía. Los asentamientos humanos y sus actividades productivas van dejando
una huella que en la mayoría de los casos no cautela cuales son sus diversos
impactos en los ecosistemas, en el clima y en la biodiversidad. En Chile hoy
existen comunidades que no decidieron convivir junto a un cordón industrial, ni
a empresas que contaminan, no les consultaron como soñaban el futuro, ni mucho
menos se les informó respecto a los inminentes daños y perjuicios que el lastre
dejado por el desarrollo sería una carga que tendría costos, muchas veces
irreparables, a su salud y a su calidad de vida. Esto es lo que quedó en evidencia
el pasado 21 de agosto, tras la masiva intoxicación producida en Quintero,
localidad cuyo nombre se debe al Español Don Alonso de Quintero, personaje de
una época que relata un territorio fértil, rico en flora nativa, donde incluso
durante varios años tras la conquista, sus habitantes lograron surtirse de
alimento gracias a las bondades naturales que propiciaron la agricultura y la
pesca. En un principio fueron 30 estudiantes intoxicados con un gas de “origen
desconocido” lo que alertó a la comunidad y a la autoridad que decretó la
evacuación del Liceo Politécnico y los Colegios Santa Filomena y Alonso de
Quintero. Finalmente la suspensión de clases en un estado de emergencia
ambiental fue una de las medidas precautorias justificadas por las casi 400
personas intoxicadas, muchas de ellas menores de edad, adultos y mujeres en
edad fértil. Han sido 50 años de contaminación emanada de un parque industrial
que ha ido creciendo con el tiempo y que a la fecha ya cuenta con 15 grandes
empresas en una bahía que incluso en su ordenamiento político alguna vez
hermanó a Quintero y Puchuncaví como una solo comuna. Tras el lamentable
episodio, la prensa se agolpó en las calles de la ciudad, la misma que durante
décadas en escasas ocasiones había publicado algo respecto a la situación de
debacle ambiental vivida en la bahía, llegaron los Ministros, los Alcaldes
tomaron el micrófono, llegaron Parlamentarios y el Presidente de la República
tomó vocería desde un Estado que ha fallado y que ha sido cómplice benevolente frente
al atropello de las empresas que han violado los derechos humanos de una
comunidad que ha sido sacrificada con el único fin de mantener este polo
productivo bajo estándares que no dan cuenta de las necesidades de quienes
habitan el territorio. Declaraciones apresuradas, informaciones contradictorias,
desmentidos oficiales, interés por sacar provecho político, conflictos de interés,
denuncias de encubrimiento y directivos de empresas cuestionadas evadiendo
cualquier responsabilidad que los involucre en el hecho, sin antes hacer alarde
de sus estándares de calidad en un territorio donde todo ha fallado y al
parecer ha sido intencionadamente ineficiente. Lo más visceral y obscuro del
ser humano queda al descubierto, de un humano que no solo contamina desde las
fumarolas de sus industrias, sino también desde su insaciable ambición y
egoísmo. No es de extrañar que este desfile de personalidades se haya
presentado como una caricatura surrealista que no se condice con la cruda
realidad y necesidad de reparación que demandan los vecinos. Lo que ha ocurrido
recientemente en Quintero no es una excepción, ni mucho menos un hecho aislado,
en un país donde las normativas ambientales son en extremo permisivas, donde la
participación e injerencia ciudadana en la evaluación de los proyectos no pasa
de ser un acto testimonial y decorativo, donde la media diaria de emanación de
material particulado y dióxido de azufre sugerido por la OMS es ampliamente
superado por la precaria restricción Chilena, en una bahía que ha tenido que
soportar sobre sus aguas, sus tierras, en la sangre de sus habitantes, en el
aire que respiran, en las vidas que están por nacer, un cóctel tóxico de
arsénico, dióxido de azufre, 2-ethilexanol, derrames de carbón y diesel y
recientemente metilcloroformo, isobutano y nitrobenceno, por nombrar algunos
contaminantes a los que la población de Quintero y Puchuncaví han estado
expuestos durante décadas, conviviendo al costado de empresas cuyos “altos
estándares de seguridad” siguen siendo a la medida de la precariedad y la
inoperancia de las legislaciones y normativas nacionales. Evidentemente Ministro Santelices, la
historia de esta Bahía diezmada por el cordón industrial es mucho más que
taparse la nariz ante la amenaza de “olores ofensivos”, sino que es la
construcción de vínculos desarraigados por el cáncer y otras patologías
crónicas, de pescadores que saben que lo que extraen del mar es el germen de la
contaminación de las empresas amparadas por el Estado y de madres que ven con
incertidumbre el futuro de sus hijos.
Joel
González
Músico,
Poeta
Profesor,
Activista socio ambiental.
martes, 22 de mayo de 2018
Mujeres de zona de sacrificio en Resistencia
Desde la cosmovisión de muchos pueblos originarios del planeta
se asocia a la naturaleza con la figura de la “madre”. Para el pueblo Aymara la
naturaleza es “Pacha Mama”, así como para los Mapuches es “Ñuke Mapu” o
“Meyedobo” para los Ngoble Buge de Panamá, todos ellos haciendo mención a la
“madre tierra”, un ser femenino que respira y con el cual la supervivencia de
la especie depende de una relación armónica entre los ecosistemas y quienes los
habitamos. En la actualidad se estima que unas nueve millones de personas han
muerto en el planeta en los últimos años por causas derivadas de la
contaminación ambiental, es decir, tres veces más que las muertes provocadas
por el sida, la tuberculosis y la malaria juntos, así se evidencia en el
resumen ejecutivo del Informe de la revista británica “The Lancet”, estudio
científico que tuvo gran impacto en la comunidad médica y en la prensa
internacional ya que por primera vez se explicita la necesidad de entender los
conflictos medio ambientales como una prioridad de salud pública. Hoy la
contaminación mata más que la guerra, el terrorismo, el hambre, los desastres
naturales y el Sida, siendo en total la responsable de un 16% del total de las
muertes anuales en el mundo. Considerando lo anterior es que el Departamento de
Derechos Humanos del Colegio Médico de la 5ª región, organizó el ciclo “Salud y
Vida” con la finalidad de convocar a diversos actores sociales involucrados en
conflictos ambientales así como a representantes de las comunidades que han
debido convivir con el daño (muchas veces irreparable) provocado por la
contaminación. En la ocasión expusieron Hernán Ramírez asesor de “Comunidades
por derecho a la vida” y María Teresa Almarza en representación de “mujeres de
zona de sacrificio en resistencia”, organización creada a raíz de los problemas
de salud de Puchuncaví y Quintero como consecuencia de la contaminación emanada
por diversas industrias. En ausencia de una institucionalidad que garantice el
derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, “mujeres de zona
de sacrificio” ha estado presente desde la fiscalización, la denuncia y la
educación comunitaria, es así como han señalado que uno de cada cinco niños de
la comuna de Puchuncaví nace con diversos problemas neurológicos o de aprendizaje,
además de denunciar otros problemas sanitarios relevantes, tales como abortos espontáneos, mal formaciones
congénitas, asma, enfermedades obstructivas crónicas y cáncer al pulmón, todas
estas, relacionadas al material particulado respirable presente en una zona de
sacrificio donde progresivamente se han instalado una gran cantidad de industrias:
Gasmar, Enap, Codelco, Aes Gener, Cemento Melón, Oxiquím, Puerto Ventanas,
Endesa (por nombrar algunas). Sin lugar a dudas todas las enfermedades
presentes son consecuencias de la sobre explotación de nuestro planeta como
pilar fundamental del “progreso económico”, en un país cuyo modelo de
desarrollo ha privilegiado la extracción intensiva e irracional de bienes
naturales finitos, sin considerar los procesos de recuperación de los
ecosistemas. Cuando el Ministro de energía de la Presidenta Bachelet, Andrés
Rebolledo, niega la existencia de “zonas
de sacrificio” lo hace a sabiendas de que si hay algún mea culpa por parte del
Gobierno, el Estado se convierte inmediatamente en cómplice del deterioro
intencionado a nuestra calidad de vida. “Mujeres de zona de sacrificio” han
resistido a la depredación sistemática de su territorio, donde la sinergia
provocada por cuatro termoeléctricas a carbón y una fundición de cobre,
deterioraron (en algunos casos de manera irreversible) la calidad de vida de
los habitantes de Puchuncaví, Quintero. Los derechos humanos al parecer para el
Estado de Chile tienen una excepción en estos ciudadanos que en algún momento
vivieron de la pesca artesanal y la pequeña agricultura, actividades económicas
que hoy son marginales testimonios de un pasado no muy lejano y que pareciera
ser el bosquejo de un pueblo ficticio que solo hace sentido en algunos pocos
sobrevivientes de la pre industrialización de su territorio. La contaminación
abarca todos los ecosistemas de la zona de sacrificio, su tierra, las napas de
agua subterráneas, el aire y el mar en una bahía usurpada por la ambición
desbordada del “sacro santo progreso” que no da cuentas de los desafíos del
futuro, ni de las urgencias del presente. Desde su experiencia, la organización
nos relata que los últimos gobiernos, lejos de resguardar la salud de los
habitantes de Puchuncaví, han patrocinado nuevos proyectos desde una
institucionalidad que da plenas garantías a las empresas para que puedan seguir
funcionando, promoviendo planes de descontaminación que no dan cuenta de las
reales demandas ambientales, haciendo vista gorda ante el clientelismo ejercido
como la estrategia más efectiva para legitimar la debacle socio ambiental,
fragmentando de este modo el tejido social, instalando las promesas de
prosperidad en aquellos que no dimensionan los profundos impactos del lastre de
las industrias en la salud de las futuras generaciones y en el bienestar de las
actuales. Mujeres de zona de sacrificio sigue en resistencia frente a un
complejo industrial que se ha ido ampliando a través de nuevos proyectos y las
instalaciones portuarias de Ventanas y Quintero. La presencia de alrededor de
18 industrias contaminantes han “aportado” con altas concentraciones de plomo,
cobre, cadmio, arsénico y otros elementos tóxicos. El Instituto nacional de la
investigación agrícola (INIA) concluyó que para recuperar lo suelos de
Puchuncaví se necesitará al menos de 500 años, o bien muchos más si es que HOY
no se toman las medidas adecuadas para reducir paulatinamente los niveles de
contaminación. Por lo pronto, mientras los metales pesados transitan por la
sangre de muchos vecinos de la bahía, la Seremi de Salud 5ª región de la
Presidenta Bachelet, María Graciela Astudillo, coloca la primera piedra del
nuevo Cesfam de Puchuncaví, obra que ha sido posible gracias del Fondo Nacional
de Desarrollo Regional, el Ministerio de salud, el Municipio y Aes Gener,
empresa propietaria de las mismas termoeléctricas a carbón que hoy enferman a los
potenciales usuarios del centro de salud familiar próximo a inaugurar.
Joel González
Profesor
Músico "Al Otro Pueblo",
Poeta
Activista socio ambiental
lunes, 4 de diciembre de 2017
Contaminación, un problema de salud pública
En la actualidad se estima que unas nueve millones de
personas han muerto en el planeta en los últimos años por causas derivadas de la
contaminación ambiental, es decir, tres veces más que las muertes provocadas
por el sida, la tuberculosis y la malaria juntos, así se evidencia en el
resumen ejecutivo del Informe de la revista británica “The Lancet”, estudio
científico que tuvo gran impacto en la comunidad médica y en la prensa
internacional ya que por primera vez se explicita la necesidad de entender los
conflictos medio ambientales como una prioridad de salud pública. Considerando
lo anterior es que el Departamento de Derechos Humanos del Colegio Médico de la
5ª región, organizó el ciclo “Salud y Vida” con la finalidad de convocar a diversos
actores sociales involucrados en conflictos ambientales, así como a
representantes de las comunidades que han debido convivir con el daño (muchas
veces irreparable) provocado por la contaminación. En la ocasión fui invitado a
exponer sobre los perjuicios generados por el uso de plaguicidas químicos y
respecto a los proyectos energéticos que pretenden instalarse en la zona,
también expusieron Hernán Ramírez asesor de Comunidades por derecho a la vida y
María Teresa Almarza en representación de mujeres de zona de sacrificio. Los pescadores
de la zona de Puchuncaví y Quintero
compartieron algunos de sus dramáticos testimonios como víctimas
invisibilizadas de este modelo de desarrollo. Sin lugar a dudas que el cáncer,
las enfermedades cardio respiratorias, los problemas neurológicos, las mal
formaciones congénitas o los abortos espontáneos son solo algunas de las
consecuencias de la sobre explotación de nuestro planeta como pilar fundamental
del “progreso económico”. Cuando el Ministro de energía niega la existencia
de “zonas de sacrificio” lo hace a
sabiendas de que si hay algún mea culpa por parte del Gobierno, el Estado se
convierte inmediatamente en cómplice del deterioro intencionado a nuestra
calidad de vida. Hoy la contaminación mata más que la guerra, el terrorismo, el
hambre, los desastres naturales y el Sida, siendo en total la responsable de un
16% del total de las muertes anuales. Tras este encuentro quedamos con la
positiva sensación de estar frente a una nueva generación de médicos que buscan
involucrarse y apoyar a las comunidades, las que por lo general no son
consideradas en cuanto a la reparación y a la restauración de su vida y su
medio ambiente.
Joel González
Dirigente Ecologista
miércoles, 9 de agosto de 2017
CARDONES-POLPAICO, LA CICATRIZ METÁLICA DEL DESARROLLO A LA CHILENA
El
día 15 de mayo del 2014, el Ministro de Energía, Máximo Pacheco Matte, presentó
al país la Agenda
de Energía. Este documento representa las actuales líneas de
trabajo del gobierno para desarrollar en conjunto con las empresas generadoras,
transportadoras y distribuidoras de energía; además de la industria minera, lo
que se denominó como Estrategia
Nacional de Energía.
En
este sentido el martes 24 de Junio del mismo año se llevó a cabo en el centro
de eventos Casa Piedra en Santiago la Cena Anual de Energía que convocó al
gobierno y al sector privado eléctrico. Durante la jornada, la Presidenta
Michelle Bachelet, acompañada del Ministro Pacheco, declaró cuáles serían los
énfasis en materia de producción y transmisión energética para el país durante
los próximos años con el objetivo de robustecer el Sistema Interconectado del
Norte Grande (SING)
y el Sistema Interconectado Central (SIC)
y descongestionar el sistema de trasmisión a partir del año 2017 expandiendo
nuevas líneas desde la región del Bio Bio hacia el Norte Grande (Polpaico – Pan de
Azúcar, Pan de Azúcar – Maitencillo, Maitencillo – Cardones, Cardones – Diego
de Almagro, Ancoa – Alto Jahuel, Charrúa – Ancoa, el primer circuito Rapel –
Alto Melipilla y Alto Melipilla – Lo Aguirre).
Durante
su presentación, Bachelet, reafirmó su compromiso con el sector privado,
indicando que “aceleraremos
en un año”
la aprobación y puesta en marcha de diversos proyectos de generación y
transmisión eléctrica (los que al momento de estas declaraciones aún estaban en
procesos de evaluación ambiental y con evidentes conflictos y oposición
ciudadana).
Por
su parte, el Ministro de Energía, pidió “voluntad” al sector público
para trabajar en un “esfuerzo
combinado”
con el sector privado.
Otro
de los temas conversados fue “la necesidad de fortalecer la participación
ciudadana de manera que los proyectos de inversión energética sean percibidos
como una oportunidad de bienestar, progreso y movilidad social para las
comunidades”,
ésto según palabras de Pacheco. Desde aquel entonces, las presiones del
Gobierno a través de toda su estructura institucional han buscado la aprobación
de la carretera eléctrica LT 2X500 KV Cardones-Polpaico, (Isa Inter Chile) aún
incluso cuando dicho proyecto estaba en fase de evaluación ambiental y la
Presidenta Bachelet hacía público su respaldo. En el transcurso de su
evaluación, fueron múltiples los reparos ciudadanos en rechazo al proyecto de la empresa Inter Chile, los que fueron escuchados por la Comisión de medio ambiente y
recursos naturales de la Cámara de Diputados y que derivaron en una
investigación cuyo informe fue enfático en denunciar los diversos vicios presentes durante el
proceso de participación ciudadana y el lobby persistente del ex ministro
Máximo Pacheco para disminuir la resistencia local, sobre todo en aquellos
Municipios que alertaron sobre su ofensiva judicial en resistencia a la
Carretera eléctrica que en comunas como Limache y Olmué (parte de la reserva de
la biósfera la campana-peñuelas) se alzará como una cicatriz metálica con las
torres de alta tensión más altas jamás construidas en Latinoamérica (alrededor de
70 metros de altura) con una capacidad de transmisión de 1 millón de voltios
con todo el impacto a los ecosistemas, la fauna y la salud humana que dicho
proyecto conlleva.
Hoy
la carretera eléctrica Cardones-Polpaico, se alza como la gran amenaza para el
surgimiento de nuevos proyectos energéticos que sin el consentimiento ni el
parecer de las comunidades ponen en riesgo la calidad de vida de quienes han
forjado historias, familias y sueños compartidos vinculados a su tierra.
Cardones Polpaico es un proyecto licitado durante el gobierno de Sebastián
Piñera y puesto en urgencia por el de Michelle Bachelet bajo la insistencia de
Máximo Pacheco, Ministro que constantemente justificó su construcción como una
vía indispensable para la conectividad energética del país y para el impulso de
fuentes de energía renovables no convencionales, no obstante ello, el primer
proyecto dispuesto a “colgarse” de esta red es la central termoeléctrica Los
Rulos, la que evidentemente por sus características no califica como matriz
energética sostenible ni renovable. En un país donde el consumo energético que
demanda la población (servicio domiciliario, alumbrado público) es de un 16% y
donde el resto corresponde a la gran minería y mega industria principalmente,
donde el 66% de la matriz energética corresponde a termoeléctricas (Carbón,
diesel, gas natural, petcoke) y un 32% a hidroeléctricas (embalses y represas), es indispensable re pensar el sentido que impulsa a las políticas públicas en
materia energética, las que hoy al parecer siguen estando al arbitrio del
mercado, donde en definitiva son las empresas de transmisión y generación
energética las que dictan al oído del gobierno sus expectativas de negocio para
dar luz verde a sus proyectos, muy a pesar de la gente común que debe asumir
los pasivos ambientales de un paradigma de desarrollo insostenible e inviable
con la preservación de los ecosistemas y la calidad de vida de los habitantes
de este país.
Joel
González Vega
Activista Campaña Libres de Alta tensión
martes, 6 de junio de 2017
Termoeléctrica Los Rulos, el hijo ilegítimo de la institucionalidad ambiental.
En febrero del 2015 el proyecto de la central termoeléctrica
de ciclo combinado “Los Rulos” ingresa al sistema de evaluación ambiental,
amenazando la ciudad de Limache y otras comunas cercanas que pasarían a ser
parte de su área de influencia. Limache
y Olmué son comunas con una larga tradición productiva ligada a la pequeña
agricultura y al turismo, además de estar emplazadas en la reserva de la
Biósfera La Campana-Peñuelas, sin embargo, sin considerar la vocación de
desarrollo local y el patrimonio natural en el que conviven miles de ciudadanos
del valle de la campana, el Estado de Chile planea convertir a estas apacibles
comunas de la provincia del Marga Marga en un nuevo polo de desarrollo
energético. En ése entonces los vecinos de
Limache se encontraban organizados en resistencia a la carretera eléctrica LT
2X500Kv Cardones Polpaico, la más extensa jamás construida en el país con las
torres de alta tensión más altas de Latinoamérica. En frentes paralelos ambos
proyectos, uno de generación, otro de transmisión energética cuentan con el
patrocinio y la benevolencia de un Estado que privilegia los intereses de las
empresas, por sobre los de la comunidad y su derecho a vivir en un medio
ambiente libre de contaminación. La estrategia de marqueting de la empresa Ic
Power no logró posicionar su termoeléctrica entre los vecinos de Limache, esto
muy a pesar de las lógicas clientelares que con el respaldo del Alcalde Daniel
Morales vinculó a algunas instituciones locales con los “aportes” entregados
por la titular de Los Rulos. Esto pudo ser posible gracias a un protocolo de
acuerdo firmado por el Municipio de Limache y la empresa con la finalidad de
mediar entre aquellas organizaciones que le “solicitaban todo tipo de aportes”.
Recientemente la Contraloría decretó que este acuerdo era ilegítimo ya que no
es pertinente con el rol que le corresponde al Municipio durante el proceso de
participación ciudadana. El ex Ministro
Máximo Pacheco cada vez que defendía la construcción de Cardones Polpaico lo
hacía argumentando que su principal objetivo sería servir como vía de
transmisión de energía proveniente de fuentes renovables no convencionales, sin
embargo, el primer proyecto con intenciones de colgarse de esta red es una
termoeléctrica, que no califica ni para los supuestos fines argumentados por
Pacheco, ni mucho menos para instalarse en la reserva de la biósfera. Lejos de mitigar el descontento y la
indignación, la ciudadanía se articuló, se organizó, gestionó los apoyos
técnicos y presentó consistentes observaciones con el propósito de imposibilitar la aprobación de la termoeléctrica los rulos. Así como lo hizo
la ciudadanía, también lo hicieron las reparticiones públicas y las seremías
relevantes en la valoración de la termoeléctrica, en particular
salud y medio ambiente, quienes apegados al artículo 15 bis de la ley 19300, argumentan que “de no existir información relevante y/ o
esencial” que permita una adecuada evaluación del proyecto y por consiguiente entregue garantías a la salud de las comunidades y los ecosistemas, el
proyecto debe ser rechazado y retirado del sistema de evaluación no pudiendo
ser subsanado mediante aclaraciones, rectificaciones o ampliaciones, no
obstante las advertencias de ambas seremías (Salud y medio ambiente) fueron
obviadas por el servicio de evaluación ambiental, ente administrativo, NO
técnico, que infringiendo la norma, cuestiona las observaciones de los
referentes técnicos en materia de salud y medio ambiente, sugiriendo finalmente
al comité evaluador que este proyecto debe ser aprobado por cumplir con todas
las normativas exigidas. Algunas de las observaciones de la seremi de salud
apuntan al consumo de 310 mil litros de agua en una zona con prolongada escasez hídrica, la emisión de material particulado de 2,5 y 10 micras, la modelación
inexacta de la dirección de los vientos y la falta de caracterización química
del componente de sus emisiones. Finalmente el día 6 de Febrero del presente
años en un acto al que se restringió el libre acceso a la comunidad, el comité
evaluador vota unánimemente a favor de aprobar la termoeléctrica Los Rulos,
curiosa y tristemente con el voto a favor además de las dos Seremías que en su
momento rechazaron el proyecto argumentando que este no tenía opción de ser
subsanado. Curiosamente fue la misma seremi de salud la que a pesar de su
férrea oposición al proyecto en el momento de votar a favor, sugiere al comité evaluador aprobarlo con
condiciones, las que en definitiva son exigir a la empresa un plan de
compensaciones de un 10 % sobre la emisión de 108 toneladas de material particulado y
el establecimiento de cinco estaciones de monitoreo en norma, además de limitar
el uso de diesel a solo 20 días al año, esto último considerando que la empresa
perdió la licitación del gas y en lo inmediato no puede asegurar su suministro.
Las organizaciones sociales se han articulado y fortalecido en toda la
provincia, presentado reclamaciones ante el SEA y recursos que buscan invalidar
la resolución de calificación ambiental que aprobó este proyecto, pero sobre
todo han incrementado la movilización social en rechazo a un Estado que
sostiene su modelo de desarrollo a costa de nuevas zonas de sacrificio que
asumen el lastre del extractivismo voraz instalado en el país como motor de su
economía.
Joel González Vega
Activista
Vocero Campaña Libres de Alta Tensión
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