viernes, 20 de septiembre de 2019

A Congreso en sus 50 años


Debo reconocerlo, quizás siempre tuve un grado de melomanía lo suficientemente intensa como para sentir una filiación afectiva por músicas y versos que hasta el día de hoy me hacen cerrar los ojos y sorprenderme ante la creatividad humana. Este año Congreso, banda Quilpueína cumple medio siglo de existencia, sin lugar a dudas un testimonio artístico que pocos músicos de nuestro país pueden relatar desde la permanente búsqueda de nuevos horizontes sonoros y no únicamente desde el tributo a viejas obras magnánimas que opacan cualquier intento de ofrecer sorpresas musicales a un futuro que se avizora tan saturado de ruido  y auto tune. Tengo un vago recuerdo de haber escuchado el “descarril” cuando era niño, el bajo de Ernesto Hollman deslizando la melodía como un canto rítmico marcado por los acentos de la batería de Tilo González y la marimba de Ricardo Vivanco, instrumentos que en ese entonces gozaban de poca presencia como solistas en la música popular Chilena, pero que lucían con sutileza y prolijidad entre los dedos de los Congresistas. Mayor fue la sorpresa cuando ya en la adolescencia mi amigo César (más melómano que yo) compartió conmigo los casette pirata de “Ha llegado carta” y “Viaje por la cresta del mundo”  y casi en paralelo comencé a reconocer quienes eran los autores de muchas canciones de otros discos que no tengo hoy recuerdo como escuché, "Dónde estarás", "Los elementos", "Quenita y violín", "Los maldadosos". En ese entonces ya mi oreja había sido impactada por las letras de Jorge González de Los Prisioneros y por otro lado comenzaba a sumergirme en una construcción sonora con atmósferas musicales poco definibles, que con el aislamiento cultural de la sociedad chilena en dictadura, eran parte de discos editados 10 o 15 años antes, Pink Floyd, Yes, Emerson, Lake and Palmer y por supuesto “Alturas de Machu Pichu” y “Obras de Violeta Parra” de Los Jaivas, llegaban tardíamente. Se avecinaba el plebiscito de 1988, mi hermano mayor me invita al primer concierto de la vida, Quilapayún & Congreso en el histórico Fortín Prat de Valparaíso como respaldo a la opción NO. Ya no era solo escuchar a una banda cuyas canciones son una invitación a la sorpresa constante, sino además un relato coherente en un momento de nuestra historia en el que sostener las convicciones era un ejercicio del que pendía la vida. Luego fue un concierto en la ex maestranza de barón y de ahí en adelante no recuerdo cuantas veces he seguido a Congreso en los escenarios de la 5ª región. Me voló la cabeza “Pájaros de arcilla”, más aún con lo dificultoso que era conseguir una copia de esta tremenda obra en tiempos sin internet. Pájaros de arcilla resulta inclasificable, algunos toman el atajo del jazz fusión para poder encasillarlo, claro con la presencia permanente de la raíz latinoamericana, melodías llenas de dulzura, hermosos textos que remataban en melodías circenses con un dejo de esquizofrenia entre tanto relato onírico, la incorporación de nuevos timbres al lenguaje Congresista, luego llegaron “Estoy que me muero” y “Para los arqueólogos del futuro”, y por fin comenzaba a escuchar a Congreso como un contemporáneo de sus creaciones y no como un explorador de un pasado del que no fui parte. Era el tiempo de “La loca sin zapatos”, yo conducía el programa radial “Bajo la rueda” y tuve el agrado de entrevistar a Hugo Pirovich y Pancho Sazo quienes estaban en proceso de difusión del disco. Para un aprendiz de sus canciones, tener la posibilidad de entrevistarles y hacer las preguntas y comentarios que siempre guardé fue sin lugar a dudas una experiencia inolvidable, aún conservo la copia de “La loca…” que me obsequiaron en su visita, luego el dolor y la muerte de Jaime Vivanco casi de la mano con la del Gato Alquinta, la renovación de los músicos de la banda, nuevos discos. Unos años más tarde, Radio Valentín Letelier tuvo un programa conducido por Ronald Smith, Pancho Sazo y Hugo Pirovich, donde en esa ocasión el entrevistado fui yo como integrante de la banda Al Otro Pueblo. Es difícil sintetizar la importancia que la música de Congreso ha tenido en mi vida, en mi desarrollo como músico y en definitiva en mi mirada del arte, cada concierto es una clase magistral donde la sutileza de las dinámicas, el uso medido de cada instrumento en función del concepto de cada composición es capaz de llenar de virtuosismo interpretativo hasta aquellas piezas que pueden tener una estructura armónica simple, sin grandes pretensiones, pero donde el texto de Pancho Sazo en un dialogo indisoluble con la música de Tilo González pasa a ser el centro de este llamado a los pueblos extintos, a la mujer que abandonada por su amor forastero alza el pañuelo a orillas de algún puerto, a Nicanor homenajeando a la tierra y a cada cultura de este continente y de otros que encuentran en la música de Congreso el sincretismo perfecto, ese que no reconocen los medios, que no sale en la radio ni en la tele, pero que sin lugar a dudas es el testimonio más valioso de lo que somos como humanidad para las futuras generaciones. Mil gracias Congreso por tanta luz y tanta música!



domingo, 25 de agosto de 2019

LIMACHE, EL PARAÍSO DE LAS INMOBILIARIAS

No es novedad (y no por éso no debemos dejar de sorprendernos) que las ciudades carecen de un diseño estratégico que involucre las múltiples necesidades y aspectos de la vida en comunidad, más aún, en un contexto en que la mirada del ser humano en relación a su entorno natural necesita urgentemente de una revisión que de garantías de sostenibilidad. Calles que se fueron ampliando, barrios que aparecieron en lugares donde habían áreas verdes, saturación automotriz sin vías de tránsito expeditas, carencia de ciclo vías, desaparición progresiva del pequeño comercio local y su reemplazo por supermercados y farmacias del retail, pérdida de la cultura relacionada al mundo rural y transformación forzosa de los elementos identitarios de nuestros pueblos. Esto es lo que hoy ocurre en mi comuna, Limache, donde la falta de participación en el diseño estratégico de la ciudad y la ausencia de una perspectiva de futuro centrada en el buen vivir de sus habitantes, la ha transformado en los últimos años en una de las comunas con menor superficie de áreas verdes por habitante (2,37m2/hab) figurando como la número 18 peor evaluada entre 117 municipios analizados en estudio del Sistema de indicadores y estándares de desarrollo urbano (Siedu) a través de datos generados por el Instituto nacional de estadísticas, el Minvu y el Consejo de desarrollo urbano. Esto por muy decepcionante que sea, no es novedad para quienes habitamos esta comuna y hemos visto el desmesurado crecimiento de proyectos inmobiliarios en lugares donde poco queda de patrimonio urbanístico o áreas verdes de libre acceso. Los cerros y sitios eriazos donde antes los niños se reunían a encumbrar volantines, andar en bicicleta o simplemente a correr y caminar a lo ancho de un espacio libre de hormigón, hoy son cercados para futuros condominios y edificios departamentos, todo esto bajo anuncios llenos de demagogia que hablan del compromiso del gobierno local con el sueño de la casa propia, pero desprovisto de todo el soporte que debiese dar garantías para que la habitabilidad vaya de la mano con la calidad de vida, cediendo a la "responsabilidad empresarial" de las constructoras que el anhelo de la casa propia satisfaga los múltiples factores que inciden en la percepción del buen vivir de quienes habitarán los cubículos destinados para la convivencia. Pareciera como si las empresas inmobiliarias estuviesen aprovechando la contingencia de una comuna con un plan regulador desactualizado y en su apuro, los proyectos no contemplan espacio, contexto, ni perfil de una ciudad que claramente terminará por adaptar su diseño al flujo vehicular y la irrupción de los condominios.No resulta curioso que la segunda comuna peor evaluada en el estudio antes mencionado sea Olmué (1,35m2/hab de áreas verdes), dos ciudades vecinas, secuestradas desde la política con una misma visión, esa que no reflexiona su territorio, que no convoca visiones ni multiplicidad de opiniones, donde el privilegiar el patrimonio y el medio ambiente son relatos valiosos en cuanto puedan dar réditos electorales y no profundidad en el diseño global del espacio que se habita,. Un hogar desprovisto de acceso a áreas verdes, cercanía con escuelas, lugares para el desempeño laboral, esparcimiento, comercio, centros de promoción y atención de salud, participación social, desarrollo cultural, deportivo y espiritual y un adecuado plan estratégico de seguridad, solo da cuentas de una ciudad que no cuida a quienes invita a vivir en ella, que se desentiende del ser humano como actor multi dimensional inserto en un territorio, de políticos que usan el slogan de la expansión urbana como nicho de propaganda populista a costa del sacrificio de los rasgos que identifican a un pueblo y de su calidad de vida, muy distinto sería si esta ciudad amable en su origen, puediese ofrecer una estrategia que permita el desarrollo integral de quienes la habitan, lo que a todas luces no es el caso, por omisión, falta de visión, negligencia o intereses involucrados.

Joel González Vega
Profesor, Músico de Al Otro Pueblo
Activista Medio ambiental
Dirigente Sindical







viernes, 12 de abril de 2019

Cardones Polpaico y el blindaje del Estado a la depredación.


Ayer 11 de abril de 2019, presenciamos un nuevo capítulo de esta novela escrita por los secuaces del poder, al más puro estilo de “1984” de Orwell, o de “rebelión en la granja” y su casta de guardianes que vigilan los intereses de los cerdos. Sorpresivamente en el silencio de la madrugada, fuerzas especiales hacen ingreso a la comunidad de la dormida con la determinación de bajar a los activistas de lo alto de la torre 826 tras 10 días movilizados y de disolver el campamento que les acompañaba para atender sus urgencias . El intendente Jorge Martínez comunica públicamente la denuncia interpuesta contra todos quienes resulten responsables como autores, cómplices o encubridores de la ocupación no autorizada de la torre del proyecto Cardones Polpaico. En este mismo comunicado, el intendente lejos de ceñirse a justificar legalmente su denuncia, argumenta desde la necesidad de cautelar la finalización de este proyecto haciendo suyas las palabras del slogan publicitario de la empresa Isa Inter Chile y del Estado como primer mandante del proyecto, declarando respecto a la carretera eléctrica “que tiene un 99% de avance y cuyo objetivo es traer a la zona central energías renovables del norte del país, reduciendo los costos en energía en el mediano y largo plazo e igualmente importante, reduciendo el uso de energías más contaminantes. Es frente a estas circunstancias y ante la convicción de que se trata de un proyecto beneficioso para todo el país y que cumple con todas las exigencias, que el intendente regional ha invocado el artículo 272 del código penal…” Transcrito lo anterior no puedo dejar de señalar que el Intendente al parecer no sabe que el primer proyecto en carpeta dispuesto a colgarse de la red de Cardones Polpaico es la termoeléctrica Los Rulos (que no califica bajo los criterios de sustentabilidad), omite además que los servicios sectoriales regionales bajo su responsabilidad han obviado su rol fiscalizador tras las evidentes faltas e irregularidades cometidas durante su construcción, (a pesar de las innumerables denuncias al respecto), algunas de las cuales han tenido resultado de muerte de los propios trabajadores de la empresa a cargo de las obras. Al señor Martínez al parecer le importa replicar las expectativas macro económicas y la especulación impuesta por las empresas energéticas, por sobre el resguardo de un territorio prioritario de conservación como es la reserva mundial de la biósfera la campana-peñuelas, sus ecosistemas, su biodiversidad, las formas de vida en armonía con el entorno, las pequeñas economías, las tradiciones locales y  las especies endémicas en riesgo de extinción que han sido taladas y desforestadas por parte de la empresa Edemsa, sin dejar de considerar, la seguridad de los propios trabajadores que han visto vulnerados sistemáticamente sus derechos y la integridad de vecinos próximos al levantamiento de obras. El intendente ofrece en su declaración pública publicidad gratuita a un proyecto cuya probidad está severamente cuestionada tras el informe de la comisión investigadora de la cámara de diputados que fue lapidario en evidenciar el fraude durante su proceso de participación ciudadana, es decir, está dispuesto a poner en riesgo su imagen pública al dar convencido respaldo a una empresa que ha avanzado en sus obras transgrediendo un sinfín de regulaciones y que incluso ha costado la vida de 7 personas. Si de algo tengo absoluta certeza es que la autoridad política continúa siendo el servil guardián de los intereses privados, esos donde los mismos de su especie tienen parte…como no mencionar al nuevo director de Isa, el Señor Herman Chadwick Piñera y su ilustre parentela. La resistencia en la dormida es un vértice icónico de la lucha que durante 5 años las comunidades han alzado para resistir a la devastación de los territorios. Por lo pronto la comunidad de la dormida seguirá atenta a que el Servicio de evaluación ambiental responda a su solicitud de invalidar la RCA del proyecto, tal como lo avala el fallo del tribunal ambiental de Santiago. Mientras la dignidad mantenga una reserva en la moral de sus habitantes, no existirán vencidos, solo voluntades dispuestas a seguir defendiendo la vida y la tierra.



Joel González Vega

Activista socio ambiental
Docente, poeta
Músico de Al Otro Pueblo.






sábado, 23 de marzo de 2019

Bachelet y Piñera, los cómplices de Monsanto en Chile

La ex Presidenta de Chile Michelle Bachelet fue protagonista gravitante en el desarrollo de una posible apertura masiva a los cultivos transgénicos en nuestro territorio. Fue su gobierno el que patrocinó el proyecto ley de obtentores vegetales que busca dar cumplimiento al Convenio UPOV 91 y así favorecer a las empresas transnacionales y semilleras que a través del registro de propiedad intelectual pretenden extender el monopolio sobre la actividad agroalimentaria y las diversas prácticas relacionadas con la reproducción y libre uso de las variedades de semillas. Como muchos convenios internacionales, UPOV 91 se basa en criterios exclusivamente economicistas y paradójicamente a pesar de ser un convenio de carácter inter gubernamental su único propósito es velar por los intereses de las corporaciones privadas. Si bien el proyecto de ley de obtentores vegetales no lo establece tácitamente, dentro de sus derivadas y de acuerdo a las definiciones que los técnicos pro transgenia han usado para extender los cultivos GM en el mundo, las semillas transgénicas pueden ser una de las tantas variedades que al ser consideradas distintas, estables y homogéneas, se introduzcan en la producción local resguardadas por el registro de propiedad intelectual.
Durante el gobierno de Bachelet los entonces senadores Fernando Flores, Eduardo Frei, Alberto Espina, Andrés Allamand y Juan Antonio Coloma presentan el denominado proyecto de Bioseguridad de vegetales genéticamente modificados que pretende liberar la producción de cultivos transgénicos para ser comercializados en el mercado local, actualmente Chile produce semillas transgénicas solo destinadas a la exportación. Este hito es una muestra más de dos ejes permanentes del funcionamiento parlamentario al momento de legislar, la desinformación respecto a las implicancias inmediatadas y a largo plazo de los proyectos propuestos y el fuerte lobby de los intereses corporativos por sobre los de la ciudadanía.


EL APORTE DE PIÑERA: 


El Gobierno de Sebastián Piñera a través del Ministerio de Agricultura presentó en Marzo del año 2011 una serie de indicaciones al proyecto de bioseguridad de Vegetales Genéticamente Modificados que lo único que pretenden es profundizar la extensión de los cultivos transgénicos en nuestros suelos, en claro beneficio de los intereses particulares de las empresas semilleras y transnacionales ligadas a la agroindustria. Algunas de estas cuestionadas indicaciones son:
1) El proyecto elimina el requerimiento de estudio de impacto ambiental para los transgénicos de uso agrícola y forestal requerido por la Ley de Medio Ambiente (Art 10 r, Ley 19.300).
2) El proyecto da aprobación automática a los cultivos transgénicos denominados para "uso controlado", con fines de investigación o multiplicación de semillas. Las empresas sólo deben dar aviso al SAG con 5 días de anticipación. No requieren evaluación de riesgo, estudio de impacto ambiental o información a la ciudadanía. Sólo deben cumplir desconocidas medidas de bioseguridad que aplique el SAG. Muchos de estos cultivos serán pruebas de campo de nuevos eventos peligrosos, como los farmacultivos rechazados en otros países, cuyos impactos no han sido suficientemente evaluados. Este sistema legitima el uso de Chile como patio trasero de estas compañías.
3) El proyecto establece el "uso liberado" de cultivos transgénicos comerciales para uso nacional o de exportación. Estos deben ser aprobados sólo la primera vez, quedando luego liberados sin el requerimiento de solicitar permisos nuevamente. Solo necesitan de una simple evaluación de riesgo y si su solicitud es rechazada las empresas gozan de amplios derechos para apelar la resolución.
4) El proyecto permite la declaración de sitios centros de origen y de diversidad para resguardar los recursos en ellos contenidos Sin embargo, esta protección es insuficiente, pues se permite la liberación de transgénicos dentro de ellos. Asimismo se crean solamente bajo propuesta del Ministerio de Agricultura, no se permite propuestas de la sociedad civil o de los mismos agricultores que quisieran resguardar sus cultivos de la contaminación. A través de ellos no es posible proteger los cultivos tradicionales diseminados en todo Chile que aun están en manos de pequeños agricultores que resguardan este amenazado patrimonio, como por ejemplo las razas de maíz existentes en Chile. Tampoco resguarda los parientes silvestres de los cultivos transgénicos, que son especies endémicas o nativas de amplia distribución.
5) El proyecto va en detrimento del desarrollo de la agricultura orgánica y convencional libre de transgénicos, pues no establece un sistema de protección de los mismos y de responsabilidad y compensación por la contaminación de cultivos y por la pérdida de certificación orgánica.
6) El proyecto otorga la facultad a las empresas para mantener reservada la información de la modificación genética de los cultivos, lo que imposibilita una evaluación cabal de sus riesgos e impactos, como asimismo su seguimiento y trazabilidad.
7) El proyecto establece que los alimentos transgénicos no deberían ser etiquetados violando el derecho a los consumidores a una información veraz y oportuna establecida por la Ley del Consumidor. En cambio, establece un etiquetado voluntario de los productos libres de transgénicos, dejando la carga de la prueba a los alimentos más sanos y seguros que son aquellos libres de transgénicos. Éstos deberán asumir mayores costos de análisis de contenidos y pagar multas, lo que de inmediato desincentivará este tipo de etiquetado.
Las organizaciones que nos oponemos a la transgenia rechazamos absolutamente los proyectos de ley de obtentores vegetales y de bioseguridad de vegetales genéticamente modificados. Creemos que el resguardo de nuestro patrimonio genético y de las prácticas agrícolas tradicionales ajenas a los intereses lucrativos de las empresas de la agroindustria son en definitiva el único camino hacia un desarrollo agrícola sustentable, autónomo y respetuoso de las pequeñas economías y miradas que se ciernen sobre ella, pero sobre todo un instrumento para la producción alimentaria saludable y coherente con los ciclos de recuperación de nuestra madre tierra.



domingo, 24 de febrero de 2019

DL 701 y Ley Monsanto, el Estado “corporativo” contra el pueblo Mapuche


Cuando se menciona la resistencia del pueblo Mapuche, es imposible seguir afirmando que esta es una herencia legada hasta nuestros días desde la conquista Española. El Estado de Chile aparece en diversos momentos de la historia como el ideólogo de la usurpación, la marginación y el exterminio progresivo de la cultura de quienes son habitantes ancestrales de esta tierra.  La autonomía de la que gozaba el pueblo Mapuche desde el río Bio Bio al Sur gracias a prolongadas negociaciones con la corona Española se vio interrumpida a mediados del siglo 19 tras la insistencia del Estado en ocupar las tierras de wallmapu con una seguidilla de acciones que buscaban en principio ampliar la soberanía y potestad sobre las tierras del sur, sin embargo, el llamado proceso de “Pacificación de la Araucanía”, no fue sino una consigna ideológica que justificaba la ocupación militar y la colonización de tierras mapuches, situación que se ha profundizado a partir de la aplicación de medidas de carácter político que han tenido su peor cara en el Decreto Ley 701 de expansión forestal y de la amenaza permanente de la ley de obtentores vegetales. Previo a la Dictadura, el Gobierno de Salvador Allende había logrado restituir a las comunidades Mapuches un total de 132,115 hectáreas usurpadas, esto a través de la Ley indígena 1729 y la reforma agraria, lo que fue el mayor avance logrado a partir de políticas gubernamentales en cuanto a sus demandas. Años después, la comisión Rettig cuantificaba la dramática cifra de 136 Mapuches muertos en manos del terrorismo de Estado cívico militar, lo que se sumó a un proceso de reversión de las tierras recuperadas para los Mapuches en beneficio de sus propietarios anteriores al proceso de restitución histórica. En 1974, la Junta Militar publicó el Decreto de Ley 701 sobre expansión y fomento de la actividad forestal, a través del cual por medio de subsidios, exención tributaria y bonificaciones se incentivaba la actividad forestal concentrada principalmente en manos de Celulosa Arauco del grupo Angelini y de CMPC Celulosa del grupo Matte. Estos conglomerados empresariales concentran alrededor del 75% de las exportaciones forestales, con un patrimonio que ha sido acumulado gracias a la usurpación de las tierras ancestrales del pueblo Mapuche y las plantaciones de monocultivos que han reemplazado el bosque nativo, afectando la biodiversidad de los territorios intervenidos, desertificando y erosionando los suelos, impactando además a las comunidades que desarrollan su vida en comunión con la naturaleza. El DL 701 fue extendido tras el retorno a la democracia por los gobiernos que sucedieron a la dictadura, siendo el instrumento político que más incidió en la segregación, marginalidad y usurpación de la cultura Mapuche, en exclusivo beneficio por el contrario de las oligarquías económicas que han sido sacralizadas como pilar fundamental del actual modelo de desarrollo de Chile. Otra de las amenazas directas al patrimonio de los pueblos originarios y de las comunidades campesinas es el proyecto de ley de obtentores vegetales, más conocido por la opinión pública como “Ley Monsanto” (aludiendo a la multinacional). Durante el gobierno de Ricardo Lagos se firmó el tratado de libre comercio con Estados Unidos, dentro del cual figuraba el Convenio Upov 91 que Chile debía suscribir como parte íntegra del TLC. Dicho convenio extiende las facultades de los denominados “obtentores”, corporaciones o grupos científicos asociados a empresas o entidades de investigación que descubren o crean una variedad vegetal que sea considerada nueva, distinta, homogénea o estable. Este convenio busca regular el sistema de registro de propiedad intelectual de las variedades vegetales y sus semillas, lo que en la práctica es un respaldo legal para el monopolio de la actividad agroalimentaria y la biopiratería.  Upov entiende que una semilla “nueva” es aquella que no ha sido registrada o comercializada antes, lo que deja en total indefensión a las comunidades campesinas que han entendido desde tiempos ancestrales que la semilla es patrimonio común que no necesita ser patentado, registrado ni comercializado, muy por el contrario se intercambia para el beneficio de toda la comunidad. Si alguna empresa agroindustrial descubre que una de estas semillas no está registrada ni ha sido comercializada, bastaría que en laboratorio se le altere una propiedad cosmética, color o tamaño para apropiarse de ella como variedad “distinta y nueva” y a partir de ahí, las comunidades campesinas que han hecho uso tradicional de sus semillas tendrían que pagar derechos y acotar su uso de acuerdo a las restricciones establecidas por quien la ha registrado, es decir, su obtentor, habitualmente una empresa ligada a la agroindustria. Si bien Upov 91 fue ratificado en el Senado el año 2011, este no puede aplicarse aún en el país ya que la ley de semillas en vigencia (n° 19.342) es el soporte jurídico de una versión anterior del convenio (Upov 78) y necesita ser actualizada, para este propósito es que la ex presidenta Bachelet en su primera gestión envía al parlamento el proyecto de ley de obtentores vegetales, extendiendo las facultades de quienes en la práctica tengan la capacidad de registrar las variedades de semillas y la pretensión de monopolizar la actividad agroindustrial en desmedro del pequeño campesinado. Durante la campaña electoral que derivó en el segundo gobierno de Bachelet, las presiones ciudadanas y emplazamientos liderados por la campaña Yo No Quiero Transgénicos en Chile lograron que el ejecutivo bajara de la tabla la discusión parlamentaria de la ley, no obstante aún se mantiene en el Congreso con posibilidades de volver al debate. El apuro del actual Gobierno de Sebastián Piñera por ratificar el TPP 11 podría ver reflotada la Ley Monsanto y de aprobarse, el Convenio Upov 91 entraría en vigencia en nuestro país, contando los días para la supervivencia de la agricultura familiar campesina, desarraigando a los pueblos originarios de la semilla como elemento sagrado cedido por la naturaleza para beneficio de toda la comunidad.

Joel González
Activista socio ambiental

sábado, 27 de octubre de 2018

Agua, una urgencia impostergable



Artículo  seleccionado y publicado en la Agenda Latinoamericana Mundial 2019


Durante los últimos veranos, los vecinos de los sectores altos de la localidad de Olmue, apacible pueblo de la zona central de Chile, han tenido que convivir con la falta de agua potable o bien con su distribución a través de camiones aljibes. Esta realidad lejos de ser una excepción a la regla, se ha convertido en un testimonio cada vez más frecuente, sobre todo en aquellos países donde sus Estados han privilegiado la permanencia de un modelo de desarrollo sustentado principalmente en la sobre explotación de bienes naturales finitos, sin considerar los impactos que el cambio climático está dejando en los ecosistemas. El agua más allá de ser un “recurso” extraíble para los procesos productivos, es un bien estratégico e ineludible a la hora de proyectar la supervivencia en el Planeta. En la actualidad una de cada diez personas en el mundo no tiene acceso a agua potable y según proyecciones del Foro Económico Mundial se estima que para el 2030 habrá una demanda un 40% más alta que no podrá ser abastecida, unos 1.400 niños mueren a diario producto de diversas enfermedades derivadas de la falta de saneamiento y alrededor de 770 millones de personas no cuentan con agua, en su gran mayoría quienes viven en situación de pobreza, barrios marginales o sectores rurales. El agua dulce es por hoy la principal fuente de abastecimiento para satisfacer nuestras múltiples necesidades, siendo tan solo el 2,5% del total del agua disponible en el planeta, la que en gran medida está congelada en los polos y glaciares o circulando en surcos subterráneos, ríos o lagos. Desde el relato que dicta el sentido común, queda fuera de toda discusión que el acceso al agua destinada a la población esté mediatizada por su disponibilidad para los enclaves productivos del extractivismo, la mega minería, la producción energética y la agroindustria, sin embargo, lo que podemos vislumbrar es que las legislaciones de muchos países en vías de desarrollo que sacralizan las cifras macro económicas por sobre la justicia ambiental y la equidad social, han invertido sus prioridades, promoviendo marcos legales que dan amplias garantías a las grandes empresas sin considerar las urgencias del futuro como eje estratégico en la construcción de políticas públicas que HOY son impostergables. Las realidades son diversas y sin pretender ser alarmista, todas ellas en el contexto de la necesidad de resguardar el agua como bien indispensable (y por lo pronto irremplazable) tienen una carga de dramatismo, desde comunidades que se desplazan kilómetros para encontrar algún acuífero y regresar con un par de tinajas, a aquellas que deben surtirse de agua a través de camiones aljibes que no garantizan su inocuidad y potabilidad, vecinos cuya relación con el agua es a través de un vínculo clientelar donde el pago de un boleta deja en evidencia el carácter privatizador que en muchos países del mundo rige su administración o poblados que han visto violentado el derecho a la vida por aquellas empresas que disputan el uso del agua básicamente como un recurso al servicio de rentabilizar sus proyectos y quienes por otra parte distantes de la problemática, derrochan desde el surrealismo de quienes gozan de privilegios en tiempos de escases.  Cuando la ONU reconoce que el acceso al agua es un derecho humano inalienable, lo hace  dejando en claro que no puede existir conveniencia empresarial o política, ni legislaciones o normas que prioricen el mercado como filtro regulador del acceso a un bien sin el cual la vida en el planeta es inviable. En esta resolución, la ONU llama a “los Estados y Organizaciones internacionales a proveer recursos financieros, construcción de capacidades y transferencia tecnológica, a través de asistencia y cooperación internacional”, sin embargo, esta declaración puede tener diversos matices según sea la permeabilidad política de los Gobiernos, la solidez de sus instituciones y la vulnerabilidad de sus políticas públicas frente a las presiones adjuntas a los tratados de libre comercio que en su gran mayoría son el salvo conducto para aquellas transnacionales que continúan con las prácticas de usurpación intensiva. En mi país, Chile, son cerca de 417 mil las personas que sufren directamente la falta de agua, en un Estado que hace alarde de sus cifras macro económicas y de su posicionamiento en el escenario internacional como país en vías de desarrollo, pero que no obstante ello, ha decidido mantener desde sus elites gobernantes un modelo de gestión y administración de las aguas que privilegia el mercado y la propiedad privada sobre un elemento vital e indispensable para la subsistencia.



Joel González Vega
Músico de Al Otro Pueblo
Activista Socio ambiental
Vocero Movimiento Libres de Alta Tensión





martes, 16 de octubre de 2018

Quintero-Puchuncaví, el sacrificio de respirar


No sorprende el constatar como a lo largo de la historia los territorios cambian su fisonomía. Los asentamientos humanos y sus actividades productivas van dejando una huella que en la mayoría de los casos no cautela cuales son sus diversos impactos en los ecosistemas, en el clima y en la biodiversidad. En Chile hoy existen comunidades que no decidieron convivir junto a un cordón industrial, ni a empresas que contaminan, no les consultaron como soñaban el futuro, ni mucho menos se les informó respecto a los inminentes daños y perjuicios que el lastre dejado por el desarrollo sería una carga que tendría costos, muchas veces irreparables, a su salud y a su calidad de vida. Esto es lo que quedó en evidencia el pasado 21 de agosto, tras la masiva intoxicación producida en Quintero, localidad cuyo nombre se debe al Español Don Alonso de Quintero, personaje de una época que relata un territorio fértil, rico en flora nativa, donde incluso durante varios años tras la conquista, sus habitantes lograron surtirse de alimento gracias a las bondades naturales que propiciaron la agricultura y la pesca. En un principio fueron 30 estudiantes intoxicados con un gas de “origen desconocido” lo que alertó a la comunidad y a la autoridad que decretó la evacuación del Liceo Politécnico y los Colegios Santa Filomena y Alonso de Quintero. Finalmente la suspensión de clases en un estado de emergencia ambiental fue una de las medidas precautorias justificadas por las casi 400 personas intoxicadas, muchas de ellas menores de edad, adultos y mujeres en edad fértil. Han sido 50 años de contaminación emanada de un parque industrial que ha ido creciendo con el tiempo y que a la fecha ya cuenta con 15 grandes empresas en una bahía que incluso en su ordenamiento político alguna vez hermanó a Quintero y Puchuncaví como una solo comuna. Tras el lamentable episodio, la prensa se agolpó en las calles de la ciudad, la misma que durante décadas en escasas ocasiones había publicado algo respecto a la situación de debacle ambiental vivida en la bahía, llegaron los Ministros, los Alcaldes tomaron el micrófono, llegaron Parlamentarios y el Presidente de la República tomó vocería desde un Estado que ha fallado y que ha sido cómplice benevolente frente al atropello de las empresas que han violado los derechos humanos de una comunidad que ha sido sacrificada con el único fin de mantener este polo productivo bajo estándares que no dan cuenta de las necesidades de quienes habitan el territorio. Declaraciones apresuradas, informaciones contradictorias, desmentidos oficiales, interés por sacar provecho político, conflictos de interés, denuncias de encubrimiento y directivos de empresas cuestionadas evadiendo cualquier responsabilidad que los involucre en el hecho, sin antes hacer alarde de sus estándares de calidad en un territorio donde todo ha fallado y al parecer ha sido intencionadamente ineficiente. Lo más visceral y obscuro del ser humano queda al descubierto, de un humano que no solo contamina desde las fumarolas de sus industrias, sino también desde su insaciable ambición y egoísmo. No es de extrañar que este desfile de personalidades se haya presentado como una caricatura surrealista que no se condice con la cruda realidad y necesidad de reparación que demandan los vecinos. Lo que ha ocurrido recientemente en Quintero no es una excepción, ni mucho menos un hecho aislado, en un país donde las normativas ambientales son en extremo permisivas, donde la participación e injerencia ciudadana en la evaluación de los proyectos no pasa de ser un acto testimonial y decorativo, donde la media diaria de emanación de material particulado y dióxido de azufre sugerido por la OMS es ampliamente superado por la precaria restricción Chilena, en una bahía que ha tenido que soportar sobre sus aguas, sus tierras, en la sangre de sus habitantes, en el aire que respiran, en las vidas que están por nacer, un cóctel tóxico de arsénico, dióxido de azufre, 2-ethilexanol, derrames de carbón y diesel y recientemente metilcloroformo, isobutano y nitrobenceno, por nombrar algunos contaminantes a los que la población de Quintero y Puchuncaví han estado expuestos durante décadas, conviviendo al costado de empresas cuyos “altos estándares de seguridad” siguen siendo a la medida de la precariedad y la inoperancia de las legislaciones y normativas nacionales.  Evidentemente Ministro Santelices, la historia de esta Bahía diezmada por el cordón industrial es mucho más que taparse la nariz ante la amenaza de “olores ofensivos”, sino que es la construcción de vínculos desarraigados por el cáncer y otras patologías crónicas, de pescadores que saben que lo que extraen del mar es el germen de la contaminación de las empresas amparadas por el Estado y de madres que ven con incertidumbre el futuro de sus hijos.

Joel González
Músico, Poeta
Profesor, Activista socio ambiental.



martes, 22 de mayo de 2018

Mujeres de zona de sacrificio en Resistencia



Desde la cosmovisión de muchos pueblos originarios del planeta se asocia a la naturaleza con la figura de la “madre”. Para el pueblo Aymara la naturaleza es “Pacha Mama”, así como para los Mapuches es “Ñuke Mapu” o “Meyedobo” para los Ngoble Buge de Panamá, todos ellos haciendo mención a la “madre tierra”, un ser femenino que respira y con el cual la supervivencia de la especie depende de una relación armónica entre los ecosistemas y quienes los habitamos. En la actualidad se estima que unas nueve millones de personas han muerto en el planeta en los últimos años por causas derivadas de la contaminación ambiental, es decir, tres veces más que las muertes provocadas por el sida, la tuberculosis y la malaria juntos, así se evidencia en el resumen ejecutivo del Informe de la revista británica “The Lancet”, estudio científico que tuvo gran impacto en la comunidad médica y en la prensa internacional ya que por primera vez se explicita la necesidad de entender los conflictos medio ambientales como una prioridad de salud pública. Hoy la contaminación mata más que la guerra, el terrorismo, el hambre, los desastres naturales y el Sida, siendo en total la responsable de un 16% del total de las muertes anuales en el mundo. Considerando lo anterior es que el Departamento de Derechos Humanos del Colegio Médico de la 5ª región, organizó el ciclo “Salud y Vida” con la finalidad de convocar a diversos actores sociales involucrados en conflictos ambientales así como a representantes de las comunidades que han debido convivir con el daño (muchas veces irreparable) provocado por la contaminación. En la ocasión expusieron Hernán Ramírez asesor de “Comunidades por derecho a la vida” y María Teresa Almarza en representación de “mujeres de zona de sacrificio en resistencia”, organización creada a raíz de los problemas de salud de Puchuncaví y Quintero como consecuencia de la contaminación emanada por diversas industrias. En ausencia de una institucionalidad que garantice el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, “mujeres de zona de sacrificio” ha estado presente desde la fiscalización, la denuncia y la educación comunitaria, es así como han señalado que uno de cada cinco niños de la comuna de Puchuncaví nace con diversos problemas neurológicos o de aprendizaje, además de denunciar otros problemas sanitarios relevantes, tales como  abortos espontáneos, mal formaciones congénitas, asma, enfermedades obstructivas crónicas y cáncer al pulmón, todas estas, relacionadas al material particulado respirable presente en una zona de sacrificio donde progresivamente se han instalado una gran cantidad de industrias: Gasmar, Enap, Codelco, Aes Gener, Cemento Melón, Oxiquím, Puerto Ventanas, Endesa (por nombrar algunas). Sin lugar a dudas todas las enfermedades presentes son consecuencias de la sobre explotación de nuestro planeta como pilar fundamental del “progreso económico”, en un país cuyo modelo de desarrollo ha privilegiado la extracción intensiva e irracional de bienes naturales finitos, sin considerar los procesos de recuperación de los ecosistemas. Cuando el Ministro de energía de la Presidenta Bachelet, Andrés Rebolledo, niega la existencia de  “zonas de sacrificio” lo hace a sabiendas de que si hay algún mea culpa por parte del Gobierno, el Estado se convierte inmediatamente en cómplice del deterioro intencionado a nuestra calidad de vida. “Mujeres de zona de sacrificio” han resistido a la depredación sistemática de su territorio, donde la sinergia provocada por cuatro termoeléctricas a carbón y una fundición de cobre, deterioraron (en algunos casos de manera irreversible) la calidad de vida de los habitantes de Puchuncaví, Quintero. Los derechos humanos al parecer para el Estado de Chile tienen una excepción en estos ciudadanos que en algún momento vivieron de la pesca artesanal y la pequeña agricultura, actividades económicas que hoy son marginales testimonios de un pasado no muy lejano y que pareciera ser el bosquejo de un pueblo ficticio que solo hace sentido en algunos pocos sobrevivientes de la pre industrialización de su territorio. La contaminación abarca todos los ecosistemas de la zona de sacrificio, su tierra, las napas de agua subterráneas, el aire y el mar en una bahía usurpada por la ambición desbordada del “sacro santo progreso” que no da cuentas de los desafíos del futuro, ni de las urgencias del presente. Desde su experiencia, la organización nos relata que los últimos gobiernos, lejos de resguardar la salud de los habitantes de Puchuncaví, han patrocinado nuevos proyectos desde una institucionalidad que da plenas garantías a las empresas para que puedan seguir funcionando, promoviendo planes de descontaminación que no dan cuenta de las reales demandas ambientales, haciendo vista gorda ante el clientelismo ejercido como la estrategia más efectiva para legitimar la debacle socio ambiental, fragmentando de este modo el tejido social, instalando las promesas de prosperidad en aquellos que no dimensionan los profundos impactos del lastre de las industrias en la salud de las futuras generaciones y en el bienestar de las actuales. Mujeres de zona de sacrificio sigue en resistencia frente a un complejo industrial que se ha ido ampliando a través de nuevos proyectos y las instalaciones portuarias de Ventanas y Quintero. La presencia de alrededor de 18 industrias contaminantes han “aportado” con altas concentraciones de plomo, cobre, cadmio, arsénico y otros elementos tóxicos. El Instituto nacional de la investigación agrícola (INIA) concluyó que para recuperar lo suelos de Puchuncaví se necesitará al menos de 500 años, o bien muchos más si es que HOY no se toman las medidas adecuadas para reducir paulatinamente los niveles de contaminación. Por lo pronto, mientras los metales pesados transitan por la sangre de muchos vecinos de la bahía, la Seremi de Salud 5ª región de la Presidenta Bachelet, María Graciela Astudillo, coloca la primera piedra del nuevo Cesfam de Puchuncaví, obra que ha sido posible gracias del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, el Ministerio de salud, el Municipio y Aes Gener, empresa propietaria de las mismas termoeléctricas a carbón que hoy enferman a los potenciales usuarios del centro de salud familiar próximo a inaugurar.

Joel González
Profesor
Músico "Al Otro Pueblo",
Poeta
Activista socio ambiental





lunes, 4 de diciembre de 2017

Contaminación, un problema de salud pública

En la actualidad se estima que unas nueve millones de personas han muerto en el planeta en los últimos años por causas derivadas de la contaminación ambiental, es decir, tres veces más que las muertes provocadas por el sida, la tuberculosis y la malaria juntos, así se evidencia en el resumen ejecutivo del Informe de la revista británica “The Lancet”, estudio científico que tuvo gran impacto en la comunidad médica y en la prensa internacional ya que por primera vez se explicita la necesidad de entender los conflictos medio ambientales como una prioridad de salud pública. Considerando lo anterior es que el Departamento de Derechos Humanos del Colegio Médico de la 5ª región, organizó el ciclo “Salud y Vida” con la finalidad de convocar a diversos actores sociales involucrados en conflictos ambientales, así como a representantes de las comunidades que han debido convivir con el daño (muchas veces irreparable) provocado por la contaminación. En la ocasión fui invitado a exponer sobre los perjuicios generados por el uso de plaguicidas químicos y respecto a los proyectos energéticos que pretenden instalarse en la zona, también expusieron Hernán Ramírez asesor de Comunidades por derecho a la vida y María Teresa Almarza en representación de mujeres de zona de sacrificio. Los pescadores de la zona de Puchuncaví  y Quintero compartieron algunos de sus dramáticos testimonios como víctimas invisibilizadas de este modelo de desarrollo. Sin lugar a dudas que el cáncer, las enfermedades cardio respiratorias, los problemas neurológicos, las mal formaciones congénitas o los abortos espontáneos son solo algunas de las consecuencias de la sobre explotación de nuestro planeta como pilar fundamental del “progreso económico”. Cuando el Ministro de energía niega la existencia de  “zonas de sacrificio” lo hace a sabiendas de que si hay algún mea culpa por parte del Gobierno, el Estado se convierte inmediatamente en cómplice del deterioro intencionado a nuestra calidad de vida. Hoy la contaminación mata más que la guerra, el terrorismo, el hambre, los desastres naturales y el Sida, siendo en total la responsable de un 16% del total de las muertes anuales. Tras este encuentro quedamos con la positiva sensación de estar frente a una nueva generación de médicos que buscan involucrarse y apoyar a las comunidades, las que por lo general no son consideradas en cuanto a la reparación y a la restauración de su vida y su medio ambiente.

Joel González

Dirigente Ecologista




miércoles, 9 de agosto de 2017

CARDONES-POLPAICO, LA CICATRIZ METÁLICA DEL DESARROLLO A LA CHILENA

El día 15 de mayo del 2014, el Ministro de Energía, Máximo Pacheco Matte, presentó al país la Agenda de Energía. Este documento representa las actuales líneas de trabajo del gobierno para desarrollar en conjunto con las empresas generadoras, transportadoras y distribuidoras de energía; además de la industria minera, lo que se denominó como  Estrategia Nacional de Energía.
En este sentido el martes 24 de Junio del mismo año se llevó a cabo en el centro de eventos Casa Piedra en Santiago la Cena Anual de Energía que convocó al gobierno y al sector privado eléctrico. Durante la jornada, la Presidenta Michelle Bachelet, acompañada del Ministro Pacheco, declaró cuáles serían los énfasis en materia de producción y transmisión energética para el país durante los próximos años con el objetivo de robustecer el Sistema Interconectado del Norte Grande (SING) y el Sistema Interconectado Central (SIC) y descongestionar el sistema de trasmisión a partir del año 2017 expandiendo nuevas líneas desde la región del Bio Bio hacia el Norte Grande (Polpaico – Pan de Azúcar, Pan de Azúcar – Maitencillo, Maitencillo – Cardones, Cardones – Diego de Almagro, Ancoa – Alto Jahuel, Charrúa – Ancoa, el primer circuito Rapel – Alto Melipilla y Alto Melipilla – Lo Aguirre).
Durante su presentación, Bachelet, reafirmó su compromiso con el sector privado, indicando que “aceleraremos en un año” la aprobación y puesta  en marcha de diversos proyectos de generación y transmisión eléctrica (los que al momento de estas declaraciones aún estaban en procesos de evaluación ambiental y con evidentes conflictos y oposición ciudadana).
Por su parte, el Ministro de Energía, pidió “voluntad” al sector público para trabajar en un “esfuerzo combinado” con el sector privado.
Otro de los temas conversados fue “la necesidad de fortalecer la participación ciudadana de manera que los proyectos de inversión energética sean percibidos como una oportunidad de bienestar, progreso y movilidad social para las comunidades”, ésto según palabras de Pacheco. Desde aquel entonces, las presiones del Gobierno a través de toda su estructura institucional han buscado la aprobación de la carretera eléctrica LT 2X500 KV Cardones-Polpaico, (Isa Inter Chile) aún incluso cuando dicho proyecto estaba en fase de evaluación ambiental y la Presidenta Bachelet hacía público su respaldo. En el transcurso de su evaluación, fueron múltiples los reparos ciudadanos en rechazo al proyecto de la empresa Inter Chile, los que fueron escuchados por la Comisión de medio ambiente y recursos naturales de la Cámara de Diputados y que derivaron en una investigación cuyo informe fue enfático en denunciar los diversos vicios presentes durante el proceso de participación ciudadana y el lobby persistente del ex ministro Máximo Pacheco para disminuir la resistencia local, sobre todo en aquellos Municipios que alertaron sobre su ofensiva judicial en resistencia a la Carretera eléctrica que en comunas como Limache y Olmué (parte de la reserva de la biósfera la campana-peñuelas) se alzará como una cicatriz metálica con las torres de alta tensión más altas jamás construidas en Latinoamérica (alrededor de 70 metros de altura) con una capacidad de transmisión de 1 millón de voltios con todo el impacto a los ecosistemas, la fauna y la salud humana que dicho proyecto conlleva.
Hoy la carretera eléctrica Cardones-Polpaico, se alza como la gran amenaza para el surgimiento de nuevos proyectos energéticos que sin el consentimiento ni el parecer de las comunidades ponen en riesgo la calidad de vida de quienes han forjado historias, familias y sueños compartidos vinculados a su tierra. Cardones Polpaico es un proyecto licitado durante el gobierno de Sebastián Piñera y puesto en urgencia por el de Michelle Bachelet bajo la insistencia de Máximo Pacheco, Ministro que constantemente justificó su construcción como una vía indispensable para la conectividad energética del país y para el impulso de fuentes de energía renovables no convencionales, no obstante ello, el primer proyecto dispuesto a “colgarse” de esta red es la central termoeléctrica Los Rulos, la que evidentemente por sus características no califica como matriz energética sostenible ni renovable. En un país donde el consumo energético que demanda la población (servicio domiciliario, alumbrado público) es de un 16% y donde el resto corresponde a la gran minería y mega industria principalmente, donde el 66% de la matriz energética corresponde a termoeléctricas (Carbón, diesel, gas natural, petcoke) y un 32% a hidroeléctricas (embalses y represas), es indispensable re pensar el sentido que impulsa a las políticas públicas en materia energética, las que hoy al parecer siguen estando al arbitrio del mercado, donde en definitiva son las empresas de transmisión y generación energética las que dictan al oído del gobierno sus expectativas de negocio para dar luz verde a sus proyectos, muy a pesar de la gente común que debe asumir los pasivos ambientales de un paradigma de desarrollo insostenible e inviable con la preservación de los ecosistemas y la calidad de vida de los habitantes de este país.

Joel González Vega

Activista Campaña Libres de Alta tensión





martes, 6 de junio de 2017

Termoeléctrica Los Rulos, el hijo ilegítimo de la institucionalidad ambiental.

En febrero del 2015 el proyecto de la central termoeléctrica de ciclo combinado “Los Rulos” ingresa al sistema de evaluación ambiental, amenazando la ciudad de Limache y otras comunas cercanas que pasarían a ser parte de su área de influencia.  Limache y Olmué son comunas con una larga tradición productiva ligada a la pequeña agricultura y al turismo, además de estar emplazadas en la reserva de la Biósfera La Campana-Peñuelas, sin embargo, sin considerar la vocación de desarrollo local y el patrimonio natural en el que conviven miles de ciudadanos del valle de la campana, el Estado de Chile planea convertir a estas apacibles comunas de la provincia del Marga Marga en un nuevo polo de desarrollo energético.  En ése entonces los vecinos de Limache se encontraban organizados en resistencia a la carretera eléctrica LT 2X500Kv Cardones Polpaico, la más extensa jamás construida en el país con las torres de alta tensión más altas de Latinoamérica. En frentes paralelos ambos proyectos, uno de generación, otro de transmisión energética cuentan con el patrocinio y la benevolencia de un Estado que privilegia los intereses de las empresas, por sobre los de la comunidad y su derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. La estrategia de marqueting de la empresa Ic Power no logró posicionar su termoeléctrica entre los vecinos de Limache, esto muy a pesar de las lógicas clientelares que con el respaldo del Alcalde Daniel Morales vinculó a algunas instituciones locales con los “aportes” entregados por la titular de Los Rulos. Esto pudo ser posible gracias a un protocolo de acuerdo firmado por el Municipio de Limache y la empresa con la finalidad de mediar entre aquellas organizaciones que le “solicitaban todo tipo de aportes”. Recientemente la Contraloría decretó que este acuerdo era ilegítimo ya que no es pertinente con el rol que le corresponde al Municipio durante el proceso de participación ciudadana.  El ex Ministro Máximo Pacheco cada vez que defendía la construcción de Cardones Polpaico lo hacía argumentando que su principal objetivo sería servir como vía de transmisión de energía proveniente de fuentes renovables no convencionales, sin embargo, el primer proyecto con intenciones de colgarse de esta red es una termoeléctrica, que no califica ni para los supuestos fines argumentados por Pacheco, ni mucho menos para instalarse en la reserva de la biósfera.  Lejos de mitigar el descontento y la indignación, la ciudadanía se articuló, se organizó, gestionó los apoyos técnicos y presentó consistentes observaciones con el propósito de imposibilitar la aprobación de la termoeléctrica los rulos. Así como lo hizo la ciudadanía, también lo hicieron las reparticiones públicas y las seremías relevantes en la valoración de la termoeléctrica, en particular salud y medio ambiente, quienes apegados al artículo 15 bis de la ley 19300, argumentan que “de no existir información relevante y/ o esencial” que permita una adecuada evaluación del proyecto y por consiguiente entregue garantías a la salud de las comunidades y los ecosistemas, el proyecto debe ser rechazado y retirado del sistema de evaluación no pudiendo ser subsanado mediante aclaraciones, rectificaciones o ampliaciones, no obstante las advertencias de ambas seremías (Salud y medio ambiente) fueron obviadas por el servicio de evaluación ambiental, ente administrativo, NO técnico, que infringiendo la norma, cuestiona las observaciones de los referentes técnicos en materia de salud y medio ambiente, sugiriendo finalmente al comité evaluador que este proyecto debe ser aprobado por cumplir con todas las normativas exigidas. Algunas de las observaciones de la seremi de salud apuntan al consumo de 310 mil litros de agua en una zona con prolongada escasez hídrica, la emisión de material particulado de 2,5 y 10 micras, la modelación inexacta de la dirección de los vientos y la falta de caracterización química del componente de sus emisiones.  Finalmente el día 6 de Febrero del presente años en un acto al que se restringió el libre acceso a la comunidad, el comité evaluador vota unánimemente a favor de aprobar la termoeléctrica Los Rulos, curiosa y tristemente con el voto a favor además de las dos Seremías que en su momento rechazaron el proyecto argumentando que este no tenía opción de ser subsanado. Curiosamente fue la misma seremi de salud la que a pesar de su férrea oposición al proyecto en el momento de votar a favor, sugiere al comité evaluador aprobarlo con condiciones, las que en definitiva son exigir a la empresa un plan de compensaciones de un 10 %  sobre la emisión de 108 toneladas de material particulado y el establecimiento de cinco estaciones de monitoreo en norma, además de limitar el uso de diesel a solo 20 días al año, esto último considerando que la empresa perdió la licitación del gas y en lo inmediato no puede asegurar su suministro. Las organizaciones sociales se han articulado y fortalecido en toda la provincia, presentado reclamaciones ante el SEA y recursos que buscan invalidar la resolución de calificación ambiental que aprobó este proyecto, pero sobre todo han incrementado la movilización social en rechazo a un Estado que sostiene su modelo de desarrollo a costa de nuevas zonas de sacrificio que asumen el lastre del extractivismo voraz instalado en el país como motor de su economía.

Joel González Vega
Activista

Vocero Campaña Libres de Alta Tensión